'Caso Tersa': qué sabemos de la investigación sobre la contaminación en la incineradora

El proceso judicial

El Juzgado de Instrucción número 5 de Badalona se encarga de investigar la presunta emisión de partículas y sustancias contaminantes por encima de los límites legales en la planta de incineración de residuos Tersa, en el límite de Sant Adrià de Besòs y Barcelona. La causa se abrió a raíz de la denuncia por presunto delito ecológico que el servicio de medio ambiente de la Fiscalía interpuso en marzo de 2022 y que iba dirigida contra el exconcejal de Emergencia Climática en el Ayuntamiento de Barcelona, expresidente de la empresa y actual diputado de Sumar en el Congreso, Eloi Badia, y F. R. G., jefe de explotación de la fábrica. La acusación pública tomó esa decisión al concluirse las pesquisas del cuerpo especializado en medio ambiente de la Guardia Civil, el Seprona, iniciadas en 2018 por una denuncia previa de la plataforma vecinal Airenet. “En la zona en la que vivimos tenemos niveles de amianto, plomo, ceniza, mercurio y otras sustancias peligrosas muy superiores a las que recomienda la OMS”, aseguró Silvina Frucella, presidenta de la entidad.

Qué se investiga

La investigación pretende esclarecer si la planta se excedió en las emisiones de partículas y sustancias contaminantes entre 2015 y 2019, exponiendo la salud de los vecinos de los barrios próximos a un presunto “riesgo grave”, según la denuncia de Fiscalía. El Ministerio Público acusa a Badia y al jefe de explotación de tolerar presuntamente prácticas contrarias a la normativa ambiental, al ser los máximos responsables de la gestión de la compañía.

La tesis de la acusación pública, la Guardia Civil y la acusación ejercida por Airenet es que la incineradora contaminó presuntamente de más al quemar basuras en numerosas ocasiones por debajo de 850 grados centígrados. Se trata de la temperatura apta para descomponer los desperdicios y minimizar la expulsión de sustancias contaminantes a la atmósfera.

Resulta central precisar si el algoritmo que sirve de base para calcular la temperatura para quemar los residuos estaba homologado y si se ajusta a los parámetros legales. Tersa defiende la validez del método y asegura que cuenta con aval de la Generalitat. En sus estadísticas, la empresa señala que se halla muy por debajo del tope permitido de emisión de contaminantes.

Las explicaciones

En abril de 2023, Badia declaró ante la jueza que la planta cumplía con la normativa y la autorización medioambiental del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat. También compareció en el juzgado el jefe de explotación de esa compañía, F. R. G., que también está siendo investigado. La declaración de Badia duró unos 10 minutos y las preguntas a las que fue sometido estaban vinculadas a cuestiones técnicas y de funcionamiento de la incineradora. No pudo responder sobre estos extremos, ya que él, como presidente de la empresa pública, desconoce esas cuestiones al detalle, según declaró. 

El abogado de Badia, Juan Antonio Rosell, aseguró que la Generalitat, a través de la conselleria de Acció Climàtica, había avalado las medidas adoptadas por la planta de residuos para evitar la contaminación atmosférica. "No hay combustión ilegal, sino una controversia en la medición de la temperatura" que, precisó, está validada por la Administración catalana. "El régimen de combustión es, precisamente, para asegurar que no se libere en la atmósfera una serie de contaminantes", recalcó el letrado. Así, sostuvo que la planta cumple con los límites establecidos por la normativa medioambiental y avaló el "correcto" funcionamiento de la planta de residuos, a su entender, "modélica a nivel europeo".

Toneladas de residuos

La planta trató 342.827 toneladas de residuos en 2023, según datos de Tersa. La fábrica recibe desechos de la capital y su conurbación para reducirlos mediante combustión, con la que se genera electricidad y vapor. En 2022, se produjeron 192.958 megavatios hora de energía eléctrica y 122.632 toneladas de vapor que nutren una red que abastece de energía térmica a edificios del Fòrum y el distrito 22@.

Los residuos que arden provienen de los Ecoparcs de Barcelona, Badalona y Santa Coloma de Gramenet y la planta de trasvase de Gavà y Mercabarna. En síntesis, se queman residuos procedentes de hogares que se arrojan a la fracción de resto, es decir, al contenedor gris y que no tienen opción de ser reciclados.

No obstante, un dictamen pericial de la Guardia Civil advirtió que, al menos en 2017 y 2018, se fundieron residuos para los que la planta no disponía de autorización. Fueron “residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, medicamentos, residuos sanitarios, así como un pequeño porcentaje de residuos peligrosos”, enumera. Por su parte, la empresa sostiene que a sus instalaciones no llegan desechos de origen industrial ni acceden de forma indiscriminada.

El informe de la Guardia Civil

Agentes de la Guardia Civil inspeccionaron la incineradora de Tersa en mayo de 2023. Accedieron a las instalaciones después de que la Audiencia de Barcelona considerara pertinente la intervención policial y enmendara una resolución de la jueza instructora de Badalona, que denegó la petición de dictar la orden de entrada y registro que el cuerpo solicitó. La magistrada la consideró desproporcionada.

El mandato judicial facultó a los agentes para que verificaran la concordancia entre el algoritmo que calcula el calor al que arde la basura y los métodos de control de temperatura, entre otros pormenores del funcionamiento de la fábrica. Justo el día antes de acudir a la central, la Guardia Civil pidió ampliar el mandato de entrada y solicitó clonar los datos originales transmitidos a la Xarxa d'Emissions Atmosfèriques de Catalunya (XEAC), dependiente de la Generalitat y que envió millones de datos sospechosos de ser erróneos al juzgado. La coma de los decimales se omitió por un descuido: según la Generalitat, se debió a un fallo porque el ordenador con el que se volcó parte de los datos estaba configurado en inglés.

La Guardia Civil se llevó los valores que Tersa comunicó a la Generalitat tras más de 10 horas de registro. Después de medio año indagando en la documentación recabada, un informe del Seprona concluyó que los balances de la empresa de 2017 a 2022 contienen datos de temperaturas "anormales" y "aberrantes" para calcinar desechos.

Se trata de niveles desorbitados, entre 4.000 y 9.900 grados. Según científicos consultados, es imposible que ningún material conocido en la Tierra pueda soportar tales temperaturas. "No se puede justificar por medios físicos", coincide el Seprona. Los abogados de la empresa admitieron que, en ocasiones, el algoritmo arroja resultados "irreales", según explican fuentes consultadas. Se trata de un dato clave para certificar que los desechos arden a un nivel de calor adecuado para prevenir que se irradien dioxinas y furanos cancerígenos.

"Riesgo" para la salud

El informe de la Guardia Civil entregado a la jueza instructora advierte que, debido a "la existencia de gran cantidad de datos anómalos" en los balances de Tersa, "no es posible dar fiabilidad a que los procesos de combustión se estén dando de manera tal que aseguren la destrucción de contaminantes como las dioxinas y furanos", ambos cancerígenos. En ese sentido, la pericial alerta de que, "no superar el umbral crítico de temperatura de destrucción de dioxinas y furanos", implica "un riesgo de emisión" de ambas partículas "a la población".

La posible dispersión de ambos restos tóxicos "puede perjudicar significativamente el equilibrio de los sistemas naturales" y "un riesgo de perjuicio para la salud de las personas". El mismo dictamen de la Guardia Civil afirma que las condiciones en que se queman los desperdicios hace que "las poblaciones que viven cerca de incineradoras se encuentren expuestas" a "sustancias químicas peligrosas".

Asimismo, cita estudios que, de modo genérico, alertan que el entorno de las plantas de cremación de basura "tiene impacto a nivel cromosómico, un aumento de personas con cáncer, además de un aumento de la mortalidad por cáncer de pulmón, laringe e hígado". Añade que "también se han observado problemas respiratorios y enfermedades pulmonares", así como "malformaciones congénitas, como labio leporino, espina bífida y niveles bajos de hormonas tiroideas en niños".