Los testigos corroboran que las antenas de telefonía de la comisaría de Badalona se instalaron sin licencia ni contrato

Con media hora de retraso ha comenzado este martes en la Audiencia de Barcelona la segunda sesión del juicio del 'caso antenas', en el que se sientan en el banquillo de los acusados por presunta prevaricación y malversación el alcalde Albiol y otros exaltos cargos del consistorio badalonés como el exconcejal de seguridad Miguel Jurado (PP) o el exconcejal de Urbanismo Oriol Lladó (ERC). El motivo, la instalación en 2012 y permanencia durante seis años más de dos antenas de telefonía móvil, presuntamente sin permisos ni licencias urbanísticas o ambientales, en las dependencias de la comisaría de la Guardia Urbana de Badalona, situada en el Turó d'en Caritg.

Si bien la primera sesión del juicio sirvió para que el tribunal accediese a la petición de las defensas de que los acusados declarasen al final del proceso, en esta segunda jornada han comenzado las declaraciones de los testigos. La primera de las diez personas que han respondido a las preguntas de la Fiscal y los letrados ha sido la que fuera responsable del departamento de ordenación de infraestructuras de Vodafone en 2012, que ha asegurado no recordar si se habían tramitado los permisos y licencias necesarios para la colocación de las antenas, aunque según lo declarado por otra trabajadora de la compañía posteriormente, suya era la responsabilidad de tramitar las legalizaciones de las antenas con las administraciones locales.

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Además, el primer testigo de la jornada ha sostenido no haber tenido nunca contacto con Albiol, pero sí una relación "habitual" con uno de los acusados, el director de Urbanismo durante la primera alcaldía de Albiol (2011-2015) Xavier Salvà. Con él, de quién ha dicho ser la "persona de referencia" para ella dentro del ayuntamiento, se reunía cada trimestre para revisar los emplazamientos de las estaciones base, es decir, de las antenas de telefonía.

La Fiscal le ha mostrado un correo electrónico enviado el 12 de julio de 2012 al director de tecnologías de la información del Ayuntamiento de Badalona, que la testigo no recordaba, en que la declarante y el trabajador municipal tratan sobre la necesidad de una instalación portátil de telefonía en el turó d'en Caritg para solucionar problemas urgentes de cobertura en la zona. Así, el director de tecnologías le puso en contacto con otro de los acusados, el entonces consejero delegado de la empresa pública Engestur Tomàs Vizcaíno; sin embargo, la testigo no recordaba a ninguno de los dos.

Apenas ocho días después, el 20 de julio, se instaló la primera antena en la comisaría de la Guardia Urbana de Badalona. La testigo no ha recordado si en esos ocho días se recibió el permiso del ayuntamiento para la instalación provisional, aunque ella misma ha explicado que los permisos y licencias para una estación base definitiva suelen tardar varios meses: "Nadie del ayuntamiento me dio el permiso, tampoco de manera verbal, aunque se pueden dar ocasiones en que la antena se puede colocar por necesidad de urgencia sin permiso o licencia previa". Para ejemplificarlo, ha citado el caso de las riadas "en Paiporta, en que se daba un servicio de interés general". La fiscal ha demandado a la testigo si cree que ambas situaciones son comparables.

Por su parte, los testigos pertenecientes al cuerpo de Mossos d'Esquadra, que se encargaron de la investigación tras la denuncia que interpuso el sindicato de la Guardia Urbana de Badalona por las supuestas irregularidades en la instalación de las antenas, han corroborado lo explicado por los trabajadores de la compañía telefónica y de las empresas facilitadoras de servicios a esta. Así, el agente 11250, responsable de la investigación policial, ha asegurado que ni en el Ayuntamiento ni en Engestur, la policía catalana pudo encontrar "licencia, concesión, contrato o documento alguno" de la instalación de las antenas, así como rastro alguno del abono de tasas municipales por la colocación de la estación base de telefonía.

El segundo testigo, un trabajador de Arcatel, empresa contratada por Vodafone para la instalación de equipos de telecomunicación, ha explicado que toda su relación con el 'caso antenas' se remite a su relación con Miguel Ángel Sánchez, trabajador de la empresa informática MSR, subcontratada por Engestur, y que, según ha narrado el testigo, "hablaba en representación del Ayuntamiento de Badalona". Su tarea se basó, ha explicado el declarante, en procurar regularizar la situación de la antena de Vodafone instalada en julio de 2012 en el turó d'en Caritg: "Se había instalado de manera provisional y era necesario realizar un convenio y regularizarlo".

Finalmente, tal convenio no se firmó, pese a estar intentándolo durante meses. El testigo ha asegurado que Sánchez le propuso que "la perceptora de los ingresos por la instalación de las antenas fuera Engestur" y que él le pidió los documentos que mostrasen que tal cosa era posible, ya que "no era lo habitual": "Lo normal era firmar directamente a través del secretario municipal, no con una empresa pública —y ha zanjado el testigo—. Eso creo que fue lo que imposibilitó que llegara a buen puerto".

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