Turismo y vivienda
Los 120 pisos turísticos son propiedad de la familia de la mujer de Manuel Valls
Un juez fuerza a Barcelona a autorizar 120 pisos turísticos en un mismo bloque
Barcelona reclama a la Generalitat armas para revocar licencias turísticas
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A1-173595843.jpg / JORDI OTIX
La polémica desencadenada por la concesión de 120 licencias turísticas en la ciudad, que adelantó este miércoles El Periódico, sigue dando que hablar. La propiedad del bloque ha saltado al terreno político en una tertulia radiofónica este jueves. Como ya se explicó la víspera, la empresa que ha conseguido los permisos -vía judicial y de forma totalmente legal- para el bloque residencial de la calle Tarragona pertenece a la familia de Susana Gallardo, pareja del exconcejal barcelonés y exprimer ministro francés Manuel Valls.
Preguntada por el periodista Jordi Basté, la segunda teniente de alcalde de Barcelona, Janet Sanz (Bcomú), ha esquivado una vinculación directa pero ha llevado la coincidencia al terreno político en plena carrera electoral. Ha asegurado que tras este episodio no debería extrañar a nadie que partidos de derechas como el de Valls hayan votado siempre en contra de cualquier regulación de este tipo de apartamentos.
Que Inmobiliaria Gallardo SL es quién ha conseguido convertir ese bloque de 12 plantas en potenciales pisos turísticos no era ningún secreto, puesto que es una empresa conocida y de larga trayectoria en la ciudad. Sanz lo ha aprovechado para recriminar la ideología del alcaldable que invistió a Ada Colau hace cuatro años: "El señor Valls era uno de los que defendía que pudiera haber más pisos turísticos en Barcelona".
Sobre el fondo de la cuestión, o sea, el hecho de que 120 familias deberán dejar la finca (unas 30 ya lo han hecho) porque todo el edificio tiene licencia para operar como un complejo de apartamentos turísticos, la teniente de alcalde ha señalado que "pronto" el ayuntamiento se reunirá con la Generalitat para regular en qué casos se puede revocar una licencia turística, algo no previsto con la ley vigente. Según Sanz, la última ocasión en que esta petición llegó al Parlament, Junts impuso el peso de sus votos para que la medida no prosperara.
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