Medida necesaria

El Govern pretende ampliar el vertedero para amianto del Anoia, el único que existe en Catalunya

Las solicitudes de empresas y particulares presentadas a la Generalitat para retirar amianto superan la partida presupuestada

Catalunya no tiene a día de hoy lugar donde depositar todo el amianto que quiere eliminar

"Mi familia lo lleva en la venas y yo aún convivo con él"

21.03.2023 Castelloli(Can Pala) Empresa Atlas Xavier Mundet Único vertedero de residuos peligrosos de Catalunya que recibirá todo el amianto que quiere retirar la Generalitat Fotos: Marc Vila

21.03.2023 Castelloli(Can Pala) Empresa Atlas Xavier Mundet Único vertedero de residuos peligrosos de Catalunya que recibirá todo el amianto que quiere retirar la Generalitat Fotos: Marc Vila / MARC VILA

Guillem Costa

Guillem Costa

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La Generalitat ya trabaja para ampliar el único vertedero controlado existente para almacenar el amianto que se retira. El depósito de Can Palà se encuentra en Castellolí (Anoia) y lo gestiona la empresa ATLAS. Ahora mismo, tiene capacidad para recibir un millón de toneladas de fibrocemento en los próximos años. El problema es que en Catalunya todavía hay cuatro millones de toneladas de amianto pendientes de retirar.

El depósito de Can Palà tiene capacidad para un millón de toneladas, pero hay cuatro millones de toneladas pendientes de retirar

Isaac Peraire, director de la Agència de Residus de Catalunya, asegura que se está estudiando cómo hacerlo: "Somos conscientes de la situación y estamos en vías de solucionarla conjuntamente con la empresa. Trabajamos para que este depósito pueda tener más espacio disponible". La otra opción sería abrir un nuevo vertedero controlado de residuos tóxicos y peligrosos, pero parece mucho más viable ampliar el actual, que ya este tiene toda la infraestructura necesaria para tratar elementos como el amianto.

Abrir nuevas instalaciones de este tipo no es un procedimiento fácil que se resuelva en poco tiempo. Se requiere burocracia y trámites ambientales, urbanísticos y municipales, que no siempre son sencillos de obtener.

Solicitudes desbordadas

"Eliminar el amianto es una obligación, y además hay voluntad política para lograrlo", destaca Peraire. En las convocatorias ofrecidas por la Generalitat para dar subvenciones que permitan la retirada de este material, se acumulan más de 3.200 solicitudes y ya se han pedido 65 millones de euros, más cantidad del tope que había presupuestado inicialmente el Govern (50 millones).

Retirada de amianto en un edificio

Restos de tejados de amianto. / El Periódico

Según Peraire, esto demuestra que hay interés por parte de empresas y particulares: "Son casos de personas que han decidido retirar el amianto, pero a veces no tienen las herramientas económicas ni técnicas al alcance, por esto la Generalitat debe seguir ofreciéndolas". Hasta el momento no se había puesto en marcha una inversión de esta magnitud para erradicar el amianto.

La idea es dar la posibilidad de que la gente pueda sustituir sus tejados de amianto por placas fotovoltaicas. De los 50 millones de euros, 40 van destinados a industrias, granjas o edificios donde trabajan agricultores, por lo que, en muchos casos, la podrán aprovechar pequeñas empresas del sector primario. Los otros 10 millones están pensados para particulares que también quieran eliminar cubiertas de amianto, aunque, en este caso, la sustitución por placas fotovoltaicas no irá incluida.

Obligación europea

La Unión Europea exige que en el año 2028 ya no quede amianto en edificios públicos y que se elimine completamente de todas las estructuras en 2032. Un reto para las administraciones, ya que ahora mismo se calcula que en Catalunya quedan más de 4 millones de toneladas de amianto.

El vertedero de Castellolí ahora mismo tiene más de la mitad de su capacidad ocupada. De 2,3 millones de metros cúbicos posibles, tienen llenos 1,3 millones. Y hay que tener en cuenta que el amianto solamente supone aproximadamente una pequeña parte (un 15%) de lo que se acumula en este depósito. 

El depósito tiene un margen de vida útil de 10 años para seguir dando servicio público. Llegado el momento, este límite también se puede ampliar si el Departament d'Acció Climàtica y la empresa lo consideran pertinente.