Maragall exige que Colau aclare si más "lobos" obtendrán licencias turísticas

El alcaldable de Esquerra por Barcelona, Ernest Maragall, reclama que “Ada Colau y Jaume Collboni” aclaren con celeridad si hay más casos pendientes de sentencia judicial que puedan derivar en la concesión de nuevas licencias de apartamentos turísticos en Barcelona, a la vista de que ese ha sido el mecanismo por el que una empresa inmobiliaria ha conseguido ese objetivo con 120 pisos de la calle de Tarragona. A un mes de las elecciones municipales, la controversia de los pisos turísticos, en barbecho desde que en 2017 se puso freno a su incremento en número a través de una norma municipal (PEUAT), renace con fuerza de forma inesperada y propicia un interesante intercambio de fuego argumental.

Inmobiliaria Gallardo solicitó en 2019 licencias turísticas para todos los pisos de un bloque de su propiedad, a raíz de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya se pronunció contra el PEUAT por un defecto de forma. La decisión fue recurrida por el Ayuntamiento de Barcelona ante el Tribunal Supremo, de modo que el equipo de gobierno interpretó que el PEUAT seguía vigente hasta que se pronunciara esa instancia superior. Fue en ese paréntesis en el que se solicitaron las nuevas licencias, a las que la administración municipal respondió con lo que técnicamente se conoce como una “inadmisión. Esa respuesta es la que Inmobiliaria Gallardo llevó por otra vía judicial hasta que un juez, sin dar opción a ningún recurso, obligó al Ayuntamiento de Barcelona a dar por buenas esas solicitudes.

De protección oficial a piso turístico por solo 230 euros

La pregunta de Maragall, formulada por escrito, va justo en esa línea. ¿Alguien más pidió licencias y le fueron denegadas? Si así fue, ¿puede haber más sentencias desfavorables? A esas dos preguntas, el ayuntamiento dice que, como consecuencia de la descentralización de los servicios municipales, no puede todavía responder. Por poner un ejemplo, si el distrito de Poblenou no admitió una solicitud, ese dato no está recogido en una base de datos centralizada y, menos aún , si ese caso fue llevado por el afectado ante la justicia.

Maragall reclama explicaciones a “Colau y Collboni” (la campaña es la campaña), pero se posiciona inequívocamente sobre la cuestión de fondo. “Este caso daña a los vecinos que quedarán en el edificio, pero también a todos los que queremos que Barcelona no pierda su esencia. Alguien no ha hecho bien su trabajo y ahora los lobos se aprovechan. La pregunta es si esto puede volver a pasar en otro edificio”. Y, dicho esto, no ha desaprovechado la ocasión de recordar “la barra libre” que en materia de pisos turísticos se practicó durante la etapa de Xavier Trias como alcalde de Barcelona, cuando de 1.000 licencias se pasó en solo tres años a 9.000 y, además proliferaron los apartamentos turísticos ilegales, unos 4.000, erradicados contra pronóstico estos últimos años.

La posición de Trias

Trias ha delegado en primera instancia en uno de sus principales colaboradores para mediar en esta polémica, en Jordi Martí. En su opinión, “una vez más se demuestra que las normas que aprueba el gobierno de Ada Colau están mal hechas”, y en ese sentido ha recordado que su formación política votó en contra del PEUAT. “Hay un claro divorcio entre el discurso triunfalista de la protección de la gentre para evitar la gentrificación y los resultados reales, como la gentrificación que se está produciendo en este momento”.

Collboni

Otro actor crucial en esta polémica que resurge en plena precampaña es el socio de gobierno de Colau, Jaume Collboni, quien ha preferido ver el vaso de los resultados en materia de control de los excesos turísticos mucho más que medio lleno. Ha atribuido lo sucedido en la calle de Tarragona a ese paréntesis que se abrió entre la aprobación de la primera versión del PEUAT y la segunda, pero ha recordado que en paralelo el gobierno de coalición consiguió eliminar casi absolutamente los apartamentos turísticos ilegales, poner fin a la cronificación del top manta y atajar la proliferación del negocio sin licencia de los ‘trixies’.

El alcadable del PP, Daniel Sirera, ha marcado kilométricas distancias con ese punto de vista: "Las sentencias de los tribunales deben respetarse y cumplirse. Entiendo que Colau y Collboni prefieran las alcaldadas, pero han tenido que ser los jueces los que corrijan otra chapuza del gobierno municipal".