De protección oficial a piso turístico por solo 230 euros

Si fuera un tuit, se podría contar con tan solo 72 caracteres. De piso de protección oficial a apartamento turístico por solo 230 euros. Ni la escuela neoliberal de Chicago tuvo fantasías tan húmedas. Es el máximo resumen de lo sucedido en el número 84 de la calle Tarragona, donde en 1972 se levantó un bloque de 12 plantas que, repartidas en tres escaleras, ponía en el mercado 120 pisos de protección oficial.

Ese fue su uso durante 20 años. La protección oficial ha sido una solución inmobiliaria sujeta a vaivenes inimaginables en otros países, primero porque la compra no es lo más común en otras latitudes, y, segundo, porque en caso que sean pisos de alquiler, lo ideal es que jamás pierdan esa condición, ya que proporciona a la administración un yacimiento de soluciones para casos de emergencia. Eso, claro, siempre que esa administración no sea, lo dicho, una ferviente admiradora de la Escuela de Economía de Chicago.

Para comprender cómo aquella anciana promoción de protección oficial de 1972 ha terminado por ser un bloque de apartamentos turísticos, hay que remontarse a la aprobación de lo que sucedió en el Parlament de Catalunya a finales de 2011, donde la mayoría entonces, aunque a veces se olvida, la formaban CiU y PP, porque los convergentes desdeñaron un acuerdo con Esquerra. La llamada ley ómnibus que acompañaba los presupuestos de aquel año (o sea, una suerte de tren mercancía en el que los distintos departamentos de la Generalitat transportan todo tipo de normas de última hora) incluyó una propuesta del entonces ‘conseller’ Francesc Xavier Mena que convertía la obtención de una licencia de piso turístico en un mero trámite al alcance de cualquiera. Bastaba con comunicarlo al ayuntamiento y pagar una tasa, 230 euros, no mensual o anual, 230 de por vida.

En honor a la verdad, Joan Puigcercós, líder de Esquerra y entonces diputado en la oposición, avisó del enorme error que se estaba a punto de cometer. No le hicieron caso. También protestaron al principio los hoteleros más reconocibles de la ciudad, estupefactos ante el hecho de que a ellos se les exigiera, pongamos por caso, cortinas ignífugas en sus habitaciones, sistemas contraincendios y una serie de servicios inexcusables cara al cliente, y al dueño de un apartamento turístico solo 230 euros y que hubiera un teléfono disponible las 24 horas en caso de necesidad.

Lo que sucedió es que la solicitudes, vista la enorme rentabilidad de los pisos turísticos, comenzaron a presentarse, a veces a docenas. En solo tres años había en Barcelona más de 9.000, ilegales al margen. Lo hicieron, es cierto, dueños de uno o dos pisos, pero el gran negocio lo hicieron los grandes propietarios. En 2018 se hizo público un informe que revelaba que la mitad de los apartamentos turísticos de la ciudad estaban en manos de 374 personas. Otro estudio de aquel mismo año reveló que los 10 mayores propietarios de pisos turísticos de Barcelona, en caso de colgar el cartel de completo, ganaban 85.000 euros al día.

No hay ilegalidad alguna en todo ello. Tampoco, que quede claro, en la manera en que Inmobiliaria Gallardo ha conseguido esas 120 nuevas licencias. Todo está dentro de los cauces de la ley. Y ese, según la teniente de alcalde Janet Sanz (contactada para conocer la versión municipal de qué ha sucedido en Tarragona, 84)) es el nudo de la polémica: “Las leyes del Parlament están concebidas para facilitar al máximo todo este tipo de actividades. Un ayuntamiento como el Barcelona puede redactar una norma como el PEUAT, pero la solución más segura pasaría por que la ley de la vivienda estatal regulara de forma clara que los pisos deben cumplir prioritariamente su función, ser un hogar para las personas”. Suena a disculpa por lo ocurrido. En parte, lo es. En cualquier caso, Sanz insiste en que el ayuntamiento, a su pesar, tenía la obligación de dar por válidos los 120 pisos de Tarragona y que la segunda versión del PEUAT ya es infranqueable.