Sant Cugat avala la anexión de Bellaterra en un nuevo informe solicitado por Cerdanyola del Vallès

El Gobierno municipal de Sant Cugat ha dado luz verde al proceso de anexión al municipio de Bellaterra, actualmente una Entidad Municipal Descentralizada (EMD). Así lo ha hecho público el consistorio vallesano este 7 de enero, que ha recordado que, inicialmente, " el Ayuntamiento de Cerdanyola no atendió la petición de la Comisión Bellaterra-Sant Cugat para abrir el expediente", pero este organismo logró una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en junio del 2024 que obligaba al Ayuntamiento de Cerdanyola a tramitar el expediente

El pasado 7 de noviembre, para completar la documentación del expediente, el Ayuntamiento de Cerdanyola pidió un informe al Ayuntamiento de Sant Cugat para que se posicionara al respecto. Este informe es el aprobado hoy por la Junta de Gobierno Local de Sant Cugat.

El informe considera "viable" el proceso emprendido por la Comisión Bellaterra-Sant Cugat, si bien pide a esta entidad que en el marco de la tramitación del expediente se posicione sobre la voluntad o no de agregar Bellaterra a Sant Cugat con la estructura de la EMD plenamente operativa.

El informe explicita que la EMD de Bellaterra fue creada por un acuerdo del pleno municipal de Cerdanyola del Vallès y que, por tanto, no corresponde al Ayuntamiento de Sant Cugat asumir los acuerdos plenarios de otros consistorios. En el supuesto de que el expediente abierto finalizara con la agregación de Bellaterra a Sant Cugat, se considera que correspondería al Ayuntamiento de Sant Cugat decidir su autoorganización. En consecuencia, correspondería al pleno municipal de Sant Cugat decidir cómo se integra territorialmente Bellaterra en Sant Cugat, librándose de cualquier obligación de mantener una estructura administrativa que fue creada por otro ayuntamiento a través de un acuerdo de pleno.

La Junta de Gobierno Local ve viable la petición de la Comisión Bellaterra-Sant Cugat para que se cumplen los requisitos legales preceptivos. Por lo que respecta a las consideraciones geográficas, la ley determina que el municipio receptor debe tener más población que la parte agregada, en este caso Bellaterra. Este precepto se cumple plenamente porque Sant Cugat tiene mucha más población que Bellaterra.

Continuidad urbana

La ley también determina que debe existir una continuidad urbana entre el municipio receptor y la parte agregada. En este caso, Bellaterra y Sant Cugat tienen espacios urbanos comunes. Además lo que determina la ley es que debe existir una unidad urbana real y funcional que no necesariamente debe ser con calles compartidas. La relación del vecindario de Bellaterra con el espacio urbano de Sant Cugat es obvia y queda contrastada por los datos, por ejemplo, del transporte público de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Por lo que respecta a las consideraciones de carácter económico, la ley determina que el municipio receptor debe ser capaz de asumir los costes derivados de la agregación. Al respecto, el Ayuntamiento de Sant Cugat no dispone de datos de Cerdanyola para saber exactamente el gasto que supone mantener los servicios obligatorios en Bellaterra, si bien el Ayuntamiento de Sant Cugat entiende que está en disposición de asumirlos. Sant Cugat tiene más población, más presupuesto y mayor potencial económico que Cerdanyola. El informe aprobado se enviará al Ayuntamiento de Cerdanyola, tal y como había solicitado este consistorio.

Tras la aprobación del informe, el teniente de alcalde de Drets, Dinamització de Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, y teniente de Alcaldía de Relaciones Institucionales, Bon Govern y Ciudad Digital, Jordi Puigneró, han comparecido ante los medios de comunicación. Puigneró ha afirmado que “la política del Gobierno municipal en esta cuestión siempre ha sido la de respetar la voluntad de los vecinos de Bellaterra, que han impulsado este proceso al que nosotros hemos dado respuesta desde la normativa jurídica existente actualmente”.

Por su parte, Bernat Picornell ha dicho que el informe "responde técnicamente a las cuestiones planteadas sin entrar en el fondo político. Más adelante, a medida que el proceso administrativo avance, podremos resolver las dudas que tenemos sobre la concreción de los costes de los servicios en Bellaterra u otros y hacer una valoración más política".