Siete sentencias más obligan a legalizar pisos turísticos en Barcelona

Los 120 pisos turísticos que un juez validó en el número 84 de la calle de Tarragona no son un caso aislado. Otras siete sentencias dictadas por cuatro jueces distintos del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) han dado también la razón a empresa y particulares que tramitaron su licencia de apartamento turístico en el paréntesis que se abrió entre que la primera versión del plan municipal que regulaba esta actividad (PEUAT) fue tumbado por la justicia y se aprobó una segunda versión corregida. Esas siete sentencias (y, según las fuentes consultadas, no se descarta que sean más) obligan al ayuntamiento a inscribir en el censo oficial de apartamentos turísticos aproximadamente una docena de nuevas licencias. Al menos en uno de los casos, en el número 2 de la plaza de la Santa Madrona (Sants-Montjuïc), ese trámite ya se ha ejecutado.

Las sentencias difieren en la redacción, porque son manos distintas las que las han escrito, pero no en el análisis general de los hechos y, por lo tanto, en su resolución final. Ninguna de ellas acepta los argumentos defendidos ante el tribunal por el Ayuntamiento de Barcelona, que en líneas generales sostenía que al haber recurrido la anulación del PEUAT ante una instancia superior, el texto era aún vigente. Finalmente, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia, pero por el camino el plan ya había sido corregido y aprobado de nuevo en el pleno municipal. Esa segunda versión impide la tramitación de nuevas solicitudes de apartamentos turísticos, es decir, que lo que ahora le estalla al equipo de gobierno en plena campaña electoral son los ecos de aquel ‘impasse’ de 2019. La primera de las sentencias está fechada en julio de 2022, pero el resto han caído en cadena entre enero y marzo de este mismo año.

La pregunta obvia es, ¿estaba al tanto de ello el equipo de gobierno cuando saltó el caso de Tarragona, 84?, o sea, ¿evitó de forma expresa y por interés no dar respuesta a las preguntas que formuló el alcaldable de Esquerra, Ernest Maragall, cuando se conoció aquella noticia? “¿Alguien más pidió licencias y le fueron denegadas? Si así fue, ¿puede haber más sentencias desfavorables?”. Esas fueron las dos preguntas que han quedado cristalinamente respondidas.

Las fincas en las que fueron solicitadas licencias de apartamento turístico y han sido concedidas judicialmente están repartidas por toda la ciudad: Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó, Poble Sec, Sants-Montjuïc… No todas las sentencias dan a conocer la dirección exacta, pero en los casos en los que el TSJC sí lo hace permite descubrir que se trata de fincas en las que ya hay varios pisos turísticos con licencia previa. En el 48 de la calle de Ventalló, barrio del Baix Guinardó, el juez legaliza cuatro apartamentos en un inmueble en el que ya tienen esa licencia otras 15 viviendas. En Muntaner, 496, Inmobiliaria Gallardo, la misma empresa que ya ganó el caso de la calle de Tarragona, otro juez legaliza un apartamento turístico donde ya hay otros seis.

Lo sucedido en esas fincas, pues, no es equiparable a lo sucedido en la calle Tarragona, porque allí, en esa finca del Eixample, no había previamente apartamentos. Los 120 pisos estaban ocupados por familias en régimen de alquiler. Pero, más allá de esa cuestión numérica, el caso es muy distinto porque allí el ayuntamiento cree haber encontrado una vía administrativa con la que ha anulado 69 de las 120 licencias autorizadas por el juez. Creen los servicios jurídicos municipales que el artículo 36 de la ley autonómica de facilitación de la actividad económica lo permite, porque pasados tres meses de la adjudicación de la licencia, esta aún no se ha utilizado. Los 69 pisos afectados son aquellos en los que los inquilinos tienen aún contratos de alquiler vigentes, de modo que Inmobiliaria Gallardo no ha podido ni siquiera iniciar las obras de conversión en apartamento turístico.

En esa docena larga de nuevas licencias validadas por la justicia, esa treta (al margen de que derivará en un nuevo frente judicial) puede no ser útil porque el propio ayuntamiento aún no ha incluido los pisos en el registro oficial de apartamentos turísticos, es decir, el cronómetro de los tres meses aún no ha comenzado a correr.

¿Habrá más sentencias? La respuesta a esta pregunta por parte del ayuntamiento resulta chocante. No lo sabe. Al menos, eso dice. Los trámites para la conversión de un piso residencial en un piso turístico eran extremadamente simples (bastaba una declaración responsable por parte del dueño y el pago de una tasa) y, sobre todo, estaban absolutamente descentralizados. Las solicitudes y las denegaciones habidas en ese paréntesis entre las dos versiones del PEUAT no rebasaban los límites de la autonomía administrativa de cada distrito. Otra vía para intuir la tormenta política que se avecinaba (parece lógico) es que el procurador que defendía los intereses municipales ante el juez, siempre el mismo, hubiera informado sobre cada caso que perdía. No es un funcionario municipal. Es un profesional privado. El ayuntamiento argumenta ahora que esa comunicación tampoco la tuvieron los servicios centrales municipales.

La polémica, como es fácil de predecir, se hará más que un hueco en la campaña electoral. Ya lo hizo el primer episodio de esta serie, el de la calle de Tarragona. En aquel asalto, el equipo de gobierno pareció ágil en el ring político. Anunció que 69 de las 120 licencias serán declaradas extinguidas (el caso está en proceso de enmiendas por parte de la empresa) y, sobre todo, trató de dar la vuelta a la situación: denunció que en el fondo el problema es la ley autonómica que regula este tipo de actividad, que no dota apenas de armas a los municipios porque ni siquiera le permite anular licencias cuando, por ejemplo, se hace un mal uso de ellas o causan molestias a una comunidad vecinal.

Ante esa estrategia de tirar por elevación respondió con evidente enojo la candidatura municipal de Esquerra, cuyo partido gobierna precisamente la Generalitat. "Hay que tener una cara muy dura para exigir a otras administraciones lo que ella no ha hecho en ocho años”, dijo, en nombre de ERC, la diputada Elisenda Alamany.