Las compañías de telefonía instaron varias veces al Ayuntamiento de Badalona a regularizar la situación de las antenas

La cuarta sesión del juicio del 'caso antenas' ha servido para que la deficiente maquinaria administrativa municipal del Ayuntamiento de Badalona —uno de los problemas más graves que atenaza el día a día del funcionamiento de la corporación local— sea mencionada como el obstáculo principal que explica por qué dos antenas de telefonía estuvieron instaladas más de seis años sin licencia en las dependencias de la comisaría de la Guàrdia Urbana de Badalona.

Christian Carneado (PSC), exgerente de la empresa pública Engestur durante el mandato de la alcaldesa Dolors Sabater (2015-2018), ha testificado que todas las partes (las empresas Vodafone y Movistar, por un lado, y el Ayuntamiento de Badalona por el otro) mostraban su interés en regular la situación de las antenas. Sin embargo, tras varias reuniones con las compañías, con la empresa MSR (subcontratada por Engestur) y con las dos personas que pasaron en aquellos años por la concejalía de Vía Pública, no fue posible: "Es uno de esos temas que en la administración cuestan mucho, y la administración local de Badalona es especialmente complicada y aún cuesta más".

Visto el nulo éxito en el proceso de regularización, marcado por la falta de entendimiento entre los departamentos de Vía Pública y de Patrimonio, el mismo Carneado se decidió por "recomendar" la retirada de las antenas: "No se llegaron a firmar los convenios por falta de concreción en la solución final".

El que fuera responsable de ordenación de infraestructuras de Vodafone desde 2018, Carles Esquerra, ha testificado que nada más empezar a trabajar en el puesto fue informado por sus compañeros de la necesidad de regular la situación de las antenas. A petición suya, en mayo de 2018 se reunieron representantes de la compañía y del Ayuntamiento para arrancar el proceso. Sin embargo, al no haber recibido ninguna respuesta por parte del consistorio dos meses después, Esquerra recomendó a la compañía la retirada. Las antenas se desinstalaron en julio de aquel mismo año.

Boicot policial

Otro de los testigos que ha declarado este jueves ha sido el superintendente de la Guàrdia Urbana de Badalona, Conrado Fernández, quien ha explicado que él mismo acabó vetando la entrada de técnicos de las compañías a las dependencias de la comisaría del Turó d'en Caritg. Como ya se mostró en la sesión del miércoles, los agentes de la policía municipal temían que las antenas fueran nocivas (aunque dos informes mostraban que los niveles de emisiones radioeléctricas no superaban lo permitido) y no recibían de buen grado la presencia tanto de las antenas como de los trabajadores de las empresas telefónicas, al punto, según declaró el exitendente policial Antonio Piña, que él mismo prohibió la entrada de combustible al recinto para impedir que el funcionamiento del grupo electrógeno que alimentaba a la estación. Además, cuando posteriormente la compañía empezó a suministrar de energía la estación mediante una conexión directa con una farola del exterior de la comisaría, Piña mandó cortar el cable.

Así, cuando el superintendente Fernández supo que las antenas no disponían de título habilitativo, dio la orden de que hasta que no se clarificara su situación legal, "no entraría nadie". "Desde el aeropuerto del Prat nos llegaron a avisar de que lo que teníamos allí montado [las antenas] estaba interfiriendo en el aterrizaje de aviones", ha declarado. La siguiente ocasión en que los técnicos volvieron a entrar, ha testificado Fernández, fue para retirar las antenas.

El último testigo en declarar en la cuarta sesión del proceso ha sido el exjefe del servicio de Disciplina Urbanística, Ramon Díaz. En su corta declaración, Díaz ha asegurado que nunca recibió ningún requerimiento para informar sobre la irregularidad de las antenas ni para iniciar ningún proceso sancionador. A instancias del abogado de Albiol, Cristóbal Martell, Díaz ha asegurado que el alcalde nunca le pidió que incumpliese sus deberes: "¿En algún momento, teniendo la obligación de hacer —ha preguntado el letrado—, Albiol le dijo 'no hagas'"? A lo que el testigo ha respondido rotundamente que no. De esta manera ha acabado la sesión.

Recta final del proceso

El juicio del 'caso antenas' continuará el próximo lunes con el resto de testificales y, si da tiempo, con el inicio de las declaraciones de los acusados. La Fiscalía pide dos años y diez meses de prisión para el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, además de 10 años de inhabilitación y una multa de 9.500 euros por un presunto delito continuado de prevaricación, desde administrativa hasta urbanística y ambiental. Al exconsejero delegado de Engestur Tomàs Vizcaíno y al exdirector de Urbanismo Xavier Salvà se les pide dos años y 10 meses de prisión, 10 años de inhabilitación y 9.000 euros de multa. Al exconcejal de seguridad de Albiol Miguel Jurado (actualmente concejal del PP en Santa Coloma) la Fiscal le pide un año de inhabilitación. Para el exconcejal de Urbanismo Oriol Lladó y para el exjefe jurídico del área de Urbanismo Josep Duran, un año y medio de prisión, 10 de inhabilitación y 8.100 euros de multa.

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