La problemática de la vivienda

La cara B de los desahucios: (mal)vivir en una pensión

En cuatro años se han triplicado las personas, incluidos niños y adolescentes, que viven en pensiones pagadas por el Ayuntamiento de Barcelona porque han perdido su vivienda

Los trabajadores de servicios sociales insisten en que estas soluciones afectan negativamente al desarrollo físico, mental y académico de los menores

Familia vulnerable

Familia vulnerable / Manu Mitru

Elisenda Colell

Elisenda Colell

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Es la hora de comer en la habitación de una pensión de los afueras de Barcelona. Una familia recalienta un pollo rebozado con patatas fritas en un microondas. El hogar está formado por una madre, sus dos hijas (una de ellas adolescente) y su nieto de tres añitos. Viven en menos de 10 metros cuadrados, con dos camas y un armario. "Llevamos así cuatro meses, pero hay personas que están más de un año", explica la abuela, que además, tiene problemas de espalda. Como ellos, cada mes cerca de 2.000 personas viven en pensiones de Barcelona pagadas por el ayuntamiento. "Es mejor que estar en la calle o en una chabola", asumen muchos resignados. Los trabajadores sociales lamentan tener que darles esta solución. El consistorio admite que no es la respuesta digna que necesitan sus vecinos más vulnerables, especialmente los niños, pero achaca el problema al escaso parque de vivienda social, competencia de la Generalitat. Mientras tanto, desde hace dos años que diversas filiales del Grupo Barceló facturan decenas de millones de euros buscando techos para los más vulnerables.

Un pequeño armario que resulta insuficiente. Dos camas de matrimonio donde duermen, y viven, una abuela, dos hijas y un nieto. Una mesita de noche con comida almacenada, una pequeña nevera abarrotada, un par de sillas y su equipaje minuciosamente ordenado por el suelo. "La ropa de invierno nos la guardan los servicios sociales, esperemos que no haga falta". Esto es todo lo que cabe, y lo que no, en la vivienda temporal y de urgencia en la que pudo entrar EL PERIÓDICO en las afueras de Barcelona. El baño está en el pasillo común, y cocina no hay. "Es la segunda pensión en la que estamos, antes nos mandaron en otra pero estaba todo sucio y hacía un olor muy desagradable. La mampara del baño estaba rota y la cama tenía unos manchurrones asquerosos", explica la abuela. La familia pide anonimato, quieren contar la situación en la que viven, pero están aterrorizados que, por denunciarlo, el consistorio les eche a la calle.

Están así desde que les desahuciaron de un piso de 400 euros al mes. Dejaron de pagar porque se terminaron los trabajos y los ahorros. "El niño apenas es consciente. La que lo pasa peor es la niña... tiene 15 años", cuenta la abuela. "En septiembre vuelve al instituto... quiere tener su habitación, una mesa y un ordenador para hacer deberes.. solo hace que preguntarme ¿Cuándo nos vamos?", prosigue. Comen en un restaurante cercano, donde van a recoger la comida y la cena con un tíquet. "Pasta, rebozado, frituras... y poco más". Este es el menú. "Saludable poco, pero al menos podemos comer".

En el barrio Gòtic, poco antes de las 11 de la mañana, José Luis Sosa sale escaldado con una maleta de la pensión Sant Domènec. El recibidor es precioso, pero su interior no tanto. "El techo se me caía encima, estaba lleno de cucarachas, el ventilador no se podía encender de la porquería que había y la comida... no se podía tragar", relata el hombre de 64 años, que en noviembre empezó a vivir en las calles de Barcelona por impago del alquiler de su piso en la Barceloneta. Le acompaña una trabajadora social, que acredita que José Luis no puede vivir entre tanta suciedad. "No es el perfil, él es enfermo crónico", señala. Y le traslada hasta otra pensión en el Raval donde tiene ducha compartida y una pequeña habitación individual bien aseada.

Familia vulnerable

Jose Luis Sosa, en la nueva pensión donde vive en Barcelona. El hombre, que tienen una enfermedad pulmonar crónica, lleva nueve meses viviendo en la calle de Barcelona tras ser desahuciado en la Barceloneta. / Manu Mitru

Con cucarachas

José Luis nació en Uruguay pero lleva más de 30 años viviendo en la capital catalana. Su último empleo, en el que estuvo más de 10 años, era limpiando los cristales del CAP Manso. Un día se desmayó, y terminó en el Clínic. Tenía los pulmones inundados de agua y una enfermedad crónica que le obligó a dejar de trabajar. A raíz de esto, cobró una pensión hasta que su permiso de residencia caducó. "Y a la vez, en el piso me subieron el alquiler a 970 euros... así que dejé de pagar y me desahuciaron", explica el hombre. Desde noviembre del 2020 ha estado viviendo, y durmiendo, en el parque de la Ciudadela o en los bancos cercanos al Hospital del Mar. Allí una noche de junio unos jóvenes le encendieron unos cuantos petardos a gritos de 'mátalo'. "A nadie le deseo estar en la calle. Intento no acordarme pero es inevitable", explica. "¿A caso no merecemos vivir?", insiste.

También está Alfonso, un octogenario a quien la vida en el asfalto le ha robado las ganas de vivir, ni de contar. O Christian, un joven camarero de 35 que la pandemia le dejó sin nada y ahora vuelve al trabajo, pero sigue en la pensión porque lo que cobra no le da para mucho. O Antonio, un diabético de 67 años que dejó de vivir en el aparcamiento del aeropuerto en marzo cuando tuvieron que cortarle cuatro dedos del pie y contrajo glaucoma. "Voy al bar este a recoger la comida, ¿pero te piensas que te dan verdura al vapor, sin sal? Seguro que empeoro", dice.

Familia vulnerable

Alfonso Álvarez, en la pensión donde se aloja. / Manu Mitru

Mohamed, reposa en una habitación con dos literas y tres hombres más y, a pocos metros, vive una niña de cuatro años con su madre en una pequeña cama de matrimonio. "He estado diez años viviendo en una nave de la avenida Meridiana", cuenta. O Rosa, una madrileña que comparte cama son su hijo con discapacidad y mayor de edad. O Nzane Elias, un chico marroquí que, al caer de la patera, sufrió un ictus por ahogamiento y apenas puede andar. Todos en sus minúsculas habitaciones. "La verdad es que todo el mundo que esta aquí esta esperando... para ir a un lugar mejor", resume Antonio.

Las secuelas: obesidad y mala salud mental

Como ellos, cada mes 1.810 personas de media viven en pensiones financiadas por el Ayuntamiento de Barcelona según los datos del 2020. Es casi el triple, si se compara con los 698 de 2017. "Es decepcionante tenerlos que trasladar a pensiones, sobre todo para las familias con niños: comen en malas condiciones, comida recalentada y poco saludable, no tienen habitación propia, tienen que vivir con sus padres, no tienen espacio para hacer los deberes y sin internet... y lo peor es que se alejan de su barrio, de sus amigos o su escuela. Durante el Mobile los mandan hasta a ciudades de la corona metropolitana como Sabadell", explica una educadora social del Raval que pide anonimato. "Estamos viendo problemas de obesidad, y sobre todo de mala salud mental", añade. Son muchos los trabajadores sociales que reniegan de esta solución, incluso se han llegado a manifestar en el Ayuntamiento, aupados por los sindicatos CCOO, UGT y CGT.

Familia vulnerable

Nzinae Elias, un joven magrebí de 34 años que, tras ahogarse en el mar mientras viajaba en la patera, sufrió un derrame cerebral y tiene graves problemas de mobilidad. Ahora vive en una pensión de Barcelona. / Manu Mitru

Las pensiones las usan los servicios sociales cuando hay un desahucio, pero también los profesionales que atienden personas 'sintecho', víctimas de violencia machista y sus hijos o refugiados y migrantes que se encuentran sin nada. Y la pensión, en realidad, es prácticamente la única solución que pueden ofrecer. "No nos gusta, pero es la respuesta más efectiva i práctica que tenemos para evitar que las familias se queden en la calle. Debería bastar con cuatro días, pero como la Generalitat no hace vivienda social hay familias que han estado más de un año en estas condiciones", admite la concejala de Derechos Sociales de Barcelona, Laura Pérez.

24 millones de euros en 2020

El dinero que invierte Barcelona en esta cuestión es importante. En 2017 eran 6,7 millones de euros. En 2020 fueron 23,9. Cuatro veces más. "Por el confinamiento, tuvimos que pagar más servicios. Por ejemplo la comida, ya que los comedores sociales estaban cerrados", cuenta Pérez. "¿No sería mejor, con este dineral, ayudarles a pagar un piso, o ni que fura una habitación compartida en un lugar que fuera más o menos suyo?", se preguntan muchos trabajadores sociales en Barcelona. Pérez responde que no es posible, que ya les gustaría, pero que según la ley catalana de los servicios sociales los municipios solo pueden dar ayudas puntuales una o dos veces para el pago de alquiler.

¿Y quién se lleva este dinero? En 2017 era la empresa turística Snow Travel la que ganó el contrato público para encargarse de buscar alojamientos para los vulnerables. En julio de 2018 fue Avoris Retail Division y BCD Travel, ambas filiales del Grupo Barceló. Ellos pagan a las pensiones y se llevan una comisión por servicios extra, como la comida o la lavandería, del 10%. Algunos trabajadores sospechan que estas empresas están haciendo negocio con los más vulnerables. Pero el consistorio lo niega, y asume que las empresas turísticas son las que pueden ofrecer alojamientos de una forma más rápida en casos de tal urgencia. Sin embargo, Pérez reconoce que hay cosas que no van bien. "Sabemos que hay pensiones que están en malas condiciones, y en el próximo contrato, que tenemos que licitar este año, incluiremos inspecciones y multas si es necesario", promete Pérez.

Suscríbete para seguir leyendo