La jueza cita a declarar de nuevo como imputados a los albaceas del mecenas Pere Mir

La jueza de Barcelona Myriam Linage Gómez, que investiga la presunta administración desleal de las fundaciones Cellex y Mir Puig, creadas por el empresario químico Pere Mir, fallecido en 2017, ha citado para el próximo mes de enero a los cinco imputados en la causa –entre ellos los tres albaceas de la herencia: Jordi Segarra Pijuan (quien fue la mano derecha del mecenas), el abogado Juan Francisco Capellas Cabanes y al médico e investigador Josep Tabernero Caturla (jefe de Oncología Médica del Hospital Vall d'Hebron y director del Vall d'Hebron Institut d'Oncología). A ellos se sumarán el que fuera secretario de la primera de las entidades y una vocal de las mismas, según han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.

Segarra, Capellas y Tabernero se acogieron en un primer momento a su derecho a no declarar, pero después solicitaron acudir ante la jueza para dar sus explicaciones sobre las operaciones presuntamente irregulares que se les atribuye, tras haber estudiado su abogado, Jorge Navarro, la causa. Segarra comparecerá el 14 de enero, y Tabernero y Capellas, al día siguiente. Los otros dos imputados irán el 19 de enero. Ese mismo mes desfilarán ante la togada varios testigos, entre ellos Ángel Surroca –que ejerce la acusación y que fue directivo de una de las empresas de Pere Mir– y las sobrinas de la mujer del empresario químico, a las que se pagaron unas cantidades para, según los investigadores, conseguir "ganarse su lealtad o su silencio", aunque después dejaron de percibirlas.

La jueza ha cifrado en 6,2 millones de euros el perjuicio por las presuntas operaciones irregulares, de los que 2,2 millones corresponden a la fundación Cellex, creada por este industrial químico para financiar la investigación científica. Según la magistrada, los albaceas investigados actuaron "en su propio interés" o de terceros y "han desviado o retenido bienes que deberían haber sido entregados a las fundaciones beneficiarias como herederas del patrimonio" del matrimonio de Pere Mir y Núria Pàmies, fallecida también en 2018. Los imputados siempre han negado las acusaciones y sostienen que han actuado conforme a la voluntad del empresario químico.

Decidir de nuevo sobre la intervención

Por otra parte, la Audiencia de Barcelona ha estimado el recurso de los tres albaceas y ha anulado la resolución de la jueza que ordenaba la intervención judicial de las fundaciones Cellex y Mir Puig. El tribunal no ha entrado a valorar la cuestión de fondo –si hubo o no administración desleal–, pero ha constatado que se produjo una "indefensión" por parte de la defensa de los acusados, ya que no tuvieron tiempo de examinar el procedimiento antes de declarar ni de que se celebrase la vista para decidir sobre esa medida cautelar. Los magistrados han ordenado retrotraer las actuaciones con el fin de celebrar una nueva comparecencia en la que se expongan las razones para intervenir o no las fundaciones.

"Existió un acceso formal del expediente en un plazo realmente exiguo que supone en el fondo la inexistencia de un tiempo real para analizar la documentación adjunta a la causa y los archivos electrónicos, lo que supuso un vaciamiento del derecho de defensa hasta el punto de que su ejercicio y la posibilidad de contradicción en la comparecencia de medidas fue meramente formal, no real y efectivo", señala el auto de la Audiencia, adelantado por 'La Vanguardia' y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

1942 folios

El tribunal recuerda que el secreto de las actuaciones en este procedimiento se mantuvo del 20 de marzo de 2024 al 10 de abril de 2025 y, que justo al día siguiente, se tomó declaración a los tres investigados, además de decidir sobre las medidas cautelares, entre ellas la intervención de las fundaciones. Para la Audiencia de Barcelona, esta decisión se adoptó con una causa que, por entonces, "constaba de 1942 folios y varios soportes digitales".

Estos documentos se pusieron a disposición justo después de la declaración de los patronos, por lo que el tribunal remarca: "No podemos dejar de volver a precisar que el derecho de defensa no solo exigía la información sobre los hechos que son objeto de investigación, sino también el derecho de acceso a las actuaciones, al menos en lo esencial para poder articular una oposición eficaz".

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