La fiscalía solicita a la jueza una nueva intervención de la fundación Cellex por riesgo de despatrimonialización

La Fiscalía de Barcelona ha solicitado a la jueza que investiga el caso Cellex por presunta administración desleal que ordene de nuevo la intervención judicial de esta fundación, creada por el industrial químico Pere Mir, fallecido en 2017, para apoyar la investigación científica. El ministerio público argumenta su solicitud en el riesgo de una posible descapitalización, según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. La magistrada, por su parte, ha vetado a la Generalitat para ejercer la acusación particular.

Esta nueva petición de fiscalía, representada por el fiscal Álvaro de Juan García, llega tras la decisión que tomó el pasado octubre la Audiencia de Barcelona, cuando estimó el recurso de los tres albaceas de la herencia de Pere Mir imputados y anuló la resolución de la jueza que ordenaba la intervención judicial de las fundaciones Cellex y Mir Puig. El tribunal no entró a valorar la cuestión de fondo –si hubo o no administración desleal–, pero constató que se había producido una "indefensión" por parte de la defensa de los acusados, ya que antes de declarar no habían tenido tiempo de examinar el procedimiento judicial.

Responsabilidades civiles

Para subsanar esta indefensión, este viernes se ha celebrado una vista en la que la fiscalía, al igual que las acusaciones particulares, han solicitado que se intervengan de nuevo las fundaciones Cellex y Mir Puig y se nombre como administrador al Protectorado de Fundaciones de Catalunya, dependiente de la Conselleria de Justícia. Además de reiterar que existen indicios de irregularidades –centradas en el presunto desvío de fondos para favorecer a los albaceas–, también han señalado al riesgo de despatrimonialización y a la necesidad de garantizar las posibles responsabilidades civiles (indemnizaciones) en caso de condena.

Asimismo, el fiscal ha reclamado la prohibición de disponer sobre varios inmuebles titularidad de los investigados, así como el depósito judicial y embargo preventivo de diversos objetos de valor, a fin de salvaguardar el patrimonio de las fundaciones y sociedades, y garantizar con ello la efectividad de la responsabilidad patrimonial que en su caso procediera exigir a los investigados.

Argumento de los imputados

La defensa de los tres albaceas investigados –Jordi Segarra Pijuan, quien fue la mano derecha del mecenas; el abogado Juan Francisco Capellas Cabanes y al médico e investigador Josep Tabernero Caturla, jefe de Oncología Médica del Hospital Vall d'Hebron y director del Vall d'Hebron Institut d'Oncología– se ha opuesto radicalmente a que se adopte de nuevo la intervención cautelar y ha presentado un estudio de Deloite sobre el caso y el funcionamiento de las entidades fundadas por Pere Mir.

En su informe, siempre según las fuentes consultadas, el abogado de los encausados, Jorge Navarro, ha reiterado que los albaceas en todo momento siguieron las instrucciones del empresario y mecenas fallecido. También ha defendido que las fundaciones panameñas tenedoras de las acciones de algunas de las empresas que también fueron intervenidas judicialmente no podían considerarse parte del patrimonio personal de Pere Mir porque sucede cuando él estaba vivo. En este sentido, el abogado de estas fundaciones panameñas ha recordado que se rigen por la legislación de ese país.

La jueza ha cifrado en 6,2 millones de euros el perjuicio por las presuntas operaciones irregulares, de los que 2,2 millones corresponden a la fundación Cellex, creada por este industrial químico para financiar la investigación científica. Según la magistrada, los albaceas investigados actuaron "en su propio interés" o de terceros y "han desviado o retenido bienes que deberían haber sido entregados a las fundaciones beneficiarias como herederas del patrimonio" del matrimonio de Pere Mir y Núria Pàmies, fallecida también en 2018. Los imputados siempre han negado las acusaciones y sostienen que han actuado conforme a la voluntad del empresario químico.

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