Los 10 puntos básicos del acuerdo ERC-CUP para la investidura de Aragonès

Dos años de diálogo

ERC y la CUP han acordado dar un margen de dos años a la mesa de diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez para encarrilar una "salida política al conflicto catalán" y decidir, en la primera mitad de 2023, si vale la pena mantener la vía de la negociación o es momento de lanzar un "nuevo embate democrático por la autodeterminación, por la vía que el conjunto del independentismo valore como la más adecuada". El documento sugiere "priorizar la vía del referéndum", pero no la fija como compromiso ineludible. Sí plantea la creación de una "mesa de dirección estratégica" del independentismo que se encargaría de "preparar las condiciones" de dicho embate. Hasta esa primera mitad de 2023, los anticapitalistas se comprometen a "no basar el apoyo o la oposición al Govern" de Aragonès en función del devenir de la mesa de diálogo, en lo que supone un giro, al menos sobre el papel, en su estrategia de confrontación.

Puigdemont, relegado

Uno de los principales escollos de las negociaciones entre ERC y Junts para llegar a un acuerdo es qué órgano debe coordinar la estrategia del independentismo y el papel que debe tener el Consell per la República, que preside Carles Puigdemont. En este sentido, el preacuerdo subordina el Consell per la República a la nueva "mesa de coordinación estratégica", en la que estarían representados partidos y entidades. Aunque no especifica la función, el documento sitúa el Consell del 'expresident' al mismo nivel que la Assemblea de Càrrecs Electes, en la que sí participan ERC y la CUP: "En esa mesa deberá acordarse cómo se establece la coordinación entre todos los espacios existentes y se deberán habilitar los grupos de trabajo necesarios". Un criterio que podría levantar ampollas en JxCat.

Nuevo protocolo de desahucios

El pacto ERC-CUP contempla modificar el protocolo de lanzamientos judiciales y la no intervención de las brigadas de antidisturbios de los Mossos d'Esquadra en desahucios de familias y personas vulnerables. El documento también pide simplificar los procesos: ampliar los plazos para elaborar el informe-evaluación de los servicios sociales previo al desahucio y "suspender los desahucios hasta que no se garantice el derecho a la vivienda a través del parque público". También en materia de vivienda, estudian aprobar una ley catalana de alquileres que prolongue la duración de los contratos, establezca prórrogas automáticas y reconozca a las organizaciones sociales que defienden los derechos de los inquilinos.

Renta básica y banca pública

ERC y CUP se comprometen a implementar, "a corto plazo", una banca pública catalana a través del Institut Català de Finances (ICF) y, a medio plazo, una renta básica universal para las franjas de edad más vulnerables. El despliegue de esta renta básica contempla tres fases: en 2021 se estudiarán las opciones de aplicación de esta medida para "alguna o algunas franjas de edad"; en 2022, los partidos se comprometen a impulsar las reformas legales necesarias para poder implantarla; y en 2023 se evaluaría el impacto y funcionamiento de la medida y se plantearían propuestas para ampliarla "si es necesario".

Sin balas de foam ni acusaciones a manifestantes

Ambas formaciones acuerdan crear una comisión parlamentaria sobre el modelo policial catalán, "fundamentada en los principios de transparencia, democratización, detención de cualquier tipo de abuso policial así como control público, independiente y democrático de los cuerpos policiales". Mientras tanto, el documento recoge también el compromiso de suspender el uso de los proyectiles de foam "hasta que no sea público" su protocolo, que ambos partidos exigirán que se cumpla "de forma estricta", sin vulneración de derechos fundamentales. Asimismo, ERC y CUP han pactado retirar las acusaciones particulares contra participantes en manifestaciones, salvo en aquellos casos en los que los agentes de policía hayan resultado heridos y tengan lesiones "acreditadas con certificado médico".

Plan de rescate social

El preacuerdo prevé desplegar un "plan de rescate social y garantizar derechos y cohesión social", lo que incluye un aumento de recursos para reducir ratios en la educación primaria y secundaria, y la estabilización de la plantilla educativa a través de convocatorias. En el ámbito de la salud, se estudiará la mejora de las condiciones laborales y retributivas de los profesionales del ámbito sanitario y eliminar progresivamente "las diferencias en las condiciones laborales entre trabajadores que realizan el mismo trabajo pero para distintos prestadores".

Presupuestos y cuestión de confianza

El punto más llamativo del preacuerdo es el que compromete a los anticapitalistas a facilitar la aprobación de los próximos presupuestos de la Generalitat. En concreto, la CUP está dispuesta a "facilitar la gobernabilidad" y garantizar la "estabilidad presupuestaria" si se cumplen los compromisos suscritos por ambas formaciones, mientras que Aragonès, si es investido presidente de la Generalitat, se someterá a una cuestión de confianza "antes de acabar la primera mitad de 2023". Sería el ecuador de la legislatura y coincidiría con el fin del plazo dado a la mesa de diálogo con el Estado. La eventual entrada de la CUP en el Govern no se concreta como compromiso, aunque se deja una puerta abierta "en función del nivel de acuerdo y entendimiento".

Combate del racismo

El documento incluye la modificación de la renta garantizada de ciudadanía, complementos de vivienda y abordar la pobreza infantil, así como exigir al Gobierno central el permiso de residencia con permiso de trabajo para jóvenes migrados extutelados para su inserción. En relación con este último punto, también se acuerda combatir "todas las ideologías que promueven el odio, el racismo y la discriminación" con un plan integral contra el racismo, la xenofobia, el antigitanismo, la islamofobia y cualquier otra forma de discriminación étnico-racial.

Blindaje del Parlament

ERC y la CUP prevén reformar el reglamento del Parlament para "garantizar su soberanía", el "blindaje de los derechos materiales, civiles y políticos" de los diputados y ser un "muro contra el fascismo", unos objetivos que, a priori, comparte JxCat. El propósito de esta modificación sería intentar asegurar que la Cámara catalana tenga la última palabra en caso de inhabilitaciones, procesamientos o condenas judiciales de diputados, ya sean relacionadas con el proceso independentista o la que mantiene imputada por cuatro presuntos delitos de corrupción a la propia presidenta del Parlament, Laura Borràs.

Giro a la izquierda

El encaje más complejo con Junts podría residir en aquellos compromisos programáticos que suponen dar un giro a la izquierda en políticas sociales y económicas. Se trataría de la mencionada renta básica universal, el plan de rescate social, las medidas sobre vivienda y salud, un plan de estabilización de los 90.000 interinos y temporales del sector público catalán, el proyecto de banca pública, el objetivo de remunicipalización del agua y la gestión de fondos europeos.