Los 6 retos de la política catalana en el primer trimestre de 2024: sequía, presupuestos, amnistía...

Los buenos propósitos y compromisos son un clásico de todo inicio de año. Se trata de, con el pretexto de estrenar calendario, fijarse objetivos de mejora. O, por lo menos, de proyectar expectativas a futuro. La política también se enrola en esta dinámica y lo hace, además, acumulando retos a corto plazo. Prueba de ello es cómo las carpetas se amontonan ya en el primer trimestre del año, plazo en el que se ha circunscrito la resolución de asuntos de calado para Catalunya. Desde la ley de amnistía a los presupuestos, de la gestión de la crisis del agua y la educativa a la definición del modelo de financiación y la reactivación de la mesa de diálogo. Para todos ellos se ha fijado una frontera temporal que expira el 31 de marzo.

Tres meses para la propuesta de financiación "singular"

El president Pere Aragonès se ha propuesto, y así lo ha reclamado también a Pedro Sánchez, que este 2024 sea el año en el que se cierre un nuevo modelo de financiación para Catalunya, que pretende que sea "singular" y negociado de forma bilateral. El presidente del Gobierno ha recogido el guante y está dispuesto a abrir el melón, aunque los socialistas rechazan que eso suponga una salida del régimen común. El Estatuto, apuntan, marca los límites de lo que se puede acordar. Sin embargo, Aragonès se arremanga, cuando falta un año para agotar la legislatura, para intentar una fórmula que permita a la Generalitat recaudar todos los impuestos y ha dado tres meses a su consellera de Economía, Natàlia Mas, para preparar una propuesta que pondrá sobre la mesa de la Moncloa.

Reactivación de la mesa de diálogo

Entre los acuerdos que Sánchez y Aragonès sellaron en la reunión en Barcelona del pasado 21 de diciembre está la reactivación de la mesa de diálogo en este primer trimestre de año. El president ya ha advertido que este espacio de interlocución fue concebido para abordar la resolución del conflicto político y, por lo tanto, para debatir sobre un referéndum y no sobre cuestiones económicas o de gestión. El PSOE insiste, por activa y por pasiva, que no aceptará una votación que considera que es un instrumento de "división". Sin embargo, el Govern no da su brazo a torcer. Aragonès reclama que, tras la amnistía, se abra "una segunda fase de negociación" y tiene pendiente convocar a los partidos catalanes para tratar su propuesta de acuerdo de claridad, que no recaba mayoría en el Parlament.

La aprobación de la amnistía

Aunque se haya ampliado el plazo de enmiendas, la previsión es que el Congreso apruebe la ley de amnistía entre finales de enero y principios de febrero. Después la norma pasará al Senado, donde el PP, que goza de mayoría absoluta, vetará la norma y retrasarán su tramitación, por lo que la aprobación definitiva en la Cámara baja no se producirá hasta finales de abril o principios de mayo, a un mes de las elecciones europeas. Hasta entonces, cuando la ley quedará ya en manos de la aplicación que hagan los tribunales, el destino de Sánchez y el de los independentistas estará unido por difícil que sea la aritmética que sostiene la legislatura. Después, habrá que ver si la pretendida exoneración de las causas del 'procés' tiene los efectos buscados -y en qué plazo- sobre los afectados y el rol electoral que puedan asumir.

Presupuestos cruzados

Sánchez necesita los votos de ERC para aprobar los presupuestos generales y Aragonès los del PSC para que prosperen los de la Generalitat. Esa dependencia mutua marcará la negociación económica que se encarará en el inicio del año y que se prevé que culmine en primavera. El president tiene asuntos pendientes a saldar con Salvador Illa para poder reeditar esa alianza. El primero que se resolverá, en cuestión de días, es la firma del convenio de la B-40 entre Sabadell y Terrassa, que está a punto de caramelo tras la modificación legislativa aprobada por Moncloa. Pero también está pendiente la creación de la comisión de estudio sobre el futuro del aeropuerto del Prat y el plan director del macrocomplejo de ocio Hard Rock, a expensas del informe medioambiental.

La emergencia por la sequía y la cumbre educativa

Si contra pronóstico no empieza a llover a cántaros, la previsión del Govern es declarar la fase de emergencia por sequía este mismo mes de enero, hecho que supondrá escalar las restricciones que en estos momentos están ya vigentes. No es la única crisis que tiene el Executiu candente entre manos, ya que también se ha comprometido a sofocar el incendio educativo que han supuesto los malos resultados de Catalunya en el informe PISA tomando medidas para el próximo curso. En la cumbre de partidos del pasado 19 de diciembre se pactó la creación de una comisión para diseñar, ya desde principios de año, las mejoras que hay que aplicar a corto plazo, pero también a medio y a largo. La crisis de la vivienda es también galopante y una de las iniciativas del Govern vía decreto ha sido regular los pisos turísticos. Sin embargo, para convalidar la norma que les pone coto, ha tenido que pactar con el PSC que sea cada municipio quien fije la ratio, una relajación de las pretensiones iniciales que tiene que aprobarse en el Parlament antes del 31 de marzo.

¿Un cuarto espacio independentista promovido por la ANC?

La ANC se ha dado tres meses para decidir si promueve una cuarta candidatura independentista a las elecciones catalanas, que está por si se celebrarán a finales de 2024 o si Aragonès apurará hasta febrero de 2025. La entidad independentista está organizando una votación de sus socios para convalidar el impulso de la llamada "lista cívica", que ha tomado alas tras la decisión tanto de ERC como de Junts de investir a Pedro Sánchez y situarse en una tesitura negociadora con la Moncloa. Ya se aúpan nombres partidarios de la vía unilateral, como el de la exconsellera de Junts Clara Ponsatí o el del exlíder de Podem Albano Dante-Fachín, así como el del exdiputado posconvergente Josep Costa. Esta decisión no será inocua para las expectativas de los tres partidos independentistas.

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