Catalunya amplía hasta 271 los municipios con áreas tensionadas para limitar el alquiler

La Generalitat ha iniciado los trámites para ampliar en 131 nuevos municipios el número de poblaciones con áreas residenciales tensionadas, lo que supone prácticamente duplicar la cifra de localidades en las que se aplicarán las medidas de contención de los precios de los alquileres, según ha anunciado este lunes la consellera de Territori, Ester Capella, en una reunión que ha mantenido Vielha, justo uno de los nuevos municipios que se incorpora a la lista. El Govern ya declaró el pasado agosto 140 municipios con zonas de mercado tensionado, a los que ahora se añadirán estos 131 más. En estas ciudades, entre las que destaca Barcelona, viven más de siete millones de personas, un 90% del total de la población catalana.

La ampliación, que Capella confía en que pueda ser ya efectiva el próximo mes de julio, afecta a los municipios de más de 2.000 habitantes, que no formaban parte de los 140 ya declarados, y que cumplen alguno de los requisitos que marca la ley española del derecho a la vivienda, es decir que las personas o familias que residen en esas zonas tengan que dedicar más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler o hipoteca, incluidos los gastos y suministros básicos, o que el precio de alquiler o compra de las viviendas haya experimentado en los últimos cinco años un incremento acumulado de al menos 3 puntos por encima del IPC.

"Va a ser un alivio, desde luego, para muchas familias que tienen problemas para costear los alquileres, o para que vengan a trabajar al Pirineo profesionales, como médicos y profesores, que no son de aquí y que se encuentran con que tienen que hacer frente a unos precios disparados en la vivienda", ha celebrado el alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano. "Es bueno que se empiece a poner el foco en este asunto, que se vea que la tensión de los precios también afecta a poblaciones que no son grandes ciudades y que tienen un problema grave, causado en nuestro caso por los pisos turísticos", ha agregado el alcalde de la capital del Vall d'Aran.

¿En qué consiste el índice para limitar los alquileres de pisos en zonas de precios elevados?

El problema en Sant Julià de Ramis (Gironès) es más bien la falta de viviendas sociales de alquiler, ha indicado Marc Puigtió, alcalde de la localidad. "Desgraciadamente -ha dicho el edil a la Agència Catalana de Notícies (ACN)- vemos que los precios suben día tras día". "Lo poco que tenemos es de compra y a unos precios demasiado elevados", ha detallado el alcalde. Por eso confía en que la normativa permita tener una oferta de alquiler accesible a los vecinos a la espera de que otras administraciones supramunicipales opten por construir pisos de protección oficial.

Escalada de precios

Territori adopta esta decisión, según ha argumentado Capella, después de que en los últimos meses, pese a la entrada en vigor de la nueva ley, se hayan producido en el mercado de la vivienda incrementos generalizados de los precios, "casi siempre muy por encima de los ingresos de los hogares". Ha habido, ha subrayado la consellera, una "tendencia alcista del precio del alquiler, a pesar de la reciente aplicación de la contención de rentas", lo que ha hecho necesaria la revisión de los criterios empleados en la identificación de los municipios declarados como zona de mercado residencial tensionado.

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La titular de Territori ha subrayado que su intención es que "embridar el mercado, lo que significa que los precios no suban y, en todo caso, bajen, porque entre los beneficios de los propietarios y la especulación hay un largo recorrido". En el conjunto de Catalunya, ha dicho, "el incremento de los precios del alquiler en 10 años ha sido de entre el 43% y el 46%. A nadie le han incrementado los salarios en la misma proporción".

Esta es la lista detallada de los municipios catalanes con zonas residenciales tensionadas.

La tramitación que ahora comienza, ha informado el departamento de Territori, seguirá el mismo procedimiento que la primera declaración. En primer lugar, se abre un periodo de información pública de 20 días para que administraciones, entidades y particulares puedan presentar alegaciones. Una vez finalizado, se analizarán y responderán y la resolución final se notificará al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para que la publique y pueda entrar en vigor.

Que no se demore en Madrid

El Sindicat de Llogateres ha celebrado la decisión del Govern y ha reclamado celeridad al Ministerio de Vivienda para aprobar estas nuevas áreas tensionada. "Esperamos que esta vez no tarde medio año en aprobarlo", ha apuntado el portavoz de la organización, Enric Aragonès, quien ha recordado que la ley de vivienda estipula que debería darse luz verde en un máximo de tres meses. "Esta regulación debe permitir que la gente pueda respirar un poco más tranquila en estos 131 municipios y no tenga miedo cuando se le acabe el contrato con una subida del precio de alquiler", ha recalcado Aragonès.