Tercera sesión juicio 'caso antenas'

La Guàrdia Urbana de Badalona transmitió al Ayuntamiento su preocupación por las emisiones radioeléctricas de las antenas

Los testigos han asegurado que no se reunieron ni con el alcalde Albiol ni con el concejal Lladó para hablar explícitamente de la instalación de la estación eléctrica en la comisaría del Turó d'en Caritg

Los testigos corroboran que las antenas de telefonía de la comisaría de Badalona se instalaron sin licencia ni contrato

Edificio de la Comisaría de la Guardia Urbana en el Turó d'en Caritg de Badalona.

Edificio de la Comisaría de la Guardia Urbana en el Turó d'en Caritg de Badalona.

Gerardo Santos

Gerardo Santos

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Continúa el juicio al alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, el exconcejal de seguridad Miguel Jurado (PP), el exconcejal de Urbanismo Oriol Lladó (ERC), y otros excargos municipales como el director de Urbanismo durante la primera alcaldía de Albiol (2011-2015) Xavier Salvà; el exconsejero delegado de la empresa pública Engestur Tomàs Vizcaíno; y el exjefe jurídico del área de Urbanismo Josep Duran por la instalación presuntamente irregular, en 2012, de dos antenas de telefonía, de Vodafone y de Movistar, en las dependencias del Turó d'en Caritg de la comisaría de la Guàrdia Urbana.

Tras las declaraciones testificales del martes, que coincidieron en señalar que la instalación de las antenas se llevó a cabo sin licencia o permiso algunos, la primera parte de la jornada de este miércoles ha incidido en los mismos términos. Así, los testigos han asegurado que no trataron el tema de la instalación de la estación eléctrica o de la tramitación de los permisos (antes o después de colocar las antenas) ni con el entonces alcalde Albiol (los hechos ocurrieron en 2012, en pleno primer mandato del líder popular) ni con el concejal de Urbanismo del gobierno municipal posterior (2015-2018), Oriol Lladó.

La urgencia por instalar las antenas fue debida, según ha testificado un trabajador de Movistar, a que quedó sin servicio una estación situada en la próxima calle Don Pelayo, lo que creó un "agujero en la cobertura" que dejaba sin servicio a un cuarto de la ciudad y que podía afectar a los servicios de emergencia. Fue entonces cuando la compañía Vodafone se puso en contacto con el Ayuntamiento para buscar un posible emplazamiento para las antenas. Esa primera comunicación la recibió el jefe de tecnologías de la información del Ayuntamiento, que ha asegurado derivó la petición a Engestur y a la concejalía de Urbanismo, es decir: a los acusados Tomàs Vizcaíno y Xavier Salvà.

Sin embargo, la relación entre las empresas instaladoras y el Ayuntamiento se canalizó a través de la empresa de servicios informáticos MSR, subcontratada por Engestur para realizar un inventario de todas las antenas situadas, en suelo público o privado, en la ciudad. En pleno proceso de elaboración de dicho listado, un trabajador de MSR ha testificado que fue requerido por Vizcaíno para que identificase a los técnicos encargados de la instalación (y posteriormente del mantenimiento) de las antenas a la entrada de la comisaría de la policía local, y así asegurarse que pudiesen entrar a las dependencias. Preguntado por la Fiscal, Sánchez ha asegurado que nunca trató el tema de la regularización de las antenas porque sobreentendía que si habían llegado hasta las dependencias de la Guàrdia Urbana, "quería decir que estaba todo correcto".

La de asegurar la entrada de los técnicos a la comisaría no era una tarea simple, ya que de las declaraciones de estas dos primeras sesiones del juicio se entiende que los agentes de la policía local, de manera mayoritaria, se mostraron reacios a la colocación en sus dependencias de las estaciones eléctricas. De hecho, el exintendente de la Guàrdia Urbana, Antonio Piña, ha asegurado en su declaración de este miércoles que él mismo prohibió la entrada de combustible al recinto para impedir que el funcionamiento del grupo electrógeno que alimentaba a las antenas. Es más, cuando posteriormente la compañía empezó a suministrar de energía la estación mediante una conexión con la comisaría, Piña mandó cortar el cable.

De hecho, la preocupación que despertó en el seno del cuerpo policial la existencia de las antenas estuvo referida exclusivamente, según han testificado este miércoles los cuatro agentes de la policía local, a las posibles afectaciones para la salud de las emisiones radioeléctricas y nunca a la supuesta falta de licencias urbanísticas o medioambientales. Solicitaron en diferentes reuniones, han explicado, la retirada de las antenas y, en una de ellas, asistió el alcalde Albiol: "Se trataba de un encuentro para tratar diferentes temas, uno fue las antenas, y el alcalde dijo que se encargaría". Uno de los agentes que ha testificado ha llegado a explicar que notó como el alcalde se sorprendía al conocer la situación de las antenas.

El letrado del alcalde Albiol, Cristóbal Martell, ha mostrado que se encargaron informes para medir las emisiones. El resultado mostró que si bien la radiación estaba por debajo de los límites permitidos por el Ministerio, se trataba de la emisión de ese tipo más grande de Catalunya.

Los agentes también se reunieron, aunque en bastantes más ocasiones, con el entonces concejal de seguridad, Miguel Jurado (actualmente concejal del PP en el Ayuntamiento de Santa Coloma): "Nos decía que las antenas estaban perfectamente colocadas ahí para dar cobertura a toda la ciudad —y ha añadido el testigo—. También dijo que estaban correctamente regladas pero pendientes de contrato, aunque no especificaba qué tipo de regulación era la necesaria".

Suscríbete para seguir leyendo