Madrid, agujero negro fiscal

Hace ya demasiado que el nacionalismo catalán se apeó voluntariamente de la tradición del catalanismo político como impulsor de reformas modernizadoras y contrapeso de las políticas centralistas en España. Ese papel tan necesario como vacante ha sido asumido paulatinamente por la coalición que gobierna la Comunitat Valenciana desde 2015 , con un presidente, Ximo Puig, que ha hecho bandera de la denuncia del ‘procés’ invisible de Madrid bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso y de la espiral de absorción de recursos y centros de poder desde la capital.

En las últimas semanas se ha desencadenado una polémica a partir de las declaraciones del presidente valenciano, en unos desayunos informativos, en las que desarrolló de nuevo sus argumentos contra la competencia desleal que ejerce la Comunidad de Madrid frente al resto de territorios «gracias a las ventajas de la capitalidad, que concentra actividades públicas y privadas», combinadas con una política impositiva más laxa que multiplica este efecto centrípeto hasta el punto de poder hablar de «dúmping fiscal». Allí también apeló a la necesidad de encontrar mecanismos de armonización fiscal entre las distintas comunidades autónomas que garantizasen «compartir con todos» los recursos acumulados en Madrid y la «mayor productividad generada por el apoyo público». Puig reclamó sin ambages una «contraprestación» sin que acabase de aclarar –tampoco de descartar– si este esfuerzo fiscal debía plasmarse en un impuesto específico que gravase a Madrid.

El apoyo expresado por el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, llevó la polémica a una nueva dimensión, en la que el PP ha desempolvado todos los argumentos del agravio territorial hasta un punto que daría la razón a Puig en su paralelismo entre el rumbo político del ayusismo y el ‘procés’. Después de que Escrivá reconociese que «hay que seguir explorando» la propuesta de Puig porque «tiene mucho recorrido», las alarmas se encendieron desde el ministerio de Hacienda. En función de cómo se interpreten las sucesivas declaraciones de ambos, la ministra María Jesús Montero desautorizó tajantemente a Puig y Escrivá al sentenciar que el Gobierno no apoyaba un impuesto específico para las grandes fortunas en Madrid, o simplemente matizó un equívoco al plantear que el debate solo reza de armonizar las políticas fiscales de las diferentes comunidades.

El PP parece convencido de que la mayor parte de España no es sensible a los argumentos contra la macrocefalia madrileña (y que por supuesto, no hacen más que reforzar aún más su posición en la capital). Un planteamiento que inquieta también en el seno del Gobierno aunque desde posiciones periféricas se espere lo contrario. Pero más allá de cálculos políticos, la denuncia de Puig es fundamentada. Y más que justificada la necesidad de que un nuevo modelo haga contribuir a las rentas más altas en proporción a su riqueza sin que paraísos fiscales internos distorsionen una fiscalidad que debe ser progresiva y suficiente para soportar las políticas públicas (algo que debería ser evidente cuando incluso en el escenario internacional se está avanzando hacia la armonización fiscal). Si no a través de un impuesto específico para Madrid, sí por la vía de un modelo impositivo que incluya a Madrid y que compense de forma solidaria el cada vez más insostenible efecto de capitalidad. Porque como ha apuntado el presidente valenciano, «los regalos fiscales siempre acaba pagándolos alguien», y los otorgados por los sucesivos gobiernos de derechas en Madrid los pagamos todos.