Catalunya abre la vía para llevar a los tribunales el índice estatal de precios del alquiler

La Generalitat ha enviado al Ministerio de Vivienda un requerimiento para que modifique el índice de precios de alquiler, porque considera que el sistema actual no tiene en cuenta los modelos que ya existían previamente en algunas comunidades autónomas como Catalunya, y le reclama que aplique el sistema mixto que habían acordado ambas instituciones. El requerimiento es una petición formal que se realiza a una Administración para que esta rectifique una decisión, antes de interponer un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales.

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Con esta acción, la Generalitat intenta forzar al Gobierno español a aprobar un sistema diferente al que está vigente ahora y que recoja sus peticiones. Lo que pide la Conselleria de Territori, en una carta dirigida al secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, Francisco David Lucas, es que "subsane la resolución mediante la cual aprobó el sistema estatal de índices de precios de referencia el pasado mes de marzo". Este indicador debe ser el instrumento que determine el alquiler máximo que los propietarios de pisos podrán pedir a sus inquilinos y, por tanto, la herramienta básica para contener las subidas de precios del mercado de alquiler.

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Territori critica que aunque la resolución que el Gobierno publicó en el 'Boletín Oficial del Estado' (BOE) el pasado 15 de marzo determina que el sistema estatal de índices debe realizarse por ámbitos territoriales, no se incluye ninguna aplicación territorial ni se tienen en cuenta los índices de referencia que ya pudieran existir en alguna comunidad autónoma ni ningún mecanismo de colaboración entre los distintos índices.

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"Esta ausencia comporta una vulneración de toda la normativa estatal vigente", concluye la carta firmada por Joan Jaume, secretario general de Territori, que recuerda, asimismo, que tanto la ley por el derecho a la vivienda como la de arrendamientos urbanos (LAU) prevén la coexistencia de índices estatales y autonómicos e instan a la cooperación entre el ministerio y las comunidades para la coordinación entre los diferentes sistemas y metodologías desarrollados por unos y otros.

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El requerimiento previo pide modificar la resolución para que mencione el índice de referencia autonómico y prevea los mecanismos de colaboración entre los diversos sistemas, algo que, por otra parte, ya había quedado acordado en los trabajos técnicos que se llevaron a cabo entre Territori y el ministerio. De este modo, el modelo pactado -y que no ha quedado recogido en la resolución publicada en el BOE- establecía que cuando el índice catalán se sitúe dentro del rango establecido por el estatal (entre el inferior y el superior), el límite del precio del alquiler será siempre el que determine el índice autonómico. En cambio, cuando el índice catalán se sitúe fuera del rango fijado por el estatal, se aplicará el rango superior o inferior estatal en función del valor que esté más cercano al índice autonómico.

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El ministerio defiende su modelo

La principal objeción del Ministerio de Vivienda a la petición de la Generalitat es que "los sistemas autonómicos no pueden servir para regular aspectos básicos de competencias exclusivas del Estado", como son, a su entender, los precios de los alquileres. "Además -agrega el departamento que dirige Isabel Rodríguez- "de esta manera, se da seguridad jurídica al sistema y se evitan recursos por competencia que podrían impedir su aplicación siendo con ello perjudicados muchos ciudadanos que continuarían sufriendo precios abusivos en sus alquileres".

El ministerio asegura también que el sistema estatal se ha trabajado "en estrecha colaboración con la Generalitat de Catalunya, basado en datos anuales de más de dos millones de viviendas en arrendamiento".