Los pisos turísticos que no esperaba Colau

La sentencia que obliga al Ayuntamiento de Barcelona a autorizar 120 pisos turísticos de un mismo bloque ha generado una sorpresa mayúscula, por cuanto se daba por supuesto que la capital catalana se había blindado contra las nuevas licencias de alquiler de viviendas para uso turístico. Y efectivamente así era como debía ser, en la teoría, porque en la práctica la propiedad del inmueble en cuestión observó un resquicio legal por el que seguir batallando, hasta conseguir que un tribunal le haya dado finalmente la razón. La decisión judicial puede generar, además de asombro, rechazo e indignación –una respuesta que en tiempos preelectorales se encargaron oportunamente de explotar los grupos de la oposición en el consistorio– pero lo que no se puede cuestionar de ella es su legalidad. Y aquí está el fondo del asunto, que en su momento se vendió a la población una percepción de contundencia normativa que no era tal. El Ayuntamiento salió al paso ayer reclamando a la Generalitat que abra la puerta a que las licencias de pisos turísticos puedan ser revocadas, una manera de trasladar la solución del desaguisado a otra administración.

En honor a la verdad, cabe decir que el Plan Especial de Alojamientos de Uso Turístico de Barcelona (Peuat) pretendía poner orden tras la expansión del mercado de los apartamentos turísticos (en tres años, llegaron a pasar de 1.000 licencias a 9.000, sin contar los pisos turísticos ilegales). Pretendía cumplir una de las principales promesas del equipo de gobierno de Ada Colau. Pero su mala elaboración o falta de previsión han pasado factura. Entre el primer Peuat de 2017 (tumbado por el TSJC en 2019 por un defecto de forma) y el segundo Peuat de 2022, ahora vigente, se abrió una horquilla que aprovechó Inmobiliaria Gallardo para solicitar 120 licencias de pisos turísticos. Se desconoce si hay otros casos similares pendientes de resolución judicial, algo de lo que incomprensiblemente el Ayuntamiento no dispone de información, pero aunque se trate de un caso único, es suficientemente grave como para destacar las consecuencias de gobernar cuando se está más pendiente del discurso que se transmite en la calle que por la efectividad real de la acción legislativa y de gobierno.

No es la primera vez que los ciudadanos asistimos a efectos secundarios indeseables de las leyes. El caso ha coincidido con la aprobación de una ley de vivienda que podría desencadenar unos resultados opuestos a lo que se pretende legislar. Limitar los precios de los alquileres de viviendas, por ejemplo, conlleva el riesgo de que los dueños de dichas viviendas lo destinen a otros usos (venta, alquiler vacacional...), lo que tendría el efecto perverso de reducir la oferta del alquiler, perjudicando a aquellos a los que en principio se pretende defender. Para evitar ese efecto, Unidas Podemos propone limitar también el alquiler turístico en las llamadas zonas tensionadas. En todo caso, en la tramitación de dicha ley se deberán tener en cuenta las aportaciones del resto de grupos, sin instalarse en atalayas ni vetos ideológicos. Algo complicado en un año cargado de citas electorales, pero imprescindible si se buscan soluciones a un problema, el del acceso a la vivienda (y su derivada, el encaje sostenible del turismo en zonas densamente pobladas) que sean estables y capaces de resistir cualquier embate judicial.