El Govern ampliará los beneficiarios de la ayuda al alquiler e incrementa la deducción de 300 a 500 euros

La Generalitat quiere ampliar con los próximos presupuestos públicos el total de beneficiarios que tienen derecho a deducirse el alquiler: si hasta ahora el límite de renda para poder hacerlo es de 20.000 euros, el Govern quiere hacer extensiva esta ayuda hasta las rendas de hasta 30.000 euros. Es una medida que se recoge en la ley de acompañamiento de las cuentas de la Generalitat para el 2024, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Además, según ha avanzado 'Nació Digital', esta ley también se prevé incrementar el importe máximo de la deducción pasando de los 300 a los 500 euros. Las medidas solo entrarán en vigor si el ejecutivo de Pere Aragonès consigue los apoyos para sacar adelante los presupuestos, algo que por ahora no tiene garantizado.

Estas dos medidas, según explican desde el Palau de la Generalitat, tendrían carácter generalista aunque están pensadas sobre todo para beneficiar a colectivos vulnerables como son los jóvenes, parados, familias monoparentales, familias numerosas y viudos y viudas. Estas ayudas al alquiler se sumarían a la otra gran medida de las cuentas en materia fiscal que ha transcendido hasta ahora: la rebaja del tipo mínimo del tramo autonómico del IRPF del 10,5% al 9,5%, lo que se calcula que podría beneficiar a 2,6 millones de contribuyentes.

Víctimas de violencia machista

La ley de acompañamiento incluye otras novedades impositivas, en este caso, para las víctimas de violencia machista. Por ejemplo, se reduce la carga fiscal de los cambios de domicilios o las herencias. Así, el Gobierno quiere aprobar una deducción del IRPF para el alquiler habitual por parte de las víctimas del 20% hasta 1.000 euros anuales. El porcentaje y el importe se elevarían al 25% y a los 1.200 euros si, además, la víctima tiene una discapacidad igual o superior al 65%. 

También en materia fiscal quiere implementar la reducción del 95% del impuesto de sucesiones y donaciones por la donación de una vivienda habitual a los descendientes de las víctimas o también por la donación del dinero para adquirirla. La rebaja tendrá un límite máximo de 100.000 euros o de 200.000 si la persona tiene discapacidad del 65% o más. Además, se contempla una bonificación del 99% de la cuota tributaria para descendientes y ascendientes consanguíneos en las adquisiciones de patrimonio de víctimas mortales de esta violencia.

Cánon del agua

La ley también prevé cambios en el cánon del agua. A grandes rasgos, el Govern penalizará los consumos excesivos, las pérdidas en el suministro o el uso de agua potable por parte de las administraciones cuando sea posible emplear agua reutilizada. También verán aumentar su factura los pisos vacíos o las segundas residencias donde no haya consumo. Fuentes del ejecutivo explican que la medida busca "castigar" la especulación y a los que gastan agua de forma "lujosa". 

El Govern fijaba hasta ahora un mínimo de facturación a todos los consumidores. A partir de ahora, quiere poner cuatro cuotas fijas por tramos de consumo. Será de un 1 euro al mes para los consumidores que estén dentro del primer tramo -los que menos consumen-, de 2 euros para el segundo, de 3 para el tercero y de 4 para el cuarto tramo -los que más gastan-. Además, todos aquellos que tengan un consumo nulo estarán en el último tramo. Es decir, viviendas vacías o segundas residencias. Con esta modificación, los que consuman menos se verán beneficiados, mientras que recibirán una penalización los que tengan propiedades desocupadas. Y, como en el caso del alquiler, se amplía el colectivo que podrá acogerse a la tarifa social del cánon del agua.

Por otro lado, se elimina la bonificación a las grandes fincas domésticas que regaban sus jardines con agua de sus propios pozos, se duplica el gravamen a las empresas suministradoras por las pérdidas en el proceso de distribución del agua y, además, las administraciones que hasta ahora podían regar sus parques o calles de forma gratuita, solo lo podrán seguir haciendo si es agua no potable. De lo contrario, tendrán que pagar.

Sin apoyos

La ley de acompañamiento es una norma clave porque allí se recogen las principales novedades fiscales del siguiente curso. Con las ayudas sobre el alquiler que se han conocido este jueves, la estrategia de la Generalitat es clara: defender ante los ciudadanos que se trata de medidas sociales de calado que, si la oposición no apoya, no llegarán a ver la luz. Es, por tanto, una forma de ejercer presión para lograr los apoyos necesarios.

Son unos apoyos que, hasta ahora, el Govern no tiene, ya que la negociación con los grupos del Parlament está en una fase muy preliminar. El PSC y los Comuns han avisado de que venderán caros sus votos y que, además, tienen peticiones muy distintas y difíciles de encajar. Los socialistas fijan como prioridades acelerar cuestiones como el complejo de ocio Hard Rock, la carretera B-40 y la ampliación del aeropuerto, temas que disgustan a los Comuns.

Si se complicara el apoyo de estos dos partidos, el president Pere Aragonès tampoco tendrá más fácil conseguir los votos si mira hacia los escaños independentistas. Con Junts aún no se ha reunido y lo hará después del puente de la Constitución, mientras que la CUP sí se ha ofrecido a negociar, pero los anticapitalistas no son unos aliados tradicionales para tener cuentas. Desde que irrumpieron en el Parlament en 2012 solo han dado sus votos para las del 2017, que incluían como contrapartida el referéndum del 1-O.