Ábalos tendrá que volver a cambiar de abogado: su defensa renuncia a representarle en el Supremo por motivos económicos

El exministro José Luis Ábalos comenzará el año teniendo que buscar un nuevo abogado, después de que el despacho que le representaba desde el pasado mes de octubre -cuando 'rompió' con su primer letrado, José Aníbal Álvarez- haya presentado un escrito a última hora de la mañana de este miércoles en el Tribunal Supremo en el que renuncia a su representación. La situación es delicada para el que también fuera secretario de Organización del PSOE, pues el alto tribunal ya ha abierto juicio oral contra él por la pieza principal del caso Koldo, la relativa a la compra de mascarillas por organismos dependientes de Transportes, y la vista se empezará a celebrar en los próximos meses.

El escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, está firmado por el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, quien señala que la decisión del bufete Chabaneix Abogados ha sido comunicado en persona al propio Ábalos en el centro penitenciario de Soto del Real, en el que ingresó el pasado 27 de noviembre, tras prestar declaración por última vez ante el juez instructor Leopoldo Puente. Como es habitual en estos casos, también ha renunciado el procurador que representaba al exministro ante el alto tribunal desde que su defensa era ejercida por este despacho de abogados.

Breve despedida

La comunicación al exministro, que ha sido aportada al Supremo por el bufete, es breve: "Estimado José Luis: Por la presente te comunico mi renuncia a seguir ejerciendo tu defensa, rogando designes nuevo letrado". Con el fin de no generar indefensión", el despacho ha pedido al alto tribunal que se paralicen los plazos procesales pendientes.

La citación más próxima está fijada para el próximo día 15, que es cuando se ha señalado la vista en la que la sala de Apelación del Supremo revisará el ingreso en prisión del exministro y de quien era su asesor Koldo García. Fue la propia defensa de Ábalos la que solicitó en su recurso que, en vez de una deliberación a puerta cerrada, se celebrara una vista para poder defender de viva voz los argumentos con los que niega que exista motivo alguno que justifique su encarcelamiento.

El despacho Chabaneix Abogados, que asumió su defensa después de que las discrepancias surgidas con su anterior abogado hicieran inviable que continuara representándole, ha comunicado al alto tribunal que "ha renunciado a la defensa del señor José Luis Ábalos debido a discrepancias contractuales que imposibilitan la continuidad de la relación profesional". Fuentes de esta parte señalan a este diario que los motivos son de carácter económico, ya que el exministro no habría cumplido con los pagos acordados para sufragar su defensa.

El letrado añade en su escrito ante el Supremo una alusión a los artículos 1 y 2 del Estatuto General de la Abogacía Española, que señalan que los letrados tienen "plena libertad para aceptar o rechazar la dirección de cualquier asunto que le sea encomendado" y pueden "cesar en su intervención profesional cuando surjan discrepancias con su cliente". Este último precepto agrega que deberá plantear ese cese "cuando concurran circunstancias que afecten a su independencia y libertad en la defensa o al deber de secreto profesional".

Última actuación

La renuncia ha coincidido con la presentación por parte del despacho del escrito de defensa del exministro en la parte principal del caso, la relativa a la venta de mascarillas durante la pandemia. La argumentación del letrado Carlos Bautista pasa por pedir la libre absolución de Ábalos, al negar la existencia de cualquier delito. "Sin delito no hay pena ni responsabilidad civil", señala el escrito, de 72 páginas.

Una conclusión muy alejada de la alcanzada por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares personadas en el procedimiento. El ministerio público solicita 24 años de cárcel para el exministro y 19 años y medio para su exasesor Koldo García, además de multas por algo más de 3,9 millones de euros a cada uno de ellos por los delitos de tráfico de influencias, cohecho, pertenencia a organización criminal, uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos en relación con los contratos millonarios que se adjudicaron a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama de la que el intermediario Víctor de Aldama era comisionista. Las acusaciones populares elevan su petición de prisión a 30 años tanto para el diputado ya suspendido como para el que era su hombre para todo.

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