De la pancarta al aeropuerto, cambio de rasante en Catalunya

El curso político catalán comenzó con una pancarta que se llevó por delante al 'president' y alimentó el conflicto político entre Catalunya y el Estado. Diez meses después, ha acabado protagonizado por una inversión de 1.700 millones de euros en el aeropuerto de Barcelona fruto de un acuerdo entre la Generalitat y el Gobierno de Pedro Sánchez.

El cambio de rasante responde a un partido y un nombre: ERC y Pere Aragonès. El triunfo de los republicanos en la pugna entre independentistas, en unos comicios con una victoria del PSC, tiene una trascendencia histórica para esta formación, que no ostentaba la presidencia de Catalunya desde la etapa republicana. Pero, además, este cambio significa que el independentismo pactista, dialogante y que rechaza por ahora la unilateralidad es el que manda en las estrategias frente a la opción rupturista y frentista de los de Puigdemont, que siguen apostando por la confrontación.

El elemento en común de la anterior y la nueva etapa es el papel aritméticamente decisivo de la CUP en el Parlament. Sin los anticapitalistas, Aragonès carece de mayoría absoluta en la Cámara. De entrada, los 'cupaires' han dado un margen de maniobra por dos años al nuevo Govern. Eso también representa, en el complejo mundo de la CUP, un cambio respecto al pasado. Además, el nuevo 'president' cuenta con otros dos posibles aliados en el Parlament para tirar adelante determinadas políticas: el PSC y los 'comuns'. Los socialistas saben que ERC es decisiva para apuntalar la mayoría del Gobierno del PSOE, por lo que su actitud en Catalunya es de oposición constructiva. Otro tanto ocurre con los 'comuns', que incluso llegaron a negociar la investidura con Aragonès pero rechazaron participar en una operación que incluyera a JxCat.

De hecho, la nueva etapa podría haber sido todavía más rupturista respecto a los años de Govern de Torra y Puigdemont, pero ni ERC se mostró dispuesta a incluir al PSC en la operación ni los socialistas hubieran jugado a facilitar la investidura de Aragonès. Pero ello no excluye la idea de que al frente del Govern existe una clara voluntad de cambiar de ciclo.

Los indultos, punto de inflexión no definitivo

El cambio de rasante ha tenido en los indultos a los 'presos' independentistas su momento clave. Pese a que la mayoría de ellos han proclamado que mantienen intactas sus aspiraciones soberanistas y han evitado pedir perdón, y pese a que ERC y Junts sostienen que este ha sido un acto insuficiente dada la existencia de otras causas judiciales como la del Tribunal de Cuentas contra 34 excargos del Govern por supuestamente internacionalizar el 'procés' con dinero público, lo cierto es que la salida de la cárcel de los exdirigentes del Govern es el punto de partida que unos y otros se exigían para iniciar un proceso negociador y hacer posible que ERC siga apoyando al Gobierno en el Congreso, incluidos los Presupuestos del Estado.

Otro síntoma del cambio es que el PSC y el PSOE han evitado hacer sangre de la citada actuación del Tribunal de Cuentas y han optado por ponerse de perfil cuando el Govern ha activado avales públicos a los encausados mediante el Institut Català de Finances. En la comisión bilateral Estado-Generalitat del pasado 2 de agosto, aunque no se llegó a ningún gran acuerdo, ambos gobiernos apostaron por poner un calendario sobre la mesa para transferir becas y cercanías a Catalunya y tratar de desencallar conflictos que afectan al día a día de miles de ciudadanos en situación de necesidad, como el del choque entre el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Garantizada de Ciudadanía, o el del rechazo del Gobierno a la ley catalana que pone un límite a los precios de los alquileres en la mayoría de las grandes ciudades de la comunidad. Asuntos que no acostumbran a ser portada pero que tienen una gran trascendencia social.

Este cambio del independentismo mayoritario se ha percibido tanto en gestos simbólicos como en acuerdos concretos. Gestos como el apretón de manos de Aragonès y el rey Felipe VI en Barcelona con motivo de actos oficiales, o la decisión del Govern de volver a foros multilaterales como el consejo de política fiscal que convoca el Ministerio de Hacienda, al que acudió el 'conseller' Jaume Giró, nombre propuesto por JxCat. O la recuperación por parte de Aragonès del despacho presidencial que Torra dejó vacío como gesto en favor del que Junts llama "presidente legítimo", Carles Puigdemont.

Y en cuanto a los acuerdos, lo más significativo es el pacto por la ampliación del aeropuerto de Barcelona entre el Govern y el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Es un acuerdo sellado por el vicepresident, Jordi Puigneró, de JxCat, que ha mantenido un discurso muy crítico con el Estado respecto a la falta de avances en el autogobierno, al tiempo que ha aplaudido sin tapujos la inyección de 1.700 millones para ampliar el aeródromo. Una operación con apoyo empresarial pero con un amplio rechazo social incluso en las filas de Junts y ERC, así como en fuerzas como los 'comuns' y colectivos ecologistas.

El eje social

Lo que ha puesto sobre la mesa el pacto de El Prat es algo que inquieta a los estrategas de Junts: que el debate político se vuelve a centrar en las medidas de impacto social y económico, mientras el 'procés' vive un periodo que no prevé grandes cambios durante los próximos años pese a que el soberanismo hace bandera del 52% de votos que logró en los comicios de febrero.

Este cambio de prioridad en el mundo mediático y político incomoda a parte de Junts, donde conviven quienes asumen que deben centrarse en lograr una buena gestión en el Govern del que forman parte -dada la situación de crisis sanitaria y social que todavía vive Catalunya y el conjunto de Europa- frente a los que exigen presionar a Aragonès para forzar el conflicto con el Gobierno e ir preparando un nuevo "embate" para lograr la independencia de forma unilateral. Pero el 'president' ya se ha reunido con el presidente Pedro Sánchez para plantar como banderas de la negociación política la autodeterminación y la amnistía cara a la recuperación de la mesa de diálogo en septiembre. Banderas con las que trata de mantener aunados a sus socios de Junts y la CUP. Al menos durante dos años. Y mientras tanto, tratar de exhibir una recuperación del sentido institucional de la Generalitat y del Parlament. Es decir, en otras palabras, la recuperación de la "normalidad" tras el periodo de inestabilidad constante del 'president' Torra. Una normalidad basada en medidas sociales de impacto, como un propagandístico plan de choque social, y una gobernación ordenada que evite el ruido.

Aragonès ha apostado pues por una nueva etapa. En sus discursos de investidura -tuvo que pronunciar dos porque Junts llevó hasta el límite su pulso y no lo apoyó en el primer debate- no rindió pleitesía a sus antecesores sino que fijó la mirada en el futuro. Su éxito dependerá del fruto del diálogo con el Gobierno, que a su vez depende en buena parte de ERC en Madrid. Y dependerá también de la capacidad de cortapisas que puedan introducir Puigdemont y la CUP a este relato para reactivar al independentismo más radical en contra de este nuevo camino.

Dependerá, también y en última instancia, de si el Govern demuestra con hechos su apuesta por una gobernabilidad eficaz en los dos grandes desafíos que tiene ante sí: la pandemia todavía incontrolada y la débil recuperación económica.

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