El gobierno de Colau ha aumentado un 53% la vivienda pública de Barcelona pero aloja un 70% más en pensiones

Una hemorragia no se puede detener con una tirita. Es una frase recurrente en el sector social y que sirve también para explicar el mandato del gobierno municipal de Barcelona en el ámbito de la vulnerabilidad social.

Los datos demuestran el innegable esfuerzo que el gobierno municipal ha puesto para atender a los más desatendidos y para garantizar los derechos más básicos: crece un 50% el parque de vivienda social y el presupuesto en los servicios sociales es de récord. Pero la realidad se empeña, con una pandemia por medio y después la crisis de la inflación, en enquistar la pobreza y expandir las desigualdades. Los desahucios siguen al alza, las listas para acceder a una vivienda son crónicas, han crecido un 70% las pensiones que financia el consistorio a los más desamparados y mil personas siguen durmiendo en la calle de la ciudad. La herida sangra a borbotones.

En los ocho años del Gobierno municipal de Ada Colau, el parque de viviendas públicas del ayuntamiento ha ganado 4.068 pisos, según cuenta en el balance municipal. La cifra queda lejos de los 8.000 prometidos en 2015, o de los 1.500 pisos construidos al año que pronosticaba el pacto de gobierno con el PSC en 2019. En cualquier caso, se pasó de la herencia Trias con 7.500 viviendas, hasta las 11.600 de hoy, y está previsto que a finales de año se rocen las 15.000 viviendas (2.000 están pendientes de obras de rehabilitación que deberían terminar en 2023). Es un aumento del 53% teniendo en cuenta los datos de hoy, y un 86% si las previsiones municipales se cumplen a final de año.

Además, el de Barcelona es el único ayuntamiento de Catalunya con una unidad dedicada a intentar frenar los desahucios, el Servicio de Intervención en situaciones de Pérdida de la Vivienda y Ocupación (SIPHO). Han acompañado a 13.438 familias desde que se creó en 2016, y han parado el 90% de órdenes de desalojo. Por su parte, los servicios sociales han destinado más de 40 millones de euros en 115.000 ayudas económicas para que las familias en situación de emergencia social pudieran pagar por un techo en el cual vivir de forma temporal y totalmente urgente.

Pocas alternativas tras el desahucio

Sin embargo, la rueda de la exclusión va mucho más rápido que la de la maquinaria de la construcción. En este último mandato, más de 5.000 familias han sido desahuciadas de sus viviendas en la capital según el Consejo General del Poder Judicial, que aún no ha publicado los datos de 2022. El 80% estaban de alquiler. A inicios del año había más de 700 familias esperando un piso de alquiler social de emergencia, con unas listas de esperas cronificadas que se alargan a los dos años de media. Una medida a la que siguen sin acceder las personas que viven en chabolas, naves u otros lugares insalubres sin cédula de habitabilidad.

Los comuns insisten en que de cada tres pisos de emergencia que aporta el ayuntamiento, la Generalitat solo aporta uno. Al final, al consistorio no le ha quedado otra que seleccionar los casos más graves: personas enfermas, con menores a su cargo o dependientes, y pagarles una pensión. Un total de 7.115 personas han pasado por estos recursos en estos cuatro años, algunos han estado más de un año en estas condiciones. Han crecido un 50%, aunque si lo comparamos con las cifras de 2016 el incremento es del 70%.

Sin hogar: mil almas siguen en el asfalto

Una situación similar ocurre a las personas que duermen en el raso. Este último mandato se han creado 800 plazas más en albergues para personas sin hogar. Entre ellos proyectos pioneros en España: uno específico para mujeres y otro para personas que consumen alcohol y drogas. En los ocho años de Colau al gobierno se han abierto 1.703 plazas en centros residenciales, destacando el macroperativo durante la pandemia del coronavirus. Sin embargo, más de mil personas siguen viviendo en el asfalto de la ciudad aunque algunas entidades sociales señalan que son más.

En los servicios sociales, el gasto se ha incrementado un 22%, superando los 400 millones al año este 2023. Destacan los 11,62 millones de euros a ayudas extraordinarias para 11.492 familias con niños menores de 16 años, los recursos para la alimentación crecieron en cinco millones después del estallido de la pandemia hasta el 190%, y la entrega de comida, ya fuera a domicilio o en comedores sociales, ha crecido un 25%, superando el millar de comidas entregadas. Pero las colas del hambre de familias desesperadas y desatendidas, picando a las puertas de las parroquias, entidades sociales o redes vecinales no han desaparecido.

Ayudas al cuidado de dependientes

Una de las apuestas más importantes para atajar los problemas de dependencia, soledad y aislamiento de la gente mayor era el modelo de las 'super illas' sociales, que debía replantear todo el sistema de atención a domicilio de los dependientes. Sigue sin expandirse por toda la ciudad, a pesar de estar presente en varios distritos y financiado integramente por el consistorio. El servicio está externalizado y subcontratado, a pesar que los 'comuns' lo querían municipalizar en 2015. También se han extendido las redes de apoyo a los cuidadores y los canguros municipales para ayudar a la conciliación familiar y laboral, especialmente de las familias monoparentales.

Medidas pioneras y salud mental

A lo largo de estos ocho años de Colau, varias medidas sociales impulsadas por Barcelona han generado cierta envidia entre otras instituciones, que se han planteado imitar estos proyectos pioneros. Por ejemplo, los diez Puntos de Asesoramiento Energético repartidos por la ciudad que han evitado 108.590 cortes de suministros en 60.000 hogares, especialmente los últimos dos años, cuando subieron los precios de la energía. Otro, el dentista municipal: el primer servicio odontológico municipal español abierto a toda la ciudadanía con precios hasta un 40% inferiores a los del mercado en la ciudad al ajustarse a los costes.

La apuesta por la salud mental también ha sido caballo de batalla del Gobierno municipal frente al colapso de la red pública de la Generalitat. El consistorio financia con un servicio gratuito para atender el malestar emocional y psicológico, sin cita previa, para que los jóvenes y los adolescentes (adultos en distritos más vulnerables). También fue la primera ciudad en crear un servicio de atención al suicidio, al que contactan familias y afectados de otras comunidades. Además, a diferencia del resto de ciudades españolas, Barcelona cuenta con un centro de emergencias sociales que sirve de amortiguador a todas las desigualdades en la ciudad, a pesar que sus trabajadores insisten en pedir mejoras salariales.