El gobierno de Colau calcula que la Generalitat le 'debe' a Barcelona 1.259 pisos sociales

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto cifras al desequilibrio de pisos aportados a la Mesa de Emergencias de la ciudad y considera que la Generalitat debe 1.259 viviendas al consistorio desde los inicios del primer mandato de Ada Colau, en el 2016. Y no solo eso: si la administración autonómica hubiera cumplido con su deber, ahora mismo "no habría familias en lista de espera", sostiene el ejecutivo municipal.

En Catalunya, el mecanismo que se utiliza para adjudicar una vivienda a las personas o familias vulnerables son las Mesas de Emergencia de cada localidad. Para acceder a ellas, los candidatos tienen que cumplir con una serie de requisitos que acrediten su situación. Una vez dentro, la Generalitat es la principal administración que se encarga teóricamente de dar respuesta a la necesidad urgente de vivienda en todo el territorio.

En el caso concreto de Barcelona, la Mesa de Emergencias está consorciada entre la Generalitat y el ayuntamiento. La primera tiene un peso del 60%, mientras que el ayuntamiento tiene asignado el 40%. No obstante, desde el 2016 hasta abril del 2022, el ayuntamiento ha sido quien ha aportado la mayoría de viviendas a la Mesa: 1.066 en total, es decir, el 75,6%; mientras que la Generalitat solo ha aportado 340 viviendas, el 24,1%. 

Actualmente, la Mesa de Emergencias de Barcelona tiene 649 familias o unidades de convivencia en lista de espera. Esto significaría que, si la Generalitat hubiera aportado viviendas en la misma proporción que el consistorio, es decir, las 1.259 en deuda según el consistorio, a día de hoy "no habría familias en lista de espera y se dispondría de viviendas para dar respuesta a nuevas situaciones de emergencia”, asevera el ayuntamiento en un informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. 

El plan de Colau

El aporte de viviendas a la Mesa de Emergencia por parte del Ayuntamiento de Barcelona se enmarca, asimismo, en un plan que el consistorio lleva a cabo desde el pasado mandato para que la capital catalana disponga de más vivienda de alquiler accesible, con el objetivo de frenar la especulación y afrontar los desahucios. Para ello, ha incrementado la inversión en políticas de vivienda. En el año 2021, el ayuntamiento destinó el 8,4% de su presupuesto a políticas de vivienda, “mientras que la Generalitat ha destinado un 1,2%”, lamenta. 

En este momento, Barcelona está construyendo 2.300 viviendas sociales. Desde el 2015, el ayuntamiento ha comprado “más de 1.200 viviendas" que han comportado un gasto de 130 millones de euros, 119 de los cuales han salido del presupuesto municipal. En concreto durante el último año ha comprado 400 viviendas para incorporarlas al parque público. 

Asimismo, el ayuntamiento se ha dedicado a captar viviendas privadas para destinarlas, también, a alquiler social o asequible. “Hay tres programas con cerca de 1.500 viviendas a precios por debajo del mercado: la Bolsa de alquiler municipal, el Convenio con Habitat 3 y el programa de captación de alojamientos turísticos”, recuerdan. Por otro lado, el Ayuntamiento anunció la semana pasada un acuerdo con la Sareb: “Con este acuerdo se está protegiendo unas 300 familias”, asegura el consistorio.

Además del incremento del parque de vivienda asequible, el gobierno de Colau saca pecho de haber dado más ayudas municipales para facilitar el pago del alquiler, cuyo coste es cada vez más alto en la ciudad. “Desde el 2016 se han destinado más de 46 millones de euros a esta finalidad y se han otorgado más de 13.000 ayudas”, afirma la administración local. Otra acción ha sido “reforzar” la Unidad Antidesahucios que se creó en el 2015: ha pasado de 16 a 43 profesionales y ha recibido una inversión de cinco millones de euros en dos años. “Actualmente, sigue parando cerca del 90% de los desahucios semanales que hay en la ciudad, con una media de entre 50 y 60 por semana”, apunta el balance. 

En vista de estos datos, el Ayuntamiento de Barcelona concluye que está realizando un “sobreesfuerzo” que contrasta con la “insuficiente aportación por parte de la Generalitat de Catalunya”. Todo ello en un contexto en el que el acceso a la vivienda se hace cada vez más complicado por la gran subida de precios, y que en absoluto acompaña a los salarios. Precisamente, este lunes el Observatorio Metropolitano de la Vivienda en Barcelona ha publicado otro informe que muestra que un hogar que ingrese 25.000 euros anuales no puede acceder a la vivienda a precio medio del mercado en la capital catalana. El salario medio de los barceloneses es de 30.593 euros anuales, pero media se reduce hasta los 20.448 euros en los ciudadanos de 24 a 29 años, según los últimos datos disponibles.