Collboni reducirá los apartamentos turísticos en zonas calientes como Ciutat Vella

Los más de 10.000 apartamentos turísticos que suma Barcelona han vivido un pequeño terremoto este miércoles con la luz verde del Parlament al decreto de medidas urgentes sobre la limitación de las viviendas de uso turístico. Pequeño porque queda mucha letra por escribir y cualquier cambio respecto a la actual alineación de pisos que se alquilan por días a los viajeros podría tardar unos años en visualizarse. Pero terremoto, sin duda, porque abre la puerta a poner fin al negocio vitalicio que hasta ahora suponía ostentar una de esas licencias. El alcalde Jaume Collboni ha aplaudido el decreto y asegurado que servirá para "reordenar" la oferta de la ciudad y reducirla en las "zonas más tensionadas, como el distrito de Ciutat Vella". Todo apunta a abordará una redistribución de las plazas en un nuevo (o modificado) Plan Especial Urbanístico de Alojamiento Turístico (PEUAT).

"Es un éxito para Barcelona disponer de una regulación como esta", ha insistido el socialista. Precisamente el apoyo del PSC ha permitido al Govern llevar adelante la medida en el Parlament, aunque introduciendo la condición de que se limite a los 140 municipios con mercado de vivienda tensionado y que cada ayuntamiento decida su tope. Un filtro que ayudará a localidades partidarias de la actividad económica, en tanto que no tienen déficit de residencial, pero que tendrá consecuencias muy distintas en casos como el de Barcelona, donde Collboni ha reiterado que "no se puede permitir tener más de 10.000 viviendas dedicadas a ningún otro uso" que no sea vivir en ellas.

Licencia urbanística

Para ejercer la actividad turística, como fija el decreto, será necesario tramitar una nueva licencia urbanística que tendrá un límite temporal de cinco años, aunque se añade que será prorrogable de forma automática si el plan urbanístico lo permite.

En declaraciones a Europa Press, Collboni ha valorado que la regulación permitirá al consistorio "ordenar y gobernar el desarrollo de las viviendas de uso turístico y reducirlos en las zonas más tensionadas, como el distrito de Ciutat Vella". No obstante, los presuntos ajustes podrían ir mucho más allá. Según el último censo oficial de 2022 (que no incluye los cientos de pisos que están obteniendo licencia por una fisura legal en su regulación local), el centro de Barcelona suma poco más de 600 licencias, que son menos de las más de 725 que concentra solo el barrio de la Vila Gràcia, o de las más de 1.600 del de la Dreta del Eixample. El distrito del Eixample aglutina la mayor parte de los apartamentos de Barcelona, aunque por su dimensión y estructura quedan algo más diseminados.

El Govern pacta con el PSC que cada municipio decida el tope de pisos turísticos

Ahora Collboni ha remarcado que el decreto es una herramienta necesaria para que los pisos sean para vivir, dando la "enhorabuena" a PSC-Units por la negociación. "En el caso de Barcelona, la regulación que nos permite fijar los topes es el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT)", ha recordado Collboni. Los cambios introducidos en el decreto hacen que deba tramitarse como proyecto de ley, que deberá aprobarse antes del 31 de marzo. A partir de esa fecha, y viendo cómo aterriza la regulación, los ayuntamientos moverán ficha.

El de Barcelona llevará los cambios que decida al PEUAT, para el que ya se habían avistado modificaciones tras los pactos alcanzados entre socialistas y Junts sobre habitaciones por días y hoteles singulares. Para reducir licencias de apartamento, la capital deberá desarrollar un criterio técnico objetivo que sirva de filtro y evite acusaciones de denegaciones arbitrarias. Según fuentes consultadas, el factor principal será la "densidad". A efectos prácticos, los efectos que tenga la regulación se notarán el próximo mandato, porque los titulares de pisos turísticos tienen un plazo de 5 años para obtener la nueva licencia y lo esperable es que demoren la solicitud hasta que esté claro cuál será el filtro en Barcelona. Quién prevea que no lo cumplirá, podrá apurar hasta 2029 para pedir el permiso urbanístico. El Govern habría dado estos cinco años de margen, durante los cuales los negocios actuales seguirán en activo, para minimizar las indemnizaciones a conceder a aquellos que logren demostrar que no han amortizado la inversión realizada para ejercer la actividad.

Patronales en guerra

El nuevo panorama ha encendido a la patronal en Barcelona, ante lo que prevén será un recorte de pisos turísticos. El presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), Enrique Alcántara, opina que la ciudad "pierde competitividad" para organizar grandes congresos y conferencias, y ha advertido de nuevo de que en cinco años "no tendría capacidad de albergar eventos como el Mobile World Congress, la Copa del América de Vela o la feria del audiovisual ISE". Lo considera un "decreto turismofóbico" que va especiamente en contra de la economía de Barcelona y su actividad turística.

Alcántara y David Riva, presidente de la Federació Catalana d'Apartaments Turístics (Federatur), han coincidido en que acudir al Tribunal Constitucional es "la única vía" para defender lo que consideran que son derechos tanto del sector como de los "consumidores". Confían en que los partidos políticos que se oponían al decreto impulsen esos recursos de inconstitucionalidad.