Un juez fuerza a Barcelona a autorizar 120 pisos turísticos en un mismo bloque

Una brecha jurídica, un despiste, una negligencia, una imprudencia, la bisoñez de quién redactó la norma, una incomprensible arbitrariedad judicial…, todo eso, ya se verá, pero lo incuestionable es que todo un bloque de pisos residenciales de la calle de Tarragona está en proceso de convertirse en apartamentos turísticos a pesar de que desde 2014 se cerró el grifo de la concesión de este tipo de licencias. Son 120 pisos repartidos entre tres escaleras a las que se accede por el número 84 de esa calle. La empresa propietaria de la finca, Inmobiliaria Gallardo SL, tramitó su conversión en pisos turísticos cuando el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en septiembre de 2019, anuló la primera versión del PEUAT (el plan que limita el crecimiento de camas turísticas en la ciudad), o sea, supo ver una rendija que otros no vislumbraron. El Ayuntamiento de Barcelona no admitió aquellas nuevas licencias con el argumento de que había recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo y que, mientras tanto, la norma seguía vigente. Un juez, sin embargo, ha terminado por darlas por válidas. Lo que ocurre puertas adentro de aquella finca es dramático para los aún vecinos del inmueble y, a la par, un caso del que Barcelona puede sacar interesantes lecciones.

Tarragona 84 era hasta mediados de 2022 una finca en la que, con las rotaciones habituales del mercado inmobiliario, vivían unas 120 familias en régimen de alquiler. De ellas, 20 tenían y tienen aún contratos de renta antigua. Este es un grupo formado, sobre todo, por gente muy mayor. El resto tenían (y tienen aún los que aún siguen ahí) contratos temporales. De hecho, la empresa no decidió iniciar la reconversión del edificio en un gran negocio turístico hasta finales de 2022, de modo que en los meses previos hasta llegó a renovar algunos contratos de alquiler por periodos de siete años.

De protección oficial a piso turístico por solo 230 euros

Primero, obras; luego, turistas

P., X. y E., tres vecinos que prefieren que sus nombres no aparezcan publicados, explican lo que en realidad supuso esa renovación que les otorga derecho a residir allí, en algún caso, hasta 2028. “Ruido contante de obras. Yo ya estoy jubilado, pero mi mujer, que teletrabaja un par de días a la semana, no se puede concentrar y, mucho menos, realizar conferencias por pantalla”. “El otro día tuve que esperar varios minutos para poder coger el ascensor. Tardo más en bajar desde mi piso a la calle, que desde la puerta de la finca hasta la escuela a la que van mis hijos”.

Cada vez que se extingue un contrato, y eso ha sucedido ya unas 32 veces, no entran nuevos inquilinos. Es algo más que evidente para los residentes porque el primer paso que da la sociedad inmobiliaria es blindar con una plancha de acero el piso afectado. Tiene su razón de ser. Hubo un breve episodio de ocupación de un piso y, una vez resuelto, Inmobiliaria Gallardo creyó que era más aconsejable sellar los apartamentos recuperados mientras no entraran a trabajar los equipos de obras. La cuestión es que, si se pasea por el interior de la finca, llama la atención la disparidad de puertas, las blindadas, las de los aún residentes y, por último, las blancas, de apartamentos ya listos para recibir los primeros turistas, los más baratos a 270 euros la noche, lo más común a más de 300 y, en casos excepcionales, por ejemplo, con motivo de los cuatro conciertos de Coldplay en Barcelona, a finales de mayo, hasta 650 euros.

No ha comenzado todavía el tránsito de turistas con maletas. “Suponemos que no quieren alquilar apartamentos mientras haya pisos en obras. Suponemos que cuando tengan un número suficiente, dejarán de trabajar y comenzarán a rentar por días. Todo esto solo lo suponemos porque la empresa jamás nos ha informado de sus planes. Quienes llegan al final de su contrato reciben un burofax con la fecha en la que tienen que dejar el piso. Lo único que es una certeza es que certeza es que más pronto que tarde sustituiremos el ruido de las obras por el ruido de las juergas en algunos pisos”. Es el pronóstico de una de las vecinas consultadas, que, por cierto, se vio cara a cara con los albañiles de un apartamento turístico porque le hicieron un agujero en la pared del salón.

Condenados al nomadismo inmobiliario

El ambiente es de resignación. En la web municipal en la que los ciudadanos pueden consultar si el apartamento turístico de su escalera tiene o no licencia, los 120 de Tarragona aparecen perfectamente acreditados. Saben que sus meses o años en la finca están contados, que pasarán a engrosar, a su pesar, esa gran congregación de los nómadas inmobiliarios, gente que cambia de residencia a su pesar, con todo lo que eso comporta. “Mis hijos van a las escuela a pie, hemos echado raíces aquí”, explica X., a quien la inmobiliaria, en la última revisión le subió el alquiler hasta los 1.200 euros, en absoluto una ganga, y todo ello sin avisarle de que lo que venía por delante era un periodo sin fin de ruidos, por obras o por juergas.

Con razón, X. y otros vecinos buscan un responsable. En la recta final de su mandato como alcalde, Xavier Trias se vio casi en la obligación de cerrar la ventanilla que su propio partido había abierto en el Parlament en 2011. El 30 de abril de 2014 se suspendió provisionalmente la admisión de nuevas licencias de piso turístico porque habían crecido exponencialmente en la ciudad. Tras las elecciones de 2015, el nuevo gobierno se aprestó a regular con más ambición ese control y así nació en 2017 el PEUAT, un plan que ponía límites a la construcción de hoteles en las zonas turísticamente más congestionadas de la ciudad y que, sobre todo, establecía el númerus clausus de apartamentos destinados a ese fin. El alud de recursos de los distintos lobis del sector fue abrumador. La primera sentencia, negativa para los intereses municipales, se sustentó sobre la flaqueza de la memoria económica del plan. Causó sorpresa en los despachos municipales. Entendieron en esos mismos despachos que, hasta que el recurso presentado no fuera firme, la norma seguía vigente. No lo vieron así en Inmobiliaria Gallardo, que abrió una vía judicial paralela a la vista de que el ayuntamiento declaraba inadmisibles esas licencias de piso turístico.

El caso puede parecer alambicado, pero, de forma resumida, Inmobiliaria Gallardo ganó su causa particular ante otro juez en octubre de 2021 y el Ayuntamiento de Barcelona, antes de que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre el recurso, fue precavido y aprobó una nueva versión del PEUAT, en esta ocasión blindada contra las quejas de los lobis. Difícilmente eso consolará a los aún residentes en Tarragona, 84, pero su caso, ya que han decidido darlo a conocer, les convierte en una interesantísima prueba de laboratorio. Invita a reflexionar sobre qué sucedería si de nuevo se abriera la espita de las camas turísticas en la ciudad, las hoteleras, pero, por supuesto, las de los apartamentos turísticos. 650 euros cuesta un piso una sola noche en Tarragona tras unos de los conciertos de Coldplay.