El mapa del fraude laboral

La precariedad laboral está aumentando de la mano de la recuperación de la economía. Las formas de esa precariedad que sufren millones de trabajadores han ido mutando y adaptándose al marco normativo de cada momento buscando mecanismos para reducir los costes y ganar flexibilidad de adaptación de las empresas a los ciclos de la demanda.

La reforma laboral del 2012, junto con la reactivación de la actividad económica, han acentuado algunos de los problemas endémicos del mercado de trabajo y han creado nuevas fórmulas para abaratar los costes laborales en las empresas que han puesto en pie de guerra a los sindicatos y han obligado a la Administración a reforzar los controles de la inspección de Trabajo para destapar fraudes. 

El turismo es uno de los sectores más precariosturismo  y en los que los inspectores llevan a cabo peinados para cazar irregularidades por la elevada concentración de prácticas fraudulentas con, por ejemplo, las camareras de piso ('kellys'), pero no es, ni mucho menos, el único puesto que el mapa de la precariedad y de las malas praxis es muy extenso.

OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN

El departamento de Treball de la Generalitat identificaba como sectores con "más irregularidades y denuncias" los de hostelería, telefonía y las empresas cárnicas, en los que se lleva a cabo una actuación más intensiva de los inspectores y de los técnicos para aflorar situaciones fuera de la ley. 

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Los objetivos prioritarios de actuación son la lucha contra la cesión ilegal de trabajadores, el fraude en la contratación temporal y con ETT y las cadenas de subcontratación irregular. "El Govern de la Generalitat no permitirá que las empresas se lucren por medio de las modalidades fraudulentas que atentan contra los derechos de las personas, utilizando cadenas de subcontratación de manera irregular con la única intenciónde reducir costes laborales en detrimento de los derechos de los trabajadores", indicó el secretario general de Treball, Josep Ginesta, después de anunciar la intensificación de las actuaciones de la inspección. 

DETECCIÓN DEL FRAUDE

Entre enero y septiembre de este año, la inspección ha forzado la conversión de 5.424 contratos temporales fraudulentos en indefinidos, lo que supone un aumento del 89%. Además, 1.152 empleados han tenido una ampliación de su jornada laboral al descubrir los inspectores que su contrato a tiempo parcial era una farsa. Otros 6.918 trabajadores que se encontraban en la economía sumergida fueron dados de alta en la Seguridad Social. 

Además, se han registrado 778 infracciones en materia de control del tiempo de trabajo por falta de sistemas de marcaje, en cumplimiento de las últimas sentencias judiciales que obligan a las empresas a disponer de esos controles. En conjunto, las 38.620 actuaciones de la inspección de Trabajo acabaron con 7.802 infracciones, lo que supone un incremento del 4,4% en relación con los mismos meses del 2015. 

AUMENTO SOSPECHOSO DE AUTÓNOMOS

Entre las actuaciones más recientes de la inspección en esos sectores identificados como los más sospechosos se encuentra una investigación que acabó con una propuesta de sanción de 5,7 millones de euros a las empresas en la cadena de subcontratación de Telefónica en el área del servicio técnico. La protesta de esos trabajadores, con una larga huelga, desembocó en un movimiento social más amplio que recaudó fondos para una caja de resistencia de los afectados.

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Otra vía muy extendida para reducir costes en las empresas de forma fraudulenta consiste en la conversión de asalariados en falsos autónomos o en miembros de falsas cooperativas. Esa práctica denunciada por los sindicatos en empresas del sector cárnico llevó a la Generalitat a poner el objetivo en busca de prácticas irregularidades. Los datos mostraban un aumento irregular en la afiliación de autónomos en las comarcas con más peso de la industria cárnica que llegó al 165% en Osona desde 2008.  

La magnitud del problema llevó a la Generalitat a promover un acuerdo entre los sindicatos y las empresas para crear una mesa estable de concertación para poner freno a los fraudes sin poner en peligro las empresas afectadas.