'Caso Tersa': qué sabemos de la investigación sobre la contaminación en la incineradora

El Juzgado de Instrucción número 5 de Badalona es el que se encarga de investigar la presunta emisión de partículas y sustancias contaminantes por encima de los límites legales en la planta de incineración de residuos Tersa, en el límite de Sant Adrià de Besòs y Barcelona. La causa se abrió a raíz de la denuncia por presunto delito ecológico que el servicio de medio ambiente de la fiscalía interpuso en marzo de 2022 y que iba dirigida contra el concejal de Emergencia Climática en el Ayuntamiento de Barcelona y presidente de la empresa, Eloi Badia, y el jefe de explotación de la fábrica, F. R. G.. La acusación pública tomó esa decisión al agotar las pesquisas internas que se iniciaron en 2018 por una denuncia previa de la plataforma vecinal Aire Net. “En la zona en la que vivimos tenemos niveles de amianto, plomo, ceniza, mercurio y otras sustancias peligrosas muy superiores a las que recomienda la OMS”, aseguró Silvina Frucella, presidenta de la entidad.

La investigación pretende esclarecer si la planta se excedió en las emisiones de partículas y sustancias contaminantes entre 2015 y 2019, exponiendo la salud de los vecinos de los barrios próximos a un presunto “riesgo grave”, según la denuncia de Fiscalía. El Ministerio Público acusa a Badia y al jefe de explotación de tolerar presuntamente prácticas contrarias a la normativa ambiental, al ser los máximos responsables de la gestión de la compañía.

La tesis de la acusación pública, la Guardia Civil y la acusación ejercida por Aire Net es que la incineradora contaminó presuntamente de más al quemar basuras en numerosas ocasiones por debajo de 850 grados centígrados. Se trata de la temperatura apta para descomponer los desperdicios y minimizar la expulsión de sustancias contaminantes a la atmósfera.

Resulta central precisar si el algoritmo que sirve de base para calcular la temperatura para quemar los residuos estaba homologado y si se ajusta a los parámetros legales. Tersa defiende la validez del método y asegura que cuenta con aval de la Generalitat. En sus últimas estadísticas, la empresa señala que se halla muy por debajo del tope permitido de emisión de contaminantes.

El pasado 11 de abril, Badia declaró ante la jueza que la planta cumplía con la normativa y la autorización medioambiental del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat. También compareció en el juzgado el jefe de explotación de esa compañía, F. R. G., que también está siendo investigado. La declaración de Badia duró unos 10 minutos y las preguntas a las que fue sometido estaban vinculadas a cuestiones técnicas y de funcionamiento de la incineradora. No pudo responder sobre estos extremos, ya que él, como presidente de la empresa pública, desconoce esas cuestiones al detalle, según declaró. 

El abogado de Badia, Juan Antonio Rosell, aseguró que la Generalitat, a través de la 'conselleria' de Acció Climàtica, había avalado las medidas adoptadas por la planta de residuos para evitar la contaminación atmosférica. "No hay combustión ilegal, sino una controversia en la medición de la temperatura" que, precisó, está validada por la Administración catalana. "El régimen de combustión es, precisamente, para asegurar que no se libere en la atmósfera una serie de contaminantes", recalcó el letrado. Así, sostuvo que la planta cumple con los límites establecidos por la normativa medioambiental y avaló el "correcto" funcionamiento de la planta de residuos, a su entender, "modélica a nivel europeo".

La planta trató 337.490 toneladas de residuos en 2022, según datos de Tersa. La fábrica recibe desechos de la capital y su conurbación para reducirlos mediante combustión, con la que se genera electricidad y vapor. Se produjeron 192.958 megavatios hora de energía eléctrica y 122.632 toneladas de vapor que nutren una red que abastece de energía térmica a edificios del Fòrum y el distrito 22@.

Los residuos que arden provienen de los Ecoparcs de Barcelona, Badalona y Santa Coloma de Gramenet y la planta de trasvase de Gavà y Mercabarna. En síntesis, se queman residuos procedentes de hogares que se arrojan a la fracción de resto, es decir, al contenedor gris y que no tienen opción de ser reciclados.

No obstante, un dictamen pericial de la Guardia Civil advirtió que, al menos en 2017 y 2018, se fundieron residuos para los que la planta no disponía de autorización. Fueron “residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, medicamentos, residuos sanitarios, así como un pequeño porcentaje de residuos peligrosos”, enumera. Por su parte, la empresa sostiene que a sus instalaciones no llegan desechos de origen industrial ni acceden de forma indiscriminada.

Agentes de la Guardia Civil inspeccionaron la incineradora de Tersa el pasado 10 de mayo. Accedieron a las instalaciones después de que la Audiencia de Barcelona considerara pertinente la intervención policial y enmendara una resolución de la jueza instructora de Badalona, que denegó la petición de dictar la orden de entrada y registro que el cuerpo solicitó. La magistrada la consideró desproporcionada.

El mandato judicial facultó a los agentes para que verificaran la concordancia entre el algoritmo que calcula el calor al que arde la basura y los métodos de control de temperatura; el uso de carbón activo para absorber dioxinas, furanos y metales pesados; comprobar que la descarga de cenizas se efectúa con seguridad, y examinar el sistema automático de mediciones y el funcionamiento general de la planta. Justo el día antes de acudir a la central, la Guardia Civil pidió ampliar el mandato de entrada y solicitó clonar los datos originales transmitidos a la Xarxa d'Emissions Atmosfèriques de Catalunya (XEAC), dependiente de la Generalitat y que envió millones de datos sospechosos de ser erróneos al juzgado. La coma de los decimales se omitió por un descuido.

La Guardia Civil se llevó los valores que Tersa comunicó a la Generalitat tras más de 10 horas de registro. Los agentes mostraron interés por conocer el porqué de las temperaturas desorbitadas que, a tenor de las hojas de cálculo que el Departament d'Acció Climàtica remitió a la jueza, se habrían alcanzado en diferentes fechas de 2019 a 2021 para calcinar desechos. Son niveles entre 4.000 y 9.900 grados que, según científicos consultados, es imposible que ningún material conocido en la Tierra pueda soportar. Los abogados de la empresa admitieron que, en ocasiones, el algoritmo arroja resultados "irreales", según explican fuentes consultadas.