El pacto para designar a Marchena ahonda el descrédito del poder judicial

El denominado bipartidismo imperfecto ha demostrado una vez más que, aunque pierda fuelle, sigue funcionando a la perfección cuando el interés por hornear acuerdos es mutuo y es sustantivo. Ni la cacareada ruptura de relaciones entre PSOE y PP;PSOEPP ni la delicada reputación del Tribunal Supremo tras el vaivén del impuesto de las hipotecas; ni la amenaza de una huelga de jueces que piden a los políticos que dejen de intercambiar cromos en la cúpula judicial ha impedido a las dos grandes fuerzas políticas pactar como en los viejos tiempos quién debe ser el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo. 

Manuel Marchena Manuel Marchenaocupará ese cargo en sustitución de Carlos Lesmes a partir de diciembre, cuando se renueva el órgano de poder de los jueces. Su nombre no genera polémica. Es un perfil de reputación conservadora y solvente. Nadie pone en duda sus méritos y capacidades, pero el hecho de que su designación se diese a conocer este lunes antes de que se nombrara siquiera a los los veinte vocales que deben elegirlo causó este lunes una honda indignación en la cúpula judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial y la Constitución establecen que deben ser esos vocales los que elijan al presidente.

"Mala imagen"

Esta es la primera vez que el nombre de éste se hace público sin guardar apariencias de legalidad. Si bien es cierto que en nombramientos anteriores PP y PSOE pactaron igualmente el presidente del CGPJ (necesitan mayoría de tres quintos, no pueden renovar el órgano si no se ponen de acuerdo), lo cierto es que hasta ahora habían guardado ciertas formas y no se daba a conocer hasta que los vocales se reunían o estaban a punto de hacerlo. Las tres principales organizaciones de jueces y magistrados criticaron la "mala imagen" de la Justicia que da el acuerdo entre Gobierno y PP, que no dudan de la profesionalidad de Marchena pero sí lamentan el reparto de cromos entre partidos vulnerando un mandato constitucional.

El malestar va en aumento. El próximo lunes todas las asociaciones de jueces y fiscales tienen convocada una huelga en la exigen más recursos y que se cambie el sistema de elección de los vocales para que los partidos no impongan sus cuotas.  Aunque la ley está en proceso de reforma, el ministerio de Justicia ya les ha confirmado que no esperen esa modificación, aunque, asegura el Gobierno, mantiene el compromiso de recuperar la dedicación exclusiva de los vocales.

También Ciudadanos criticó el "pasteleo" de PSOE y PP en la renovción de la cúpula judicial.

Probable retraso del 'procés'

La designación de Marchena al frente del CGPJ implica que debe dejar de presidir la sala Penal del Supremo, que juzgará a los responsables del ‘procés’. Dado que el calendario para que el juicio comience en enero ya era muy ajustado, el relevo abre la puerta a un posible retraso que desde el Gobierno estiman que podría ser de algunas semanas. Fuentes del Ejecutivo sugieren que difícilmente se podrán mantener las fechas previstas.

El pacto ha sido pilotado durante semanas por la ministra de Justicia, Dolores Delgado y su antecesor, Rafael Catalá. Este lunes por la tarde Pedro Sánchez recibió en la Moncloa Pablo Iglesias, como socio prioritario, para informarle del acuerdo. 

La Moncloa no oculta su satisfacción por un pacto con el que consigue sus tres objetivos primordiales. Un CGPJ paritario, con expertos en derecho laboral y, sobre todo, con especialistas en violencia de género, un drama al que el PSOE es especialmente sensible después de las manifestaciones feministas y de sentencias tan controvertidas como las de La Manada.

Fuentes conocedoras de las negociaciones confirman a EL PERIÓDICO que José María Fernández Seijó, que adquirió notoriedad con las conocidad cláusulas suelo entrará como vocal del CGPJ. Es el primero del turno judicial. De juristas entrarán Carmen Sáez Lara, catedrática de Derecho del Trabajo; Luis Martín Contreras, letrado de Adminstración de Justicia en el Tribunal Supremo tras dejar la Audiencia Nacional; José Ricardo de Prada, quien quedó fuera del turno de juez por no estar en servicio activo; Pilar Fernández Pérez y Bernardo Fernandez Pérez, que fuera consejero de Presidencia de Asturias con el PSOE.