El Estado y la posverdad

"Hechos y no palabras", fue el lema de José Montilla. Pero en la política postmoderna, exacerbada por internet y las redes, lo que cuenta son las palabras y los gestos. El relato y sus interpretaciones, en definitiva. Lo sabe bien, entre muchos otros, Donald Trump, que confía ciegamente en el poder performativo de sus palabras, esto es, en su capacidad para torcer los hechos, la realidad. Forma esto parte de lo que se ha venido en llamar posverdad.

En los últimos días, además del ridículo bochornoso del Tribunal Supremo en relación al impuesto sobre las hipotecas, hemos recibido la noticia de que a Tamara Carrasco y Adrià Carrasco ya no se les investigará por terrorismo, rebelión y sedición. Como se recordará, los dos miembros de los CDR (Comités de Defensa de la República) fueron acusados en abril por haber participado en una manifestación que cortó la autopista A-2. El juez decidió dejar en libertad a Tamara pero le prohibió salir su localidad, Viladecans. Adrià huyó a Bélgica.

Cuando Tamara fue detenida, interrogada y trasladada a Madrid, así como cuando se registró su domicilio -donde solo se encontró un pito y una careta con el rostro de Jordi Cuixart- los medios de comunicación pudieron retransmitirlo prácticamente en directo. El relato españolista insistió en el enfoque que asimila las protestas catalanas -Catalunya se hallaba entonces sometida al 155- con la 'kale borroka' y a los CDR con "comandos" delincuenciales y peligrosos. El nacionalismo español siempre intenta aplicar su plantilla vasca a la situación catalana. La simbiosis entre la justicia española, las fuerzas policiales, el gobierno de Mariano Rajoy y los principales medios de comunicación madrileños fue absoluta. Unos centraban los balones y los otros remataban para así ir entre todos engordando la mentira.

Al individuo que soñaba con acabar con Pedro SánchezPedro Sánchez lo detuvieron los Mossos d’Esquadra en septiembre. De 63 años, era tirador y acumulaba un auténtico arsenal en casa. Nada se supo hasta la semana pasada, lo que prueba que, cuando se quiere, las filtraciones son evitables. Los diarios de Madrid pasaron de puntillas sobre el asunto. Por su parte, Pablo Casado y Albert Rivera, principales responsables de la crispación que envenena la política española y catalana, siguieron con sus cosas. Al tipo no lo acusarán de terrorismo, un asunto jurídicamente complejo en el que ahora no voy a entrar, pero que contrasta con la escandalosa frivolidad con la que sí se hizo con los miembros de los CDR. La detención del peligroso franquista y anticatalanista no encaja en el relato españolista de buenos y malos. Igual ocurre cada vez que alguna panda de fachas agrede a alguien o destrozan lo que sea.

Mientras tanto, el PSOE y el PP se reparten del Consejo General del Poder Judicial. Casado, empecinado en seguir engendrando tensión, ha situado al frente del Supremo y de la cúpula del poder judicial ni más ni menos que al Manuel Marchena, hasta ahora jefe y guía del incalificable Pablo Llarena, a cambio del que la izquierda tenga mayoría en el CGPJ.