ERC y CUP dan dos años de plazo a la mesa de diálogo

El preacuerdo entre Esquerra y la CUP para que Pere Aragonès sea investido 'president' de la Generalitat da dos años de margen a la mesa de diálogo con el Gobierno, el tiempo que queda hasta que la legislatura de Pedro Sánchez se agote.

La CUP da aire a los republicanos y “desde la crítica y el escepticismo” se compromete a dar un cierto margen de tiempo a la mesa de diálogo “y no basará su apoyo o oposición al Govern en función de la existencia de este órgano”. Esquerra, en cambio, apuesta por “explorar al máximo el proceso de negociación con el Estado” pero a la vez se compromete a no dilatarlo “innecesariamente”.

Los dos partidos acuerdan que los avances de esta mesa de diálogo (a su juicio sólo pueden ser autodeterminación y amnistía) se sometan a una rendición de cuentas periódica y que durante la primera mitad del 2023, el independentismo evalúe si el proceso de negociación ha dado sus frutos para decidir los próximos pasos a seguir, incluida la eventual finalización de esta negociación, “partiendo del objetivo de implementar y hacer efectivo el consenso que se alcance en el espacio del consenso estratégico del independentismo”.

Si la mesa de diálogo no ofreciera garantías para un nuevo referéndum, ERC y la CUP se comprometen a “generar las condiciones y los acuerdos necesarios" para plantear "un nuevo embate democrático, durante esta legislatura, por la vía que el conjunto del independentismo valore como la más adecuada”. 

Independientemente del resultado de las negociaciones y la configuración del futuro Govern, se comprometen a trabajar juntos en una “mesa de dirección estratégica” en la que invitan a los partidos y entidades independentistas para “preparar las condiciones para un nuevo embate democrático con el Estado”. Es aquí donde pretenden dilucidar qué papel tiene cada organismo creado después del 2017, como el Consell per la República y la Assemblea d’Electes, y coordinarlos. 

Planes de futuro

Las coincidencias entre Esquerra y la CUP quedan sobre papel en el preacuerdo alcanzado tras las elecciones del 14-F que se someterá a votación de las bases anticapitapitalistas el miércoles. “La perspectiva de una colación política entre las dos fuerzas es no sólo deseable sino posible, más allá de cuál sea el grado y la forma de esta colaboración”, apuntan en el texto. Tienen planes de futuro y se emplazan a ser socios estables durante toda la legislatura “más allá de las disensiones coyunturales que puedan tener”. 

Dibujan la 13ª legislatura en dos fases. La primera, de “acumulación de fuerzas” y la segunda de “confrontación democrática”. ¿En qué ámbitos? En vivienda, derechos de la ciudadanía, derechos y libertades, suministros, antifascismo y ecologismo. Y con la apuesta de “superar el terreno simbólico y avanzar en los hechos”. La CUP está dispuesta a "facilitar la gobernabilidad" y garantizar la "estabilidad presupuestaria" si se cumplen los compromisos suscritos por ambas formaciones, mientras que Aragonès, si es investido presidente de la Generalitat, se someterá a una cuestión de confianza "antes de acabar la primera mitad de 2023". Sería el ecuador de la legislatura y coincidiría con el fin del plazo dado a la mesa de diálogo con el Estado.

En materia social, acuerdan la implementación de una banca pública catalana "a corto plazo" en esta legislatura a través del Institut Català de Finances (ICF) y desarrollar una renta básica universal para las franjas de edad más vulnerables. Entre otras iniciativas, hay la de facilitar la remunicipalización del agua, crear una eléctrica pública y una Conselleria d'Acció pel Clima.

ERC y la CUP también acuerdan generar un grupo de trabajo “de carácter juridicopolítico” de seguimiento y propuesta de concreción de las líneas trazadas hasta ahora. En este ente se tratará “cómo se evitan las consecuencias sobre los y trabajadores de la administración y también la represión que se derive de esta acción política”. 

También acuerdan que la Mesa del Parlament garantice “los derechos materiales, civiles y políticos pese a las consecuencias que pueda acarrear” y se encomiendan reformar el reglamento de la Cámara catalana para blindar a las que pudieran resultar investigados por el ‘procés’ y para contener a la ultraderecha de Vox.