El Govern pacta con el PSC que cada municipio decida el tope de pisos turísticos

Haciendo sudar a Pere Aragonès hasta el último minuto, finalmente el PSC ha permitido al Govern salvar el decreto para limitar los pisos turísticos y disponer por primera vez de un marco regulador. Eso sí, a costa de que al final el coto a las licencias, que serán una nueva exigencia urbanística y que dejarán de ser perpetuas, se circunscriba solo a los 140 municipios ya estipulados con mercado de vivienda tensionado y de dejar en manos de cada ayuntamiento el tope, por lo que se elimina la ratio de 10 pisos por cada 100 habitantes aprobada inicialmente por el Executiu. Eso significa que el decreto deberá tramitarse como proyecto de ley para poder introducir las modificaciones negociadas con los socialistas, que rebajará la ambición original y que despierta recelos entre algunos municipios gobernados por el PSC. Según han pactado por escrito, esos cambios deberán estar aprobados antes del 31 de marzo.

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El decreto que regula por primera vez los pisos turísticos -en Catalunya hay 100.000- ha salido adelante con los votos de ERC, de los socialistas, de los Comuns y de la CUP, mientras que ha recabado el rechazo de Junts, PP, Ciutadans y Vox. Sin embargo, republicanos, socialistas y posconvergentes han defendido tramitarlo como ley para poder introducir enmiendas. El voto afirmativo del grupo de Salvador Illa ha llegado 'in extremis'. "Es absolutamente necesaria", ha defendido minutos antes el president, que ha pedido a la oposición que contribuya a que prospere con las "adecuaciones" que aporten los grupos.

Su minoría se volvía a poner a prueba en el Parlament y la ha trampeado de nuevo, pero aceptando cambios en el plan inicial para cerrar 28.000 viviendas de uso turístico. "El sector turístico es importante, pero se debe regular porque si no tenemos viviendas para que la gente viva en ellas, no podremos tener un mínimo de techo digno", ha dicho el president, que ha alcanzado un acuerdo con el partido de Illa a primera hora de la mañana.

Licencias obligatorias y limitadas a cinco años

ERC ha acabado salvando el decreto y lo ha hecho, además, con un documento por escrito que, de cumplirse, rebajará sus pretensiones iniciales. El PSC quería exhibir que su apoyo al Govern no era 'gratis et amore', sino a cambio de "obligarle" a ajustar la legislación teniendo en cuenta la "autonomía municipal". Además de que afecte de forma obligatoria a 140 municipios y no a 262, como prevé el decreto del Govern, lo firmado establece que los ayuntamientos "decidirán sobre la necesidad de establecer o no un tope, de acuerdo con su realidad". Eso sí, se mantiene que las licencias deberán ser urbanísticas -no valdrá con una simple comunicación- y tendrán un límite temporal de cinco años, aunque se añade que será prorrogable de forma automática si el plan urbanístico lo permite. Los 122 municipios en el que la regulación no será obligatoria podrán acogerse de forma voluntaria.

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Los Comuns, así como la CUP, se han mantenido en el sí al decreto porque se entra a regular un mercado que denuncian que ha ido en detrimento al acceso a la vivienda asequible. Admitiendo, eso sí, que por acción de los socialistas puede verse reducida su ambición. Sin embargo, desde En Comú Podem señalan que de los municipios tensionados solo cuatro - Salou, Cambrils, Santa Susanna y Palafrugell- están en estos momentos por encima de la ratio de 10 por cada 100 habitantes, por lo que restan importancia a que el límite acabe quedando en manos de cada consistorio. En Barcelona, donde hay 10.000 pisos turísticos, el PSC defiende que se ponga coto a las licencias pese a no alcanzar esa proporción. El "cambio substancial", subrayan, es que las licencias serán urbanísticas y serán reversibles, es decir, recuperables por la administración en un contexto de precios disparados de la vivienda.

El fin de la "barra libre"

"Se ha acabado la barra libre", ha proclamado la consellera de Territori, Ester Capella, que ha increpado a Junts por votar en contra de la convalidación del decreto "de la mano de la derecha" de PP, Vox y Cs. "Salvador -Illa- salvará el enésimo desastre político de este Govern, que pagarán miles de ciudadanos que tienen una segunda residencia", le ha replicado el diputado de Junts Joan Canadell, que ha apostillado que se trata de una norma que "conviene" a Barcelona, pero que "crea problemas" a pequeños municipios. Prueba de ello, ha señalado, son la trentena que se han pronunciado en contra. Por ello ha anunciado que su grupo presentará un texto articulado alternativo.

El Sindicat de Llogateres, por su parte, ha celebrado también que se ponga fin con el decreto a las "licencias para toda la vida" y a la "barra libre" en un contexto de emergencia habitacional. Eso sí, el portavoz, Enric Aragonès, ha advertido de que "no valen pactos para intentar descafeinarlo", en referencia al acuerdo entre ERC y el PSC para modificarlo en un plazo de tres meses.

Un recargo en la tasa turística

Hay otro aspecto pactado entre republicanos y socialistas, y es el compromiso de estudiar la presentación de una enmienda conjunta durante la tramitación de la ley de medidas fiscales que suponga un recargo en la tasa turística para que lo recauden los ayuntamientos y compensen con ese impuesto las externalidades negativas. La propuesta es que la tasa en las viviendas de uso turístico sea de 2,25 euros en la ciudad de Barcelona y de 1,20 euros en el resto de Catalunya.