Barcelona supera la frontera psicológica de 10.000 pisos turísticos

Barcelona llegará este miércoles a la aprobación de la nueva y polémica regulación catalana de pisos turísticos con una cifra simbólica. La grieta legal que abrió la suspensión del PEUAT municipal ha obligado al Ayuntamiento de Barcelona aprobar nuevas licencias pese al veto impuesto en 2014. El censo actual son ya 9.804 apartamentos, a los que hay que sumar 271 más en vías de incorporarse por contenciosos administrativos en curso o incluso ya en revisión administrativa. De incorporarse todos, el marcador final serían 10.075 pisos turísticos.

El nuevo decreto ley brinda la oportunidad de suprimir permisos durante los próximos cinco años y el gobierno de Jaume Collboni (PSC) da a entender que ejercerá esta potestad. “Barcelona no puede permitirse tener 10.000 pisos turísticos”, zanjan portavoces municipales. No pone cifras al recorte, todavía: “Habrá que aterrizar el decreto en Barcelona, aplicarlo y ver qué afectación tiene sobre la normativa y licencias vigentes”.

A la espera de esta concreción, mantiene bastante clara su voluntad política de reducir la oferta: “No podemos permitirnos que las viviendas de uso habitual se dediquen a la actividad turística y debemos desplegar todas las herramientas necesarias para regular y restringir esta actividad”. Así, el equipo socialista valora “positivamente” la nueva normativa catalana y recuerda que la capital ya había expresado la “reivindicación reiterada” de poder intervenir en las licencias vigentes.

Se dispararon exponencialmente en Barcelona cuando la Generalitat simplificó el trámite: los nuevos permisos pasaron a costar solo 230 euros y a tener validez perpetua. En cambio, el consistorio considera que la nueva regulación del Govern catalán sí “va en buena dirección” gracias a la exigencia de una segunda licencia urbanística de ámbito local y temporal: “Esperamos que nos permita regular más y mejor el sector de las viviendas turísticas”.

El origen del agujero

El grueso son 615 licencias de vivienda de uso turístico fruto de sentencias judiciales favorables. Cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) tumbó el PEUAT en 2017, el consistorio presentó un recurso y la normativa quedó en una situación de precaria legalidad. “La sentencia no era firme pero dio pie a que varios privados interpretaran que había decaído el instrumento regulador y por lo tanto no había ninguna restricción vigente”, argumenta ahora el consistorio. Los tribunales les dieron la razón y empezó el goteo de licencias por mandato judicial, que no se hicieron públicas hasta que un caso extremo en un bloque de la calle Tarragona destapó el agujero.

Como avanzó entonces EL PERIÓDICO, un juez autorizó de golpe 120 pisos en el edificio situado en el número 84 de esa calle y propiedad de Inmobiliaria Gallardo SL, que pertenece a la familia de la mujer de Manuel Valls, exconcejal de Barcelona y ex primer ministro francés. El consistorio ha intentado cerrar este grifo que gotea con otra grieta legal, la que permite clausurar negocios que no se hayan puesto en marcha a los tres meses de la comunicación de actividad. Puesto que muchos de estos alojamientos autorizados vía judicial tienen hoy inquilinos fijos, algunas nuevas licencias pueden quedar sin estrenar.

Un 10% más de apartamentos pese al veto

La nueva cifra de apartamentos ha escandalizado a la oposición. Junts, ERC y PP han valorado a la prensa que, de facto, los pisos turísticos hayan crecido un 10% durante los años de supuesta prohibición.

La concejal portavoz de ERC, Elisenda Alamany, lo ha tildado de “nueva chapuza que se añade a la mala gestión” del arranque de mandato en solitario de Collboni. “El gobierno de Barcelona tiene que resolver problemas y no provocarlos”, ha cargado. Los republicanos piden al ejecutivo municipal tres acciones para revertir la situación: “ofrecerse y ser proactivo” para aplicar a Barcelona el decreto catalán, impulsar una ordenanza municipal de pisos turísticos complementaria al PEUAT y “asesorar y acompañar a las comunidades de vecinos que quieran blindar su bloque” contra la futura instalación de apartamentos por ejemplo mediante un convenio con los administradores de fincas.

Por parte de Junts, el concejal Joan Rodríguez ha declarado que la admisión forzosa de nuevas licencias en Barcelona desde 2019 es un caso "de mala gestión, de ineptitud". "Decíamos que no estaba bien hecho y el tiempo, para mala suerte de la ciudad, nos ha dado la razón", ha criticado. El portavoz del grupo municipal, Jordi Martí, ha lamentado el 10% de incremento de apartamentos por el agujero que dejó el PEUAT respecto a la oferta en época del alcalde Xavier Trias. Por ello, ha recetado al consistorio de Collboni más rigor y menos improvisación.

En otra línea, el PP ha marcado perfil liberal y ha defendido al sector de los apartamentos. "Son una actividad legal y reglada que además paga impuestos", ha destacado el presidente del grupo, Daniel Sirera. "Nosotros no participaremos en la criminalización de los pisos turísticos, una actividad económica legal y muy utilizada en Barcelona y que muchos barceloneses utilizamos también cuando viajamos", ha asegurado. Aunque ha reconocido que "falta vivienda en Barcelona", ha responsabilizado de solucionarlo "a la administración y no a las personas que están ejerciendo una actividad económica legal".

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