PSC y Comuns ponen al Govern entre la espada y la pared por el Hard Rock

Para unos, es condición 'sine qua non' para negociar los presupuestos de 2024. Para los otros, línea roja que impediría su apoyo. El PSC y los Comuns, socios del Govern en los presupuestos de 2023, ponen al president Pere Aragonès entre la espada y la pared a cuenta del macrocomplejo de ocio del Hard Rock. Mientras que el grupo de Salvador Illa exige que se apruebe el plan director urbanístico antes de que se acabe el año, el de Jéssica Albiach advierte de que este proyecto debe quedar descartado, especialmente en un contexto de grave sequía. Por ahora, en la Generalitat mantienen el suspense y supeditan el veredicto final al informe medioambiental que ultima el departamento de Acció Climàtica.

PSC y Comuns ponen en duda la continuidad del Govern si Aragonès no logra nuevos presupuestos

"Si no se cumplen las condiciones, no se podrá hacer", dijo esta semana el conseller David Mascort. Unas declaraciones que hicieron saltar las alarmas en los socialistas, mientras que entre los Comuns se abrió la expectativa de que aún es posible tumbarlo. Para el PSC, que ese informe detecte déficits no se debe traducir directamente en que el Hard Rock no se haga, sino que entiende que es obligación del Govern garantizar que se solventen para que siga adelante. En el acuerdo presupuestario sellado para este año, el Govern se comprometió a aprobar durante el primer semestre del año el plan director, cosa que, por ahora, no ha sucedido. De ahí que los socialistas presionen para tener "garantías" de que se cumplirá con lo firmado si se quiere una nueva alianza para las cuentas de 2024. De hecho, este mismo viernes, Illa ha avisado al Govern de que no apoyará unos nuevos presupuestos sin la garantía de que se cumplirá el pacto actual: "A mí no me engañan dos veces", ha dicho en una entrevista a Efe.

Una suma imposible sin el PSC o Junts

Sin embargo, En Comú Podem reclama todo lo contrario y eleva el tono ante una infraestructura que, en palabras de Albiach en una entrevista en ACN, fomenta "la ludopatía y el blanqueo de capitales", la "presencia de mafias" y un consumo de agua equivalente al de una ciudad de 30.000 habitantes en plena sequía. "Aragonès debe decir que no al mayor casino de Europa en el Camp de Tarragona", sentencia. Para los Comuns, Junts y PSC -ambos favorables al macrocomplejo- defienden un modelo de país "que está más a la derecha que Pedro Sánchez". La paradoja es que, pese a esa consideración, aritméticamente no es posible aprobar unas nuevas cuentas si uno de esos dos partidos -socialistas y posconvergentes- no dan su 'sí'.

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No es la única reivindicación antagónica que hacen el PSC y los Comuns, ya que ambos mantienen una discrepancia irreconciliable sobre la necesidad de ampliar el aeropuerto de Barcelona y la construcción de la Ronda Nord -la B-40- entre Sabadell y Terrassa. Los socialistas sostienen que el convenio de este trazado de carretera estará aprobado antes de que suenen las doce campanadas y emplazan al Govern a designar ya sus representantes de la comisión técnica para abordar el debate sobre El Prat. Para el partido de Ada Colau, no obstante, la condición es que "no se destine ni un euro" a esos proyectos, argumento que permitió salvar el acuerdo de 2023 al considerar que lo pactado entre ERC y el PSC en materia de infraestructuras era "eufemístico" y no incluía partidas presupuestarias.

La suma más probable

Los tres macroproyectos también son un anatema para la CUP, que esta vez sí que se ha mostrado dispuesta a negociar y ha presentado una propuesta de "mínimos" sobre la mesa. Y, en el otro extremo, está Junts, que como el PSC defiende estas infraestructuras y que, por ahora, juega la partida de la ronda de contactos pese a que sigue a la greña con ERC. Ante este escenario, ¿qué hará el Govern de Pere Aragonès?. El punto de partida es negociar con los cuatro partidos, pero en el Palau de la Generalitat saben que la balanza de la negociación es probable que acabe decantándose hacia los socialistas y los Comuns. La razón es simple: todas las partes tienen un incentivo para llegar a un acuerdo. Si el PSC y los Comuns no apoyan las cuentas catalanas, ERC no apoyará las estatales y viceversa. Esta posibilidad de un veto cruzado es, ahora mismo, el principal motor que puede mover las cosas.

Lo que sí que ha logrado por ahora Aragonès es que tanto PSC y Comuns como Junts vean con buenos ojos la rebaja del IRPF a las rendas inferiores a los 33.000 euros, una medida que figura en la ley de acompañamiento de los presupuestos. Este es, ahora mismo, un posible punto de partida.

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