Administración desleal
La jueza del caso Cellex investiga al menos 16 operaciones de los albaceas de Pere Mir
Entre las actuaciones detalladas en el auto figuran autopréstamos, transferencias sospechosas, donaciones, una nómina millonaria y la no inclusión en el inventario de la herencia de una colección de relojes y joyas
La jueza del caso Cellex cifra en 6,2 millones el perjuicio provocado por los albaceas de Pere Mir

El edificio Cellex, donde funciona el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO), es un centro de referencia en medicina personalizada en Oncología creado en 2006. / VHIO


J. G. Albalat
J. G. AlbalatRedactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Premio del Col.legi de l'Advocacia de Barcelona a la Trayectoria en el Periodismo del Sector Legal 2023. Colaborador de publicaciones jurídicas. Ha ejercido de profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
La jueza de Barcelona Myriam Linage Gómez, que investiga la presunta administración desleal de las fundaciones Cellex y Mir Puig, creadas por el empresario químico y mecenas Pere Mir, fallecido en 2017, describe en el auto por el que interviene dichas entidades hasta 16 operaciones presuntamente irregulares que habrían cometido los tres investigados, albaceas de la fortuna de Mir, Jordi Segarra Pijuan (quien fue la mano derecha de Mir), el abogado Juan Francisco Capellas Canes y el oncólogo Josep Tabernero Caturla (jefe de Oncología Médica del Hospital Vall d'Hebron y director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia). Segarra era el que ejecutaba los acuerdos testamentarios.
La resolución judicial, según las fuentes judiciales consultadas por EL PERIÓDICO, es un resumen de las pesquisas efectuadas por los Mossos d'Esquadra. Estas son algunas actuaciones que están en el punto de mira. Por ahora, los tres investigados no han dado su versión a la magistrada, que ha cifrado el perjuicio ocasionado en 6,2 millones de euros. euros.
Entre las operaciones investigadas por la jueza está la liquidación de la parte económica de una sentencia condenatoria por delito fiscal impuesta a Jordi Segarra, el principal investigado y que fue mano derecha de Pere Mir. Este desembolso se realizó, según los Mossos, con fondos de la sociedad Simex, una de las intervenidas judicialmente, de la que Segarra era administrador. La multa era de 206.718 euros.
La magistrada también indaga las "múltiples" transferencias realizadas desde la cuenta de la empresa Mil Vente, administrada por Segarra e intervenida también judicialmente, en lo que serían, a su entender, "operaciones de "préstamo simulado de adelantos de nómina". Dichas transferencias realizadas entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de enero de 2018 sumaron un total de 148.000 euros y fueron supuestamente utilizadas para cubrir "diferentes necesidades de liquidez personal". Parte de esa cantidad fue retornada por Segarra en 2018 tras recibir una donación de 2,5 millones de euros de una fundación.
El auto de la juez detalla también la existencia de un préstamo de 1,5 millones de euros concedido por Simex a Segarra "en condiciones muy ventajosas" para hacer frente al "pago de una liquidación" que la inspección de la Agencia Tributaria le impuso por el IRPF de los ejercicios del 2014 a 2017. Este préstamo no recoge interés alguno y amortiza su vencimiento en 2030 (cuando Segarra tenga 98 años). Se constituyó como garantía hipotecaria sobre la vivienda del mismo Segarra.
La magistrada recoge en la resolución otro préstamo de 500.000 euros a Segarra por parte de la sociedad Mil Veinte, administrada por él, con "condiciones muy ventajosas" y otro crédito por un millón de euros con origen en los fondos de la mercantil Sociedad Anónima de Interés, gestionada también por él.
Los Mossos han detectado una transferencia de 8.250 euros el 6 de enero de 2016 desde la cuenta de la empresa Mil Veinte a la cuenta de Segarra, que se justificó indicando en su concepto una regularización en la venta de unas fincas situadas en el paseo de Sant Joan de Barcelona, cuando estos inmuebles eran de de otra mercantil: Simex, de la que el investigado es el máximo responsable. Los fondos, según los investigadores, fueron a cubrir parte de un importante "descubierto" que Segarra mantenía en su cuenta personal.
La policía ha descubierto que se realizaron reintegros en efectivo desde la cuenta de Núria Pàmias, esposa de Pere Mir, o la emisión con cargo a ese mismo depósito bancario, tras el fallecimiento de la mujer, de cheques cobrados por Segarra, algunos de los cuales justificó contablemente al Protectorado de la Generalitat como "becas a terceros", cuando los fondos los había percibido él.
Otra de las presuntas irregularidades radica en la venta de una finca de la mercantil Sociedad Anónima de Intereses, también intervenida por la jueza, por un precio inferior al valor determinado por la Dirección General del Catastro. La finca, cuyo valor catastral era de 1,1 millones de euros, fue vendida por 670.000, una cifra 440.000 euros inferior. Además, los Mossos investigan una amortización de acciones por la que esposa de Pere Mir presuntamente percibió "una cantidad muy inferior" a la que debería haber recibido.
Una de las incógnitas que los investigadores pretenden esclarecer es dónde están las joyas y la colección de relojes del matrimonio de Pere Mir y Núria Pàmias. Estas alhajas no fueron incluidas en el inventario de la herencia que acabó recibiendo la fundación Cellex. Su valor sería de más de 2,1 millones de euros. Los Mossos y la jueza precisan: "Se desconoce su destino". La policía están indagando si las joyas incautadas a los albaceas imputados en las entradas y registros corresponden a las desaparecidas. Fuentes cercanas a los investigados aseguran que las piezas confiscadas son suyas.
Tras la muerte de Núria Pàmias y antes de que la fundación Cellex aceptase su herencia, Segarra, según la investigación, "utilizó fondos de dicha cuenta para fines ajenos a la gestión pertinente de un albacea". Así, realizó transferencias a antiguos trabajadores del matrimonio Mir- Pàmias y a familiares de estos con las que "conseguía ganarse su lealtad o su silencio".
La jueza considera sospechosa la donación de fincas y dinero por parte de la empresa Simex, administrada por Segarra, al médico José María Tabernero Caturla, uno de los tres albaceas de la herencia de Pere Mir, y a la esposa de este. Esta donación incluía una vivienda unifamiliar y dos plazas de aparcamiento situados en una "zona exclusiva" de la Vall d'Aran, en concreto en el término municipal de Salardú, unos bienes valorados fiscalmente en 642.000 euros, así como la entrega de 156.000 euros al facultativo y otros 156.000 a su esposa. En total: 954.000 euros, aunque los Mossos sostienen que el precio de mercado de la vivienda sería superior. Fuentes conocedoras de esta operación aseguran que Pere Mir le hizo esa donación de palabra.
Los Mossos también han desvelado una transferencia de 18.000 euros de Cellex a un antiguo trabajador del matrimonio Mir-Pàmias y un préstamo de 150.000 euros de la empresa Mil Vente, gestionada por Segarra, a una persona vinculada al mismo, "sin garantías reales" de cobro. Esta persona está relacionada como las fundaciones españolas creadas por Pere Mir.
Otro de los supuestos beneficios obtenidos por Segarra como consecuencia de "dilatar" la ejecución de las últimas voluntades de Núria Pàmias tras su fallecimiento "ha sido el cobro de nóminas como administrador de varias de la sociedades que debían ser liquidadas", expone la jueza. La magistrada subraya que después de la muerte de la esposa de Pere Mir, las "ganancias laborales" de Segarra "sufren un incremento destacado al obtener casi un 60% adicional del año 2018 al 2019". Y agrega: "El coste de sus nóminas para el patrimonio administrado es superior a los 1,1 millones de euros".
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