La cruzada de vecinos particulares contra pisos turísticos conflictivos se expande en Barcelona: "Es desesperante"

La batalla de vecinos particulares que conviven con un piso turístico legal pero conflictivo crece con la adhesión nuevos afectados en Barcelona. Son alojamientos que ocasionan ruidos y molestias continuas a su comunidad y que han logrado que los perjudicados se movilizen para que el Ayuntamiento los cierre, aprovechando la nueva normativa que permitirá revocar licencias periódicamente. Hasta ahora hacían cada uno la guerra por su cuenta, con meras llamadas a la Guardia Urbana o quejas en las oficinas de atención al ciudadano, con escaso éxito. Pero las licencias perennes para ejercer la actividad parecían blindar los excesos.

Ahora se están organizando en red a partir de la Associació de Veïns de la Dreta de l'Eixample y otras entidades de barrio para reclamar que la regulación catalana implique la erradicación de los apartamentos que acumulan más quejas en la capital, especiamente habituales en el distrito central al ser el que más camas turísticas ostenta. Pero el suplicio cotidiano también se da en otros barrios, como visibiliza la denuncia de Ferran P., en la Vila Olímpica, con un piso turístico sobre su vivienda que ha llegado a comportar intrusiones de huéspedes en su terraza.

Los vecinos ven una salida en la nueva regulación de la Generalitat, que los municipios podrán modular y el alcalde Jaume Collboni quiere aprovechar para reducir drásticamente los 9.818 apartamentos turísticos de Barcelona. No obstante, se marcan cinco años de plazo para el reordenamiento mediante licencia urbanística y una eventual primera purga, recuerdan preocupados. "Y hay casos que no pueden esperar", aseveran. La movilización de Alba S. en el Eixample, de la que informó este diario hace unos días, ha encontrado eco y suma un goteo de nuevos casos graves en su zona.

La entidad vecinal logró hace unos días reunirse con el concejal del Eixample, Jordi Valls, en un encuentro donde participaron también representantes de cinco comunidades de vecinos al límite de la resistencia. Los afectados se muestran esperanzados de que el distrito dé prioridad a sus quejas, pese a manifestarles la dificultad de actuar cuando se trata de los llamados HUTS con licencia, ya que los únicos supuestos actualmente para revocarla serían no tener cédula de habitabilidad o acumular más de tres sanciones firmes por no tener teléfono de atención 24 horas, que no es el caso.

La gran mayoría de pisos turísticos de Barcelona ya no tienen gestión particular ni doméstica, sino que están derivadas a grandes empresas profesionales que a su vez delegan la seguridad en otras firmas, que serán las encargadas de acudir si hay algún problema de orden. Pero al atender telefónicamente las quejas y asegurar que lo resolverán, quedan blindadas. Además cuando los vecinos llaman directamente a estas centralitas, no queda registro público del número de incidencias.

La misma fuente municipal precisa que en el caso de Bruc 42, desde el año pasado constan 10 quejas al teléfono municipal 112, que a su vez llama a las empresas. “Si responden y se muestran colaborativos no se desplazan patrullas”, de forma que no hay sanción. Pero en tres ocasiones sí lo hicieron, con el resultado de otras tantas multas de 460 euros por los excesos, 'cubiertas' de sobras al alquilarse esos alojamientos a entre 200 y 400 euros al día.

Valls se mostró dispuesto a apelar a las plataformas donde se anuncian para que “colaboren en la convivencia”. Considera que por legales que sean en términos de licencia, no pueden acumular quejas. El edil reiteró la voluntad clara del ayuntamiento de “reducir los pisos turísticos”. Tanto por los problemas de convivencia que comportan una parte de ellos, como por la intención de devolverlos al mercado residencial para paliar la falta de vivienda en Barcelona.

El ayuntamiento detalla que el concejal (también de Promoción Económica) querría aumentar la presión fiscal a algunas modalidades de alojamiento, aunque aún no lo ha conseguido por “falta de apoyo político”. Por su parte, la patronal Apartur defiende el impacto económico y el cliente familiar de muchos pisos turísticos.

Barra libre en un piso en Doctor Trueta

Algunos ejemplos de la complicada vida en comunidades de vecinos con apartamentos ilustran el escenario. Ferran P. tiene claro que la pesadilla que dura más de 10 años no le va a hacer dejar su piso de la Vila Olímpica. Compró una vivienda en los bajos de una finca, a la vez que un inversor residente en Andorra adquirió el piso de arriba. Tiene unos cien metros que dan mucho de sí, visto que se han llegado a alojar hasta una docena de personas, y no hay control de acceso. “Vivimos día y noche con ruidos, molestias e incivismo”, se queja.

No pudieron cambiar los estatutos de la comunidad porque el afectado lo evitó, condenando al vecindario a soportar su actividad. La empresa que los gestiona ha llegado a desentenderse de una fuga de agua, añade, y se adueña del vestíbulo para dejar sus sacas de ropa para limpiar, que recogen más tarde. “Hemos tenido que llamar incluso a los Mossos dos veces, porque me entraron en la terraza”, desgrana. Al parecer uno de los turistas no lograba que en su piso le abriesen la puerta y no dudó en colarse en su terraza para trepar hasta la ventana del alojamiento.

Pero además, sufre la lluvia de colillas, saraos, llamadas por error a su timbre de madrugada o cuando alguien pierde la llave… Hasta el punto de que una vez “reventaron la puerta del portal”. En estos años se han encontrado con huéspedes jóvenes durmiendo en la escalera y otras situaciones que perjudican a los residentes porque algunos propietarios son extranjeros y no viven con continuidad.

Para más inri, el bloque de al lado -con el que comparten piscina y zona comunitaria- tiene otro apartamento turístico colindante. Aunque en este caso y tras algunas quejas, han logrado que prioricen a los viajeros de perfil familiar, más tranquilos. Ferran está cansado –“es desesperante enviar mensajes al 010 y que respondan que está pendiente de inspección’”—pero no piensa rendirse. Suma 22 denuncias por esta vía.

Un bloque donde hay más turistas que inquilinos en Bailèn

En la calle de Bailèn un avispado propietario tuvo la ingeniosa y asequible idea de sacar una licencia turística para todos los pisos de la finca cuando aún se concedían a destajo. No le importó que en todos y cada uno de ellos hubiese vecinos y calculó que según se fueran marchando los residentes iría estableciendo el nuevo negocio. Con los arrendatarios más jóvenes llegó a acuerdos para dejar libre la vivienda, pero con los de renta antigua era cuestión de paciencia, denuncia Joan, un allegado a los residentes afectados, que tienen miedo de elevar su queja por si sufren represalias o “pierden el piso”.

Del total de 12 viviendas, solo quedan cuatro en alquiler tradicional. Las otras son turísticas menos una que se alquila por habitaciones, agregando más trajín a la escalera. Las escenas de incivismo, los golpes a puertas a medianoche y el olor a marihuana en el patio interior son habituales, narra. Incluso hay turistas “más tranquilos” que se llegan a quejar de los otros inquilinos porque el ruido no les dejan dormir. “Llegan a meterse 15 personas en un piso”, añade. Además, suele haber mucho movimiento de reformas porque es frecuente que las viviendas precisen reparaciones. “Es otro tipo de ‘mobbing’”, denuncia Joan, en referencia a dejar que las molestias martiricen a los inquilinos antiguos a ver si se acaban yendo. “Han llegado a intervenir mediadores”, pero no se ha solucionado. Y aunque aplaude la nueva regulación, coincide en subrayar que mucha gente no puede esperar cinco años porque son muy mayores.

Un piso ilegal que lleva de cabeza a otros vecinos en Bruc

En otra finca de Bruc hay un caso diferente, porque el apartamento que trae de cabeza a la comunidad de vecinos no tiene licencia. Sin embargo, tampoco ha podido ser precintado. Montse L. lo sufre hace años en sus distintas versiones. Al parecer es propiedad de alguien de nacionalidad china que inicialmente lo alquiló a estudiantes de esa nacionalidad y más tarde a alguien que, lo realquila por habitaciones a turistas.

Los vecinos lograron una inspección municipal, que no pudo acceder al piso pero sí constató la salida de viajeros con maletas de la vivienda. Si comprobar la actividad ya es complejo, aún lo es más en el caso del arrendamiento por habitaciones, cuando es difícil saber si alojan por días (ilegal en Barcelona) o por temporada (permitido a partir de un mes de estancia). Además, permanentemente oye un fuerte zumbido en su casa porque utilizan lavadoras industrales, denuncia.

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