Los dueños de apartamentos turísticos pedirán indemnizaciones si les quitan la licencia y se desvinculan de la crisis de vivienda

Los propietarios y gestores de pisos turísticos se rebelan contra el decreto ley de la Generalitat que faculta a los ayuntamientos a reducir o eliminar la oferta de pisos turísticos legales y a exigirles una licencia urbanística en los próximos cinco años. Su artillería, en plena campaña electoral en Catalunya, son las cifras y la amenaza de una batalla judicial para exigir indemnizaciones si les impiden mantener su actividad. Mantienen que solo 7.500 licencias (de las 10.700 vigentes) están activas, que el 70% del gasto de sus huéspedes es clave para el comercio y restauración de proximidad, que Barcelona no podría mantener su turismo de incentivos y congresos sin su oferta, que suponen la única vía de alojamiento doméstico controlable. Y, sobre todo, que los cinco años de margen que se les dan para adaptarse a la nueva regulación no bastará como "indemnización" para erradicarlos, porque muchos irán a la vía judicial.

El Col·legi d'Economistes de Catalunya ha sido escenario de un debate, organizado por la la Federació Catalana d'Apartaments Turístics, Federatur, que contado con Gonzalo Bernardos (profesor de Economía de la UB), Luís Falcón (director de in Atlas, de análisis de 'big data' y geomárketing), Pablo Molina (abogado y socio de Garrigues) y David Riba (presidente de Federatur), moderado por Marian Muro (consultora de turismo y hasta hace poco directora de Turismo de Barcelona). Han analizado la nueva regulación impulsada por el Govern y el efecto (o no) de esta actividad en la crisis de vivienda que vive Catalunya. La medida toca de pleno a unos 100.000 pisos turísticos en Catalunya, de los que estiman que el 46% están activos y que en muchos casos se trata de segundas residencias, solo alquiladas unos días al año, y cuya casuística es muy diferente a la de municipios como Barcelona, ha destacado Riba.

Como siempre sin pelos en la lengua, Bernardos ha opinado que la oferta de pisos de uso turístico en Barcelona es anecdótica sobre las 800.000 viviendas de la ciudad, y que en cambio la administración no actúa contra quienes mantienen pisos vacíos, que son muchos más. El experto en 'big data' ha precisado que de las 75.000 viviendas que según en INE no están ocupadas en Barcelona (visto su consumo eléctrico) solo unas 11.000 están realmente disponibles porque el resto cuentan con titulares empadronados, solo que las utilizan esporádicamente, mantiene Falcón. Pero su infrauso también se ha cuestionado.

"Populismo" y políticos

Bernardos ha responsabilizado a la exalcaldesa Ada Colau de querer convertir a Barcelona en "un pueblo" con sus restricciones durante los dos mandatos que vivió y ha criticado el "populismo" de la medidas contra los pisos turísticos, igual que las nuevas para controlar la vivienda de temporada, convencido de que no tendrán recorrido. El alcalde Jaume Collboni ya ha anunciado su intención de reducir drásticamente las licencias en la capital catalana.

Los ponentes, muy críticos con la regulación en general, observan el plazo de cinco años prorrogable a 10 que ha dado la Administración como un periodo que pueda interpretarse de "indemnización" ante la posible eliminación de viviendas turísticas. Pero el abogado Pablo Molina ha aludido a un ejemplo similar con la ley de Costas, que contempla concesiones de 30 años para compensar a viviendas afectadas en primera línea de mar, y que no bastan a los propietarios, con una sentencia ya en su favor. El especialista cree que la vía judicial será un desenlace habitual y lamenta que el decreto "coloca a los ayuntamientos en una situación difícil de gestionar", ya que serán ellos quienes tendrán que asumir ese potencial coste por erradicar la actividad. Así lo cree también Muro, Riba y otros expertos que prevén un aluvión de reclamaciones.

Barcelona ganó 2.359 camas turísticas en 2023 y ya supera las 152.000

El sector insiste en que en Catalunya un 80% de los titulares de una licencia turística son de pequeños propietarios. Riba pone en valor que solo un 30% del gasto del turista en Barcelona es para alojamiento, mientras que el resto se destina a comercio y restauración sobre todo de proximidad, de modo que afirma que el efecto de la eliminación de licencias se dejaría notar en la actividad económica local. "Les va a costar más votos de lo que van a ganar," ha señalado Bernardos.

Otro aspecto que han reivindicado en su favor es que se trata del único alojamiento en pisos que tiene gestión muchas veces profesional y que hacen un control de la actividad las 24 horas ante posibles incidencias, pese a que se han quejado de que no tienen herramientas legales para poder desalojar a algún huésped conflictivo, más allá de avisar a la Guardia Urbana, que tampoco puede sacarlos. Algo que se ha convertido en un problema en algunos vecindarios.

Una vez más, han defendido que sin sus camas no habría la suficiente capacidad para albergar grandes congresos y a visitantes de incentivos, porque los hoteles se llenan en muchos momentos.