Un bosque con 2.000 árboles enterrará el amianto y los residuos peligrosos de Catalunya

Un corzo aparece fugaz tras la valla. Corre y da brincos antes de desaparecer en una arboleda de la Conca d’Òdena, a unos seis kilómetros del centro de Igualada. Se avistan carrascales, pinares y huertos detrás de la cerca, también un pequeño olivar pegado a la reja. En cambio, no hay vegetación a este otro lado de la alambrada, de casi un kilómetro y medio de extensión y que envuelve las 16 hectáreas del vertedero de Can Palà, en Castellolí. Es el único terreno en Catalunya donde se autoriza arrojar y enterrar residuos industriales peligrosos, incluido todo el amianto que se retira en la comunidad y las cenizas de tres incineradoras de basura urbana. 

La parcela encara la que, por ahora, se prevé que sea la última década en que funcione como basurero. “La concesión es hasta 2035, pero la vida de la instalación acabará entre 2032 o 2034, cuando finalice el relleno”, estima Xavier Mundet, gerente de Atlas Gestión Medioambiental, la empresa encargada de Can Palà. 

Tras la clausura, el lugar tiene que mudar de aspecto. Se pronostica que, a partir de 2030, empiece a plantarse vegetación y que, después de tres décadas de chequeos posteriores al cierre, millones de toneladas de desperdicios queden sepultados bajo 2.080 árboles -serán carrascos, pinos y encinas-, 27.050 ejemplares de plantas y arbustos -enebro, lentisco, romero, tomillo...- y, también, cultivos de secano. Se escogerán de raíz corta, para que no atraviesen el manto de arcilla, láminas geosintéticas, drenajes y tierras vegetales que aislarán los escombros. 

Todo basurero suele acabar con plantaciones encima para ser camuflado e igualado con el paisaje. La salvedad en este caso es que lo que la espesura cubrirá serán las sustancias más tóxicas que siguen trasladándose a un depósito en Catalunya, tras ser tratadas para que no resulten corrosivas, inflamables o explosivas. “No debe haber ninguna interferencia entre los cultivos y la masa de residuos. Habrá siete u ocho metros de capas superficiales de protección”, puntualiza Mundet. 

Controles hasta 2062

El desenlace que Castellolí vislumbra en el horizonte plantea retos sobre la gestión de residuos. El acceso al paraje se restringirá al menos hasta 2062, mientras se practiquen inspecciones mensuales, semestrales y anuales para comprobar si se esparce contaminación a la atmósfera y las aguas subterráneas.  

“Estos depósitos se construyen en zonas donde es improbable que haya actividad sísmica, con lo que quedan confinados bajo tierra y no tienen que dar ningún problema”, explica Joaquim Rovira, profesor de Toxicología de la Universitat Rovira i Virgili. “Ahora bien, no es la solución ideal para ningún tipo de residuo. Es como levantar un poco la alfombra y meter la basura debajo”, compara. 

Rovira ha participado en estudios sobre las emisiones del basurero de restos peligrosos: “En líneas generales, se encuentran niveles más elevados de dioxinas y metales dentro del vertedero pero, cuando salimos, los niveles descienden. En las dos poblaciones más próximas, Castellolí y Òdena, tienen niveles normales, como los de otros municipios”.  

El Govern que surja de las elecciones del 12 de mayo tendrá que resolver dónde se transportan los despojos industriales que se sigan generando de aquí a una década, cuando venza el permiso en Castellolí. Fuentes de la Generalitat expresan a EL PERIÓDICO que es “un melón” pendiente de abrir a partir de la próxima legislatura. 

A su vez, señalan que sería factible abarcar más terreno en la población de la Anoia para seguir trasladando desechos y que también cabe la posibilidad de optar por otra ubicación. Mundet dice que Atlas quiere prestar servicio más allá de la concesión actual: “Trabajamos las diferentes alternativas con la administración para darle continuidad”.  

150.000 toneladas al año

Unas 150.000 toneladas de desechos van a parar cada año a Castellolí. Recibe escombros de suelos que se declararon contaminados, lodos industriales y concentraciones hasta tres veces superiores de metales pesados, entre otros componentes nocivos. Desde 2005, van rellenando el hoyo que se excavó hasta 20 metros de profundidad en el solar. 

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Se espera que el foso se haya cubierto hacia mediados de 2025 y los desechos acumulados comiencen entonces a alzarse por encima del nivel en que se cavó la superficie. Se colocarán de tal modo que vayan levantando una colina, con vías para que circulen vehículos y maquinaria. Cuando se selle, medirá 18 metros de altitud.  

La Generalitat tiene una petición de Atlas sobre la mesa para que la capacidad de Can Palà aumente un 23,9%, hasta 2,62 millones de metros cúbicos. De aprobarse, el margen que le queda para almacenar desperdicios se doblará de unas 600.000 toneladas a 1,2 millones.  

El incremento debe aligerar la digestión del desmantelamiento obligatorio de amianto, que la Unión Europea exige erradicar de aquí a 2032. Aun así, queda más asbesto por eliminar que el que el depósito podrá admitir, por lo que puede que la ampliación no sea suficiente. “Sí lo será para una parte importante. Por otro lado, trabajamos con la administración para que siempre haya espacio disponible”, comenta Mundet. 

El amianto representa entre un 10% y un 15% de todos los residuos que llegan a Castellolí. A su vez, los envíos del material insalubre al depósito aumentan entre un 5% y un 10% por año. Suele recoger unas 2.000 toneladas al mes.

La barrera que rodea a Can Palà continuará al menos cuatro décadas más. Quizá entonces pueda levantarse si el subsuelo no da síntomas amenazadores y, ya bien avanzado el siglo XXI, abrir el paso al bosque que se haya formado. “No hemos ido al escenario de 2062. En función de la evolución, decidiremos”, dice Mundet.

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