Las licencias de pisos turísticos dejarán de ser perpetuas en Catalunya

La Generalitat ha decidido modificar la regulación que afecta a los pisos de uso turístico con el fin de frenar su expansión e incluso reducir el parque existente, a la vista de que el uso económico de la vivienda está afectando de forma negativa al uso residencial. Es decir, que allí donde hay muchos pisos turísticos faltan para la población local o alcanzan unos precios de alquiler que resultan prohibitivos.

Para ello, el Govern ha aprobado este martes un decreto ley elaborado por la Conselleria de Territori, y si este logra el apoyo necesario en el Parlament, los poseedores de una licencia de piso turístico dejarán de disponer de ella de forma permanente y deberán lograr una licencia urbanística dentro de los próximos cinco años para mantenerla. Hasta ahora bastaba con un comunciado. Cada cinco años tendrán que renovarla, y en función de la localidad eso les puede costar más o menos. También podrán ser eliminadas. La norma afectará a 262 municipios que suman 95.000 de los 102.000 pisos turísticos que hay en Catalunya.

Collboni y Colau

El abordado es un fenómeno claramente manifestado en Barcelona, donde el gobierno de Jaume Collboni y antes el de Ada Colau han reclamado al Gobierno catalán ayuda para intervenir en el auge de licencias. En el caso de la capital catalana, actuar retroactivamente, ya que hace años que no se conceden nuevos permisos. Hay cerca de 9.000 en la ciudad.

De cada municipio dependerán las condiciones que impone para la concesión de la licencia urbanística, mediante un sistema de concurrencia, lo que abre la puerta a que cada uno decida qué hace con su parque actual.

Compensaciones

Con la nueva norma autonómica, anunciada este martes por la ‘consellera’ de Territori, Ester Capella, las viviendas de uso turístico que no obtengan la nueva licencia renovable tendrán que dar por acabada su actividad. Como mucho podrán reclamar una compensación en función de lo invertido para alquilarlo, pero el Govern considera que no serán relevantes porque en general no se registran gastos muy elevados para poner a punto uno de estos pisos y ponerlo en alquiler. Se contempla la posibilidad de una prórroga de cinco años en casos en los que se acredite una inversión considerable.

Máximo 10 pisos por cada 100 vecinos

Sin embargo, los consistorios, no tendrán todo el margen, ya que el decreto fija un límite superior: ningún municipio catalán podrá tener más de 10 pisos turísticos por cada 100 habitantes. En cambio, no lo establece inferior: cada ayuntamiento decidirá qué planificación impone para la obtención de la licencia urbanística, lo que abre la puerta a que alguno decida reducir el número actual o a no permitir ni un solo piso turístico.

El Govern ha precisado que en 47 municipios se supera el límite de 10 pisos por 100 habitantes, y que 28.000 pisos tendrán que perder la licencia para que se respete la restricción. Es decir, 28.000 del total de 102.000 que hay en Catalunya y de los 95.000 que hay en los municipios afectados por el decreto aprobado. Pero fuera de esos 47 municipios, la cifra no alcanza el límite, y por lo tanto podría incrementarse si el ayuntamiento de turno decide apostar por ello.

El caso de Barcelona

En Barcelona, por ejemplo, la proporción 10 pisos por 100 habitantes permitiría un parque sustancialmente superior al actual, de hasta 160.000 pisos frente a los 9.000 que hay. Eso significa que el decreto no obliga a la capital catalana a reducir esa cifra.

Sin embargo, la regulación abre la puerta a que el ayuntamiento revise las cifras actuales y las modifique a la baja por la vía de establecer unas normas que así lo determinen. Aunque está por ver cómo lo encararán los grupos, existe un acuerdo amplio, por lo menos compartido por el PSC, ERC y Barcelona en Comú, sobre que los pisos turísticos generan efectos negativos sobre el acceso a la vivienda.

262 municipios

Porque la nueva norma será de aplicación en 262 municipios elegidos en función de dos criterios: presentar dificultad de acceso a la vivienda y contar con una concentración de pisos de uso turísticos de más de cinco por cada 100 habitantes. De la lista de 262 hay 140 que viven la primera situación y 134 la segunda. Varios tienen los dos problemas. Desde la entrada en vigor del decreto hasta que desarrollen sus normativas, los consistorios no podrán conceder más licencias.

De los 262, 85 municipios ya han aplicado algún tipo de regulación para frenar el incremento de licencias de piso turístico, cada uno a su manera: 54 mediante tramitación urbanística y 31 por la vía de las ordenanzas. Ahora, con el nuevo decreto, todos contarán con un paraguas para actuar.