Las 4 condiciones del PSC para los presupuestos de 2024

Era el viernes por la tarde cuando el líder del PSC, Salvador Illa, entraba discretamente por la puerta del Palau de la Generalitat. Dos días antes, una comitiva de su partido habían retomado los contactos con el Govern para abordar los presupuestos y los discursos desafinaban: los socialistas aseguraban haberse centrado en el balance de lo pendiente de 2023, mientras que desde el Executiu daban por inauguradas las negociaciones para 2024. Así que el president Pere Aragonès y el jefe de la oposición optaron por afrontar cara a cara la situación y, por lo menos, sintonizar los discursos.

El pacto fue "intensificar" unas conversaciones para unas cuentas que se cruzan con el apoyo que el PSOE necesita de ERC para aprobar también las del Estado. El tablero empieza a moverse desde el momento en el que el PSC ha desvelado el esqueleto de las condiciones para reeditar su apoyo, si bien mantiene que no habrá nuevo acuerdo si no se cumple con el anterior. Unas exigencias que, a un año de las elecciones catalanas, se centran esta vez en carpetas como la educación, la vivienda y la seguridad, y no en las infraestructuras, que marcaron el anterior pacto y del que hay episodios importantes aún pendiente de culminar.

Un 10% más en educación

Illa ya dejó caer en la entrevista institucional en TV3 hace un mes que el PSC reclamaría más inversión en educación. Ahora ha concretado que su petición será que se destine un 10% más de recursos respecto a los que se presupuestaron el año pasado, mientras que el Govern prevé que este incremento ronde el 9%. Los socialistas sitúan la crisis educativa al mismo nivel que la del agua y achacan los pésimos resultados de Catalunya en el informe PISA a que los sucesivos gobiernos independentistas "no han estado por lo que tenían que estar". Si en el caso de la sequía los socialistas han diseñado una mesa para fiscalizar la gestión del Executiu, en el caso de la educación Illa ha empezado esta semana a visitar escuelas para conversar con la comunidad docente.

10.000 viviendas públicas más

Si durante el año 2023 el Govern impulsó 10.000 viviendas de alquiler social que deberían estar disponibles en 2026 a través de la promoción directa, cesión de suelo público a promotores para pisos protegidos o la compra de obra construida vacía, el PSC pide para 2024 que el parque público aumente en 10.000 más. Los socialistas quieren poner el foco en que no solo el Gobierno tiene potestad para hacer frente al gran problema de acceso a la vivienda, sino que también la Generalitat, que lleva meses apresando a la Moncloa a hacer efectivo el tope de los alquileres fijado por ley, debe arremangarse. Esta es también una de las carpetas que priorizan los Comuns, que acusan a Aragonès de no haber cumplido con todo lo que se pactó en esta materia en las anteriores cuentas.

Nuevas medidas en seguridad

El PSC también ha levantado la voz, como lo han hecho ERC y los Comuns, contra la asociación que ha hecho Junts entre inmigración y multirreincidencia. "Corre el riesgo de dejarse marcar la agenda por la extrema derecha catalana", ha espetado después de que Jordi Turull haya defendido el traspaso de la competencia en inmigración para que una de las potestades que tenga la Generalitat sea la expulsión de las personas migradas multirreincidentes. Sin embargo, ya hace tiempo que el partido de Salvador Illa cultiva el discurso de la seguridad y del orden y que marca de cerca y de forma muy crítica las actuaciones del conseller de Interior, Joan Ignasi Elena. Para la negociación presupuestaria, los socialistas exigen 10 nuevas medidas que aún no han concretado.

Garantías de cumplimiento de 2023

Pese a haber apuntado ya tres de los pilares sobre los que buscará que gire sus demandas económicas de este año, el jefe de la oposición insiste en que mientras no tenga garantías de cumplimiento de los compromisos pendientes de 2023, habrá diálogo, pero no negociación. Especial hincapié hace en los tres pactos sobre infraestructuras que arrancaron los socialistas: el convenio de la B-40 entre Sabadell y Terrassa, la comisión de estudio sobre el aeropuerto del Prat y el plan urbanístico del Hard Rock. Las dos primeras están encauzadas, mientras la tercera continúa en el aire y es un auténtico anatema para los Comuns, que ya han advertido al president que no apoyarán las cuentas si este proyecto no cae de su agenda, justo lo contrario de lo que exige el PSC.

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