Transportes ultima un cambio en la Ley de Carreteras para desbloquear la Ronda Nord

El ministerio de Transportes ultima una modificación de la Ley de Carreteras que debe desbloquear el convenio sobre la Ronda Nord, un nuevo tramo de poco más de seis kilómetros de vía que conectará Terrassa, Sabadell y Castellar del Vallès, siguiendo la trayectoria de la B-40.

Se trata de una infraestructura que el Govern, de ERC, accedió a llevar a cabo en el marco de la negociación para los presupuestos catalanes de 2023 con el PSC y cuyo cumplimiento este partido ha fijado como condición indispensable para comenzar a negociar las cuentas de 2024.

Según diversas fuentes consultadas por EFE, el ministerio ha asumido que la vía para desbloquear esta cuestión es una modificación legislativa.

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Esto debe "permitir que se pueda aplicar la fórmula de encomienda de gestión para que la Generalitat se encargue de construir la Ronda Nord", confirman fuentes de Transportes, que añaden: "Tras este ajuste, que se realizará mediante Real Decreto Ley, se podrá tramitar el convenio".

Desde el Gobierno central evitan fijarse plazos, si bien otras fuentes auguran que esta modificación legislativa se producirá en las próximas semanas.

El obstáculo que frena el convenio

El pacto político sobre esta futura ronda en el Vallès ya se selló el pasado 7 de julio, tras meses de negociaciones: en aquel momento se firmó un protocolo (un documento de intenciones políticas) que debe traducirse en convenio (que da lugar a la tramitación administrativa).

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Ese protocolo fijaba un máximo de cuatro meses para la firma del convenio, un plazo ya superado. Ello se suma a que el pacto entre ERC y PSC señalaba que el convenio debía cerrarse durante el primer trimestre del año, con lo que el retraso en la cuestión es considerable.

La obra se acometerá mediante encomienda de gestión, es decir, el Gobierno central financiará las obras y la administración catalana se encargará de ejecutarlas.

Ahí ha radicado la principal dificultad, ya que el equipo jurídico del ministerio ha considerado que la encomienda de gestión puede aplicarse en obras ferroviarias, pero no viarias.

Así, la modificación de la Ley de Carreteras debe asegurar la legalidad de esta fórmula en el caso de la Ronda Nord.

De hecho, se hizo ya algo parecido en la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 para poder ejecutar actuaciones en la AP2 y AP7 y en el Eje Pirenaico (la N-260), otros dos protocolos que todavía deben traducirse a convenios.

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Condición del PSC para negociar cuentas

Que se firme este convenio es una de las exigencias de los socialistas catalanes para comenzar a hablar sobre las cuentas de 2024.

"Si no, se nos hace imposible iniciar una negociación para 2024. Estamos en tiempo de descuento", ha advertido esta semana la portavoz del PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero.

La otra exigencia del PSC es que se den pasos para posibilitar la instalación del macroproyecto de ocio de Hard Rock Entertainment entre Vila-Seca y Salou (Tarragona).

El futuro de este proyecto depende de un informe ambiental que debe emitir el departamento de Acción Climática y que el conseller David Mascort ha asegurado, en una entrevista con EFE, que estará listo "en las próximas semanas", por lo que se espera antes de final de año o bien en enero.

Cuando esté completado, el informe se remitirá al departamento de Territorio, que es el que tramita el Plan Director Urbanístico (PDU) que debe regular los terrenos en los que se ubicaría esta iniciativa privada. El Govern se había comprometido a aprobar de forma definitiva este PDU antes de que acabara el primer semestre de este 2023.

Otro tema en el que insiste el PSC es la mesa técnica que debe abordar cómo el Aeropuerto de Barcelona-El Prat puede "ganar capacidad", según el literal de ese acuerdo.

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Seis kilómetros de vía que vienen de lejos

Tras años en barbecho, la propuesta de Ronda Nord fue recogida en el Plan Específico de Movilidad del Vallès (PEMV), aprobado en 2021 por el Govern, entonces conformado por Junts y ERC.

Con el PEMV como base, Territorio, en aquel momento en manos de Junts, alcanzó en febrero de 2022 un principio de acuerdo con el ministerio, según diversas fuentes implicadas en las negociaciones consultadas por EFE: resultó clave una reunión en Madrid entre la administración central y autonómica en la que también participaron los alcaldes de Terrassa, Sabadell y Castellar del Vallès.

El principio de acuerdo debía ratificarse en junio de 2022, pero las cosas se torcieron: el Govern plantó a la ministra Raquel Sánchez -que acudió a Sabadell a anunciar el pacto- en protesta por la baja ejecución en infraestructuras en Cataluña, dado que acababa de publicarse un informe al respecto.

La competencia partidista, sin embargo, también fue clave para impedir el acuerdo: un relevante sector de Junts temía las consecuencias de hacerse una foto con el Gobierno en ese contexto, mientras que ERC hacía evidente su histórico rechazo -pese a estar incluido en el PEMV-.

Paradójicamente, el proyecto volvió sobre la mesa del Govern con ERC al mando del ejecutivo en solitario y con el exalcalde de Sabadell Juli Fernàndez, que siempre se había opuesto a esta nueva infraestructura, al frente del Departamento de Territorio.

Si bien el proyecto todavía debe redactarse, se estima que esta ronda tendrá un coste de entre 200 y 300 millones de euros.

En cuanto al trazado, desde el ministerio se ha dado por hecho que se soterrará parte de esta vía a la altura de la calle de las Palmeras, de Sabadell, una cuestión en la que ha incidido especialmente la alcaldesa de esa localidad, la socialista Marta Farrés, si bien ello no queda explicitado en el convenio.

Este nuevo tramo de carretera se financiará con recursos incluidos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y no mediante la disposición adicional tercera, como proponía inicialmente Transportes.

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