El Gobierno apuesta por la armonización fiscal, pero descarta un impuesto para Madrid

Las palabras de Ximo Puig a mediados de julio han tenido un efecto en diferido en la actualidad política veraniega. El ‘president’ de la Comunitat Valenciana afirmó el día 21 que es necesario diseñar un impuesto específico para las rentas altas de Madrid, un asunto que se le planteó este jueves al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que dio a entender que había que estudiar esa propuesta. Sin embargo, según fuentes de Hacienda, se le malinterpretó y lo que Escrivá respaldó es la necesidad de armonizar fiscalmente las políticas de las diferentes comunidades autónomas, para impedir la competencia desleal, algo de lo que el Ejecutivo acusa a la Comunidad de Madrid. La región que preside Isabel Díaz Ayuso ha suprimido prácticamente los impuestos de sucesiones y donaciones y se beneficia, además, según del llamado ‘efecto capitalidad’, por acoger en su territorio a grandes empresas, los empleos mejor retribuidos y el grueso de los funcionarios del Estado.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, salió este viernes a frenar la polémica. "Este Gobierno nunca va a hacer una política que enfrente a los territorios (...) Buscamos siempre el diálogo y el consenso, la capacidad de ponernos de acuerdo entre todos para que no se produzcan ni comparaciones ni agravios. Esa propuesta no está en la agenda del Gobierno ni lo va a estar nunca. El PP permanentemente juega al victimismo y está haciendo ruido y buscando polémicas donde no hay nada", se quejó Montero. Los conservadores habían acusado la víspera a la Moncloa de "madrileñofobia". La ministra añadió también que le parecería "contraproducente" que un Ejecutivo diseñara un impuesto de manera expresa para una comunidad. Puig puede tomar nota de que su idea no ha calado.

La OCDE señaló en mayo que la región madrileña es un “paraíso fiscal” dentro de España

El objetivo de la reforma fiscal que la ministra espera poner en marcha en 2022 y los cambios que se puedan introducir en el modelo de financiación autonómica (caducado desde 2014) sí que perseguirán la armonización fiscal, para “avanzar internamente con la misma filosofía que se está aplicando a nivel internacional y que supone evitar la competencia entre territorios”, señalan fuentes de su departamento. 

En los planes de Hacienda está reducir las diferencias entre los tributos autonómicos (sucesiones, donaciones, impuesto de transmisiones patrimoniales e impuesto de patrimonio), una voluntad que el PSOE lleva años defendiendo aunque todavía no la ha puesto en práctica. Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, afirmó en noviembre que había acordado con el Ejecutivo en hacerlo ya y que ese compromiso había facilitado que su grupo republicano diera el apoyo a los Presupuestos de este año. 

La idea de armonizar el mapa tributario escuece al PP y en concreto a Madrid, cuyas presidentas siempre han hecho gala de tener los impuestos más reducidos. Fuentes de la Moncloa señalan que, si la Comunidad lo ha podido hacer en las últimas décadas, en detrimento de otras regiones, es porque se beneficia del llamado ‘efecto capitalidad’. Según datos del Govern valenciano, Madrid acoge 150.574 empleados del sector público estatal, casi un tercio del total, y funciona “como aspiradora de los grandes patrimonios de otras comunidades”. La visión del Ejecutivo central y de los dirigentes socialistas coincide con la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que llegó a decir en mayo que Madrid es un “paraíso fiscal” dentro de España.

Puerta del Sol

Desde hace dos años, los observadores de redes sociales y opinión pública del Gobierno de Madrid reúnen y prestan atención a artículos, tuits, intervenciones en tertulias y declaraciones públicas sobre los conceptos “armonización fiscal”, “dumping” o “efecto capitalidad”, comenta un veterano miembro de esa red de ojos y oídos del PP madrileño.

En el Ejecutivo de la Puerta del Sol adquirieron la impresión demoscópica de que entre la opinión pública del resto del país –excepto en Catalunya- no hay incomodidad ni sensación de privilegio de Madrid por su prevalencia en el Estado. “Y menos en Euskadi, territorio de fiscalidad propia donde nadie pone en cuestión la política fiscal madrileña”, subraya esta fuente.

Hasta ahora, comenta, han detectado más frecuentemente la acusación de dumping que las ideas sobre capitalidad. Contra ambas han construido argumentos el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, y el de Justicia, Enrique López, dos ideólogos principales del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que ya han interpretado ante sus equipos en otras ocasiones la acusación a Madrid de dumping fiscal como un “rolling gag”, o argumento recurrente, que aparece y desaparece.

Contra él han levantado en la Puerta del Sol el argumento de las cargas que Madrid soporta por ser capital, y el de su liderazgo en las aportaciones al fondo de solidaridad.

Rechazo de los populares

La dirección nacional del PP ha reaccionado a los comentarios del ministro Escrivá sobre la propuesta del presidente valenciano, Ximo Puig, sobre un impuesto de capitalidad, advirtiendo de un coste electoral para los socialistas: “La madrileñofobia de Sánchez ya la costó a toda la izquierda, y en especial al PSOE, un serio disgusto en las urnas el pasado 4 de mayo en la Comunidad de Madrid que se repetirá cuando se convoquen elecciones generales”,  ha recogido Europa Press en la sede de Génova.

Desde Ferrol ha opinado también el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo.  “Tengo dudas de la constitucionalidad de esa decisión”, ha dicho a EFE tras mostrarse “sorprendido” por la propuesta. A Feijoo, desde el punto de vista de la “oportunidad”, le parece “una evidente equivocación”, ya que supondría una “discriminación negativa” por el hecho de vivir en una Comunidad.

Pero el rechazo no es solo de la derecha. Mientras el gobierno madrileño guarda silencio, el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha terciado en el debate en una entrevista en Onda Cero, sosteniendo que "todos los españoles debemos ser iguales ante el fisco". Rechazando una tasa de capitalidad, ha añadido: "No digo que le pongan un impuesto distinto a Madrid, de capitalidad, pero que Madrid tampoco pueda hacer impuestos distintos a los que tenemos en Cantabria".

De parecida opinión han sido fuentes del Gobierno de Aragón, que a Europa Press se han mostrado contrarias a  "imponer tasas específicas a ninguna comunidad autónoma, sea la que sea".

Desde otra administración socialista, la extremeña, ha opinado también en contra este viernes en la cadena SER la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales. “Los impuestos los pagan los ciudadanos, con independencia de dónde vivan”, ha dicho para reseñar que hay que “pensar qué modelo fiscal queremos que sea más equitativo, más justo, más solidario”, y que “lo demás son ocurrencias, es confrontación, y Extremadura no está en ese debate”.

En la misma emisora, el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha considerado que “"El problema es que cuando el Gobierno habla de armonización fiscal lo que quiere es subir impuestos y nosotros claramente estamos en contra porque retrasa la recuperación económica”.