La Generalitat promete 10.000 pisos de alquiler social en 82 municipios en 2026

Solo un 2% de las viviendas de Catalunya son de titularidad pública o se definen como pisos sociales. El índice en el conjunto de la Unión Europea asciende al 9,3%, aunque algunos países miembros acreditan porcentajes aún mayores, como Dinamarca, donde la cifra escala al 20%. La Generalitat no atisba equipararse a la media comunitaria, solo tratar de acercarse a muy largo plazo. 

El Govern de Pere Aragonès se marca un objetivo a cumplir en una fecha remota, en 2042, cuando aspira a que el 7% del parque sean pisos sociales, aún por debajo del promedio actual en el club de la UE. También queda lejos de la tasa que Catalunya se fijó como meta hace 16 años en la ley del derecho a la vivienda, en que se exigió alcanzar un 15% de domicilios destinados a políticas sociales en 2027. A falta de cuatro años, se da por descontado que el compromiso quedará en nada.

El ejecutivo de ERC estima que 182.000 pisos sociales se incorporarán en las próximas dos décadas a los 55.000 existentes ahora. Por lo pronto, se propone comenzar a mitigar el margen abismal que separa a Catalunya de sus vecinos europeos edificando, adquiriendo o estimulando la construcción de unos 10.000 domicilios de alquiler social de aquí a 2026. A lo largo de las últimas décadas, el sector público se ha desprovisto de viviendas de protección oficial, de vigencia limitada antes de ser traspasadas. Catalunya pasará de contar con 72.501 pisos protegidos en 2021 a 36.031 en 2030 y 18.830 en 2040, según datos del Observatorio DESC y el Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona. La Generalitat incide ahora en que conservará la propiedad en todo caso.

Aragonès ha desvelado este viernes que el Ejecutivo catalán se propone invertir para ampliar el mercado de vivienda social en 82 municipios. En todo caso, el Govern no concreta cuántos domicilios más poseerá en cada población. Sí calcula que tendrá que dedicar al menos 350 millones de euros en gasto directo y 180 millones en ayudas para agrandar la provisión en los próximos tres años. Por el momento, presupuesta 183 millones de euros para políticas de vivienda en 2023. 

Fuentes del Departament de Territori indican que se priorizará aumentar la dotación donde más urgencia se detecta, por falta de alquiler asequible y porque las fórmulas para subsanar necesidades se han revelado insuficientes. La mayoría de localidades se concentra en la costa y el entorno de Barcelona, donde la Generalitat también prevé incrementar el número de domicilios de uso social. De todas formas, el Govern no ha concretado con cuántos más contará la capital catalana.

El reproche de Colau

La alcaldesa Ada Colau ha acusado con frecuencia a la Generalitat de desatender sus obligaciones para ensanchar el circuito de pisos públicos: la edil afirma que el Govern solo ha proyectado 40 en la ciudad mientras el consistorio levanta unos 2.000. Fuentes de Territori evitan confirmar y valorar las cantidades que Colau ha difundido, si bien admiten que se requieren cambios para captar vivienda que sofoque la alta demanda en la urbe. 

La Generalitat recalca que el plan se expande más allá de Barcelona y su área metropolitana. Engloba también poblaciones del Camp de Tarragona (Reus y Tarragona), Terres de l’Ebre (Tortosa), Terres de Ponent (Lleida, Artesa de Segre y Balaguer), el Pirineo (Martinet) y la provincia de Girona (Blanes, Lloret de Mar y Girona). 

Territori, competente en las políticas de vivienda, se reta a concluir 2023 con al menos 2.600 viviendas más en su haber, ya sea comprándolas o ejerciendo el derecho de tanteo y retracto, en que la Administración tiene preferencia para hacerse con propiedades, como las que están inmersas en ejecuciones hipotecarias. El Incasòl, que gestiona terrenos y patrimonio de la Generalitat, destinará 100 millones de euros para adquirir 1.000 domicilios y la Agència de l’Habitatge de Catalunya, otros 50 millones para 500 pisos más. Por otro lado, el Govern confía en gestionar 1.100 viviendas de grandes propietarios, sean entidades financieras o particulares, alquilándolas o lográndolas en cesión.  

Las adquisiciones deben contribuir a paliar la lista de espera en las mesas de emergencias, donde se acumulan casos de particulares y familias en riesgo de quedarse sin techo, por imposibilidad de costearlo. Solo en Barcelona, se contabilizaban 664 expedientes en enero que figuraban aprobados pero pendientes de que las llaves de la vivienda se entreguen a los solicitantes. El retraso puede alargarse año y medio, si no más. 

Construcciones del Govern

Además, la Generalitat promete erigir 2.155 viviendas. En buena parte se han planificado a lo largo de los últimos años y se encuentran en diferentes fases para materializarse. La construcción de iniciativa pública no suele ser ágil: el Govern reconoce que promociones que empezaron a esbozarse en 2017 se hallan ahora a punto de empezar las obras. 

En todo caso, el grueso de las viviendas que espera movilizar pretende promoverlas a través del pago de auxilios a constructores para alzar bloques de protección oficial. Mediante subvenciones, el ejecutivo catalán confía en obtener 5.126 domicilios de arrendamiento reducido, más de la mitad de las que figuran en el programa para impulsar la vivienda social. A falta de dotar las partidas, la Generalitat se presta a financiar hasta el 20% de las edificaciones. 

Aparte, la administración catalana ofrecerá ceder suelo público a entidades del tercer sector o promotores para que levanten 1.062 domicilios de alquiler social. La condición será que la titularidad pase a manos de la Generalitat al cabo de 75 años.