A Torra solo le quedan los lazos

La polémica sobre la presencia de simbología partidista en edificios y espacios públicos empezó en las elecciones municipales de mayo de 2015, meses antes de las anunciadas plebiscitarias que, según Artur Mas, tenían que llevar a Catalunya a la independencia en 18 meses. El 'procés' estaba en plena ebullición. Fue Societat Civil Catalana quien entonces lideró la iniciativa de pedir la retirada de las 'estelades' (todavía no había lazos amarillos) en los balcones de los ayuntamientos, las rotondas u otros espacios de titularidad municipal. Logró que la Junta Electoral Central le diera la razón y, en 2016, una sentencia del Tribunal Supremo zanjó la cuestión, señalando que “las administraciones públicas están obligadas a ser neutrales siempre”. Afortunadamente, hoy esto parece una obviedad pero entonces no lo era tanto. Muchos voces acreditadas creían que se intentaba limitar la libertad de expresión sin darse cuenta de que este es un derecho que tienen los ciudadanos pero no los poderes públicos, que están obligados a ser políticamente neutrales. Valía la pena recordarlo porque no fue fácil ganar esa batalla en la opinión pública.

Por desgracia, con los lazos amarillos se ha vuelto a repetir la misma tendencia a instrumentalizar las instituciones, tanto por parte de los separatistas como de sus compañeros de viaje en la mentira de que en España hay “presos políticos”, como hace Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona. La alcaldesa retiró su pancarta al primer aviso de la Junta Electoral tras hacerse primero la despistada. Pero al otro lado de la plaza, Quim Torra se niega. Es lógico porque al 'president' ya solo le quedan los lazos. La república no existe ni se la espera. El independentismo está malherido, desorientado, el juicio al procés le está yendo mal por ahora, mientras el inquilino de la Generalitat sigue instalado en la ensoñación. Con su sueldo de 150.000 euros, llamativo de quien dice sentirse tan oprimido pero que gana el doble que el Presidente del Gobierno de España, puede pagarse la multa administrativa de hasta 3.000€. Tampoco le quita el sueño que dentro de un tiempo sea inhabilitado cuando con toda seguridad ya no sea 'president'. La patria catalana se lo recompensará con una jugosa jubilación, el derecho a una oficina de por vida, coche oficial y escolta.

Tras rechazar sus alegaciones, la Junta Electoral Central le ha dado otras 24 horas para retirar la simbología partidista de todos los edificios de la Generalitat, y advirtiéndole con un requerimiento de las consecuencias penales de la desobediencia. Es poco probable que se avenga a hacerlo porque a Torra ya solo le queda agarrarse a la causa de los presos con sus lazos amarillos. Escuchándole, parece deseoso de ser condenado en algún momento y formar parte del martirologio independentista. Tal vez así su presidencia haya tenido algún sentido. Entre tanto, el problema de la falta de neutralidad de las instituciones en Catalunya es real y por eso una serie de asociaciones constitucionalistas han iniciado una campaña (www.llocnetjocnet.org) para denunciarlo, animando a los ciudadanos a participar.