Investigación judicial

La fiscalía denuncia a la incineradora de residuos de Sant Adrià por contaminación

  • La demanda va dirigida contra el presidente de la empresa pública Tersa y concejal de Barcelona Eloi Badía, así contra el jefe de explotación de la compañía

La planta de tratamiento de residuos urbanos de Sant Adrià del Besós, cerca del Fòrum. 

La planta de tratamiento de residuos urbanos de Sant Adrià del Besós, cerca del Fòrum.  / MANU MITRU

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J. G. Albalat
J. G. Albalat

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La Fiscalía de Barcelona ha presentado una denuncia contra el concejal de emergencia climática del ayuntamiento de la capital catalana y presidente de la empresa pública Tersa, Eloi Badía Casas, por un delito ecológico por la supuesta emisión de partículas contaminantes de la planta de tratamiento de residuos urbanos ubicada en la población de Sant Adrià del Besós. La demanda, que ha sido admitida a trámite por un juzgado de Badalona y a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, también va dirigida contra el jefe de explotación de esta compañía, F. R. G., pero no se descarta ampliarla a más personas. El togado ha solicitado a la dirección general de Qualitat Ambiental de Generalitat datos de emisión de contaminantes a la atmosfera desde 2017, así como un informe técnico sobre un aspecto contrato.

La denuncia expone que los dos denunciados, como responsables máximos de Tersa, “habrían estado realizando y/o tolerando conscientemente” una serie de prácticas “contrarias a la normativa ambiental” y que “podrían estar suponiendo un riesgo grave para las personas que viven en el entorno” de la Planta de Valorización Energética y para el medio ambiente. Esta empresa está participada por Barcelona Serveis Municipals (BSM) y el Área Metropolitana de Barcelona. Las instalaciones entraron en funcionamiento en 1975. La Generalitat le concedió en 2007 autorización para quemar residuos sólidos hasta de tres toneladas la hora.

La fiscalía de Medio Ambiente sostiene que la empresa no estaría realizando el correcto control de la temperatura de los gases de combustión en la quema de residuos, que no debe bajar de los 850 grados durante los dos segundos, como mínimo. La planta estaría utilizando, en vez de una medida concreta, un cálculo basado en algoritmos, sin que conste que la Generalitat, como administración competente, haya validado esa fórmula para medir la temperatura. A raíz de esa falta de control, según la denuncia, se estaría produciendo la emisión de compuestos contaminantes con unas concentraciones superiores a las permitidas.

Las pesquisas

La investigación de la fiscalía se inició en mayo de 2018 a raíz de la denuncia presentada por los representantes de la coordinadora vecinal metropolitana Airenet, que aglutina a varias asociaciones y entidades de las localidades de Barcelona, Sant Adrià del Besòs y Badalona y en la que se manifestaba que la planta podría estar funcionando “con prácticas irregulares” y se estarían generando unos niveles de emisión de contaminantes, especialmente dioxinas y furanos, muy elevados. Las pesquisas fueron encargadas al Seprona de la Guardia Civil. En estas instalaciones, detalla el ministerio público, se realizan “de ordinario” procesos de tratamiento térmico o incineración de los residuos municipales y generación de energía. Dispone de tres líneas de incineración y emite por su chimenea principal, insiste, “numerosas partículas y gases contaminantes durante ese proceso de combustión”.

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En las diligencias de investigación abiertas por la fiscalía se han incorporado los archivos de las temperaturas de cada uno de los tres hornos y transmitidas a tiempo real a la Xarxa d'Emissions a la Atmosfera de Catalunya desde 2015 a 2019. De estos datos, se desprende que “en numerosas ocasiones las temperaturas de los hornos han sido inferiores a los 850 grados”, sin que se pueda constatar, conforme al cálculo algorítmico y que no consta validado, que se garantizaran los niveles de temperatura exigidos en la normativa “con el grave riesgo de que esto podría suponer”. 

La denuncia relata que en marzo de 2018 técnicos de la Generalitat realizaron durante varios días una inspección y que en ella se detectaron “diversas irregularidades”. Por ello, se requirió a los responsables de la empresa para que pusieran en marcha automáticamente los quemadores auxiliares cuando la temperatura de la cámara de combustión bajara de los 850 grados, bloquearan la alimentación siempre que no se alcanzara la citada temperatura en el interior del horno y tramitaran unos ficheros correctamente. El Ayuntamiento de Barcelona no ha querido hacer comentario sobre la denuncia al no tener conocimiento de la misma.