Para las obras

El Gobierno desencalla la B-40 y hará un "desembolso anticipado" a la Generalitat dentro de los Presupuestos

El PSC acusa a Aragonès de utilizar la financiación como "excusa" y de abonar "planteamientos divisivos"

Estas son las principales medidas de escudo social acordadas por el Gobierno

Comparativa de los 3 discursos navideños de Aragonès: así ha afianzado su relación con Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en la reunión de la semana pasada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en la reunión de la semana pasada / DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Gobierno ha aprobado ya la modificación legislativa de la ley de carreteras que desencallará la firma del convenio de la B-40 entre Sabadell y Terrassa con la Generalitat, un compromiso clave para que pueda reeditarse para 2024 la alianza presupuestaria entre el Govern y el PSC. El Consejo de Ministros dio luz verde el miércoles, como avanzó EL PERIÓDICO, a la fórmula que permitirá que la obra se ejecute como encomienda de gestión y establece que podrá efectuarse el "desembolso anticipado" de las aportaciones a la Generalitat por vía de los Presupuestos Generales del Estado. La firma del convenio entre ambas partes se prevé para los "próximos días".

Así pues, según lo aprobado, la Generalitat podrá "licitar, contratar, efectuar el seguimiento y supervisar" las obras de la B-40 y de la B-23, así como "llevar a cabo las expropiaciones necesarias" para ejecutarlas, mientras que el Estado tendrá potestad para aprobar los estudios y proyectos. Se trata de una habilitación específica para facilitar una vía similar a la que se hizo con las actuaciones en la AP2 y la AP7 pactadas también vía Presupuestos.

¿Cuántos carriles?

Este es el penúltimo paso entre ambas administraciones para desbloquear una firma que Pere Aragonès y Salvador Illa pactaron que se debía haber producido antes del pasado 31 de marzo, pero que se ha ido demorando por escollos políticos relacionados con las contiendas electorales de este año, por cuestiones técnicas de calado y también por la financiación.

El pasado mes de julio se pactó ya un protocolo y quedó claro que los aproximadamente 200 millones de la obra provendrán de fondos presupuestarios -y no de la disposición adicional tercera como inicialmente planteó el Gobierno- sujetos, eso sí, al trazado final. Pero el punto de fricción que no se ha resuelto y que todavía está en el aire es cuántos carriles tendrá finalmente la llamada Ronda Nord.

El texto aprobado por el Gobierno recoge que las actuaciones permitirán "dar continuidad" al corredor ya construido en Terrassa, por lo que los socialistas entienden que el nuevo tramo debe de tener cuatro carriles y ser una vía de alta capacidad. Por contra, el Govern niega que esto deba ser así y se ha opuesto siempre a este modelo para una infraestructura rechazada por ERC a escala territorial y que fue la cesión que tuvo que hacer Aragonès para lograr el sí del PSC a los presupuestos de 2023.

La negociación de 2024

La portavoz de los socialistas catalanes, Alícia Romero, ha celebrado que, tras la modificación legislativa, el convenio pueda firmarse en "los próximos días" a petición de la Generalitat, por lo que sitúa ahora la pelota sobre el tejado del Govern porque, ha asegurado, el redactado está ya hecho. También ha advertido de que este proyecto, así como el del Hard Rock, pendiente de un informe medioambiental para aprobar el plan urbanístico, son "muy importantes" para que se abra la negociación de las cuentas de 2024. Justo lo contrario de lo que plantean los Comuns, que reclaman al president que abandone los macroproyectos si quieren su beneplácito a las cuentas.

Desde de la Generalitat también se ha seguido con lupa la norma aprobada ayer por el Consejo de Ministros que tiene que desencallar las obras. El Govern defiende que ha quedado demostrado que el retraso sobre la B-40 era imputable al Gobierno -y no a la Generalitat- por no haber hecho la modificación legal necesaria. Fuentes del ejecutivo catalán sostienen que, ahora sí, ja se está en disposición de firmar el convenio. Eso sí, aclaran que aún no tienen ninguna propuesta del Ministerio de Transportes y que, una vez la tengan, deberán negociarla. Si llegaran a un acuerdo, el último paso es que deberá ser ratificado por el Consejo de Ministros y por el Consell Executiu.

Suscríbete para seguir leyendo