El ayuntamiento anula 69 de las 120 licencias turísticas de la calle Tarragona

El Ayuntamiento de Barcelona ha declarado nulas 69 de las 120 licencias de apartamento turístico que Inmobiliaria Gallardo, gracias a una sentencia judicial favorable, obtuvo para un bloque de pisos de la calle de Tarragona. La empresa encontró una brecha administrativa para obtener esas licencias después de que el gobierno municipal aprobara un plan que cerraba el grifo de este tipo de establecimientos, el PEUAT, y, ahora, es el ayuntamiento el que ha encontrado otra grieta para declarar extinguidas 69 de esas licencias porque un artículo de la ley de facilitación de la actividad económica así se lo permite. A menos ese es el punto de vista del equipo de Ada Colau. Tanto es así que se lo acaba de comunicar oficialmente a la inmobiliaria.

La noticia saltó el pasado 26 de abril, a tan solo un mes de las elecciones municipales. Los 120 pisos del número 84 de la calle de Tarragona, un bloque aún residencial, con casi 120 familias en régimen de alquiler, iba convertirse paulatinamente en un complejo de apartamentos turísticos al ritmo que se extinguieran los contratos vigentes. Para el ayuntamiento, aquella información fue un mazazo, pues ha hecho gala de cerrar más de 6.000 pisos turísticos ilegales desde 2017 y de haber establecido un infranqueable númerus clausus en la ciudad a este tipo de actividad, heredada de anteriores gobiernos. Inmobiliaria Gallardo obtuvo las licencias sin salirse ni un milímetro de la legalidad. Sencillamente, llevó ante un juez la denegación inicial a los expedientes que había tramitado en el breve periodo de tiempo que se abrió entre la aprobación de la primera versión del PEUAT (anulada por el Tribual Superior de Justícia de Catalunya) y la segunda, y ganó el caso.

Artículo 36

Desde el 26 de abril, los servicios jurídicos han mirado al trasluz todas las leyes posibles y han creído hallar la solución en una ley aprobada por el Parlament en diciembre de 2020 y que había pasado parcialmente inadvertida. Es un texto legislativo concebido para dar celeridad a la creación de actividad económica por la vía de la simplificación de los trámites, pero tiene algunas contrapartidas. En su artículo 36 fija los supuestos en los que la administración puede declarar nula la tramitación de un expediente. El primero de ellos parece oportuno: “Si no se ha iniciado la actividad comunicada transcurridos tres meses desde la presentación de la comunicación”.

Según la teniente de alcalde Janet Sanz, que se ha reunido con los vecinos de la finca para explicarles personalmente este giro inesperado de los acontecimientos, como mínimo en 69 de los pisos no se ha iniciado ningún tipo de actividad porque hay en ellos familias con contratos de alquiler vigentes.

El ayuntamiento considera que no cabe la aplicación de ese artículo de la ley en aquellos pisos en los que ya se han iniciado los trabajos de reconversión en piso turístico, y mucho menos en aquellos en los que las obras ya han concluido, aunque aun no hayan llegado los primeros turistas.

Ahora, en cualquier caso, se abre un periodo de 30 días como máximo para que la decisión municipal sea firme desde el punto de vista administrativo. Inmobiliaria Gallardo tiene 10 días para recoger la notificación, otros 10 para presentar enmiendas y, después, el ayuntamiento 10 más para comunicar su resolución final. Raro sería que alguna de las dos partes cediera, por lo que no es descartable que e caso vuelva de nuevo a manos de la justicia.

Teletrabajo en el bar

La grieta legislativa a la que se aferra el equipo de gobierno, solo hay que mirar los números, resuelve más o menos la mitad del problema, o incluso menos. Desde que comenzaron a irse los primeros vecinos a los que la empresa no renovó el contrato, residir en Tarragona 84 es un sinvivir. El ruido de las obras es constante. Algunos vecinos han tenido que trasladar el teletrabajo a un bar. Los ascensores viven una permanente hora punta con el trasiego de sacos y material de trabajo. En el mejor de los casos, cuando Inmobiliaria Gallardo ponga en marcha los pisos ya terminados, los vecinos sustituirán el ruido y las molestias de las obras por el ruido y las molestias, tal vez, de algunos turistas. Los primeros de ellos han comenzado a llegar esta misma semana.

A esa cuestión precisamente ha hecho referencia Sanz. En su opinión, el debate del sobreturismo que soporta una parte de la ciudad vuelve a estar muy vivo, así que al ayuntamiento, dice la teniente de alcalde, “no le temblarán las piernas” a la hora de adoptar medidas. La de la calle de Tarragona, no obstante, tiene algo de parche. La verdaderamente efectiva sería, insiste, Sanz, que el Govern de la Generalitat llevara al Parlament una reforma de la ley que en 2011 abrió de par en par las puertas a la proliferación de pisos turísticos, con el objetivo, esta vez, de dotar de armas a los ayuntamientos para anular licencias cuando sea conveniente. Aquella ley de 2011, impulsada por una alianza entre CiU y PP, permitió que las licencias se obtuvieran a perpetuidad y sin que esa actividad estuviera sujeta a ningún tipo de tasa o renovación.

A su manera, lo sucedido en el número 84 de la cale de Tarragona ha propiciado que se mueva ese frente legislativo, eso sí, sin que aun se sepa si hay más posibles casos similares pendientes de una sentencia como la que Inmobiliaria Gallardo consiguió a su favor.