La justicia vuelve a intervenir la fundación Cellex, piedra angular de la investigación biomédica

La jueza de Barcelona Myriam Linage ha devuelto este lunes la gestión de la fundación Cellex –piedra angular de la investigación biomédica de Catalunya, constituida por el industrial y mecenas catalán Pere Mir, fallecido en 2017– a la Dirección General de Entidades Jurídicas de la Conselleria de Justícia de la Generalitat, ante "el riesgo para la integridad del patrimonio que se pretende salvaguardar". De esta manera, la magistrada corrige un error procedimental que había detectado la Audiencia de Barcelona y que originó que se anulara la intervención judicial inicial (con el nombramiento de un administrador judicial) dictada el 14 de abril de 2025, nada más empezar la investigación por la presunta apropiación de fondos de la herencia de Pere Mir, en la que habrían participado los tres albaceas imputados: Jordi Segarra Pijuan (quien fue la mano derecha del mecenas); el abogado Juan Francisco Capellas Cabanes, y el médico e investigador Josep Tabernero Caturla (jefe de Oncología Médica del Hospital Vall d'Hebron y director del Vall d'Hebron Institut d'Oncología). Está previsto que estos encausados declaren esta semana.

La togada también ha acordado la intervención judicial de otra fundación, la Mir Puig, y de cuatro empresas: Simex, Mil Veinte, Sociedad Anónima de Intereses y Jose Pàmies SA. Estas sociedades están dedicadas a diferentes y amplias actividades: desde la gestión de inversiones individuales y colectivas hasta la inversión inmobiliaria o la importación de materias primas. La jueza, además, ha ratificado la decisión de prohibir la venta de seis inmuebles, entre ellos la finca en Vall d'Aran que recibió el médico y albacea Josep Tabernero, según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La magistrada confirma la justificación de esta medida y la intervención judicial y precisa, incluso, que han sido reforzadas por el resultado de las pesquisas. De esta forma, reitera que considera "suficientemente asentada" la existencia de indicios sobre la comisión de delitos, tales como administración desleal y apropiación indebida de unos 6,2 millones de euros. Los fondos deberían haber sido destinados a las fundaciones Cellex y Mir Puig.

Preservar la herencia

Según la resolución dictada este lunes por la que se decreta de nuevo la intervención judicial de Cellex y Mir Puig, en los más de ocho meses trascurridos desde que se inició la investigación, las defensas no han ofrecido contraargumentos que permitan reconsiderar las medidas adoptadas en abril de 2025. En este sentido, recalca que "ninguna circunstancia ha modificado aquella situación de riesgo" sobre el patrimonio de las fundaciones y empresas intervenidas, a la vez que agrega que no se puede admitir "como convincente que lo neutralice la simple afirmación de que los investigados no han llevado a cabo, aun pudiendo hacerlo, ningún acto dispositivo que pueda alterar" el patrimonio de Cellex desde abril del año pasado, cuando se dictó la primera intervención judicial. Al mismo tiempo, incide en que lo que se pretende preservar con esta medida es que los fondos de la herencia de Pere Mir vayan destinados a los verdaderos beneficiarios: las fundaciones Cellex y Mir Puig.

La jueza reitera en el auto las principales operaciones que se atribuyen a los tres principales imputados: Segarra, Capellas y Tabernero. Los Mossos y la jueza sitúan a Segarra en la mayoría de operaciones presuntamente irregulares, las cuales van desde transferencias de empresas asociadas a las fundaciones destinadas a su cuenta personal, "simulando" adelantos de nómina, hasta la concesión de tres préstamos en condiciones ventajosas (uno de 1,5 millones de euros), la realización de reintegros en efectivo realizados desde la cuenta de Núria Pàmies, la emisión de cheques cuando la mujer ya había fallecido y la utilización de fondos "para fines ajenos a la gestión" de un albacea, como efectuar transferencias a antiguos trabajadores del matrimonio, y a familiares de estos, con las que conseguiría ganarse su lealtad o su silencio".

La magistrada también cree sospechosa la donación de fincas y dinero por parte de la empresa Simex, administrada por Segarra, al médico José María Tabernero, uno de los tres albaceas de la herencia de Pere Mir, y a la esposa de este. El médico, asimismo, es apoderado de las sociedades ahora intervenidas.

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