Expropiaciones indebidas de viviendas vacías

Catalunya se prepara para dar la primera dentellada a la propiedad privada en el ámbito inmobiliario, con la expropiación de cinco viviendas vacías propiedad de grandes tenedores situadas en Valls i Cornellà. La medida se esperaba desde hace meses, después de que en verano el Govern redujera de diez a cinco el número de pisos que convierte a un propietario en gran tenedor.

El Departament de Territori da por probada la utilización anómala de las cinco viviendas, porque llevan más de dos años desocupadas e incumplen así la función social de la propiedad en zonas donde existe una alta demanda de vivienda. Quiere quedárselas y cederlas a familias vulnerables. 

Esta primera expropiación, que busca aumentar el parque público de viviendas de alquiler social, ha sido un proceso poco transparente que se anunció en vísperas de las elecciones del 12M. Falta saber cómo han llegado los inmuebles a sus propietarios -si por una herencia o por una oportunidad de inversión, por ejemplo-. También, en qué estado se encuentran y por qué están vacíos y desocupados, algo que, en principio, no es del agrado de ningún propietario. La inseguridad jurídica, los límites a los precios y las obligaciones burocráticas a las que han de hacer frente seguro que tienen algún peso en la retirada del mercado de alquiler.

En este contexto, cabe recordar que es la Administración quien tiene la responsabilidad última de crear vivienda social. En todo caso existen otras vías para que los grandes tenedores vendan sus inmuebles al Govern o que firmen acuerdos de colaboración con la Administración para su puesta en el mercado con rentas más bajas. La aprobación de nuevos incentivos fiscales ayudaría en esta dirección.

Cualquiera de estas fórmulas siempre será mejor que una medida tan coercitiva como la expropiación forzosa, que al final puede reducir la oferta disponible y perjudicar así al colectivo al que se quiere favorecer.

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