El Parlament puede blindar el escaño de Borràs si se abre juicio contra ella

Como es conocido, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, está siendo investigada por corrupción en relación a su gestión al frente de la Institució de les Lletres catalanes. Cuando estas pesquisas lleguen al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, se abrirá un proceso que puede desembocar en la apertura de juicio oral. En ese momento, el reglamento del Parlament prevé la posible suspensión de Borràs como diputada. Pero, según fuentes jurídicas, esta posibilidad es más que remota y no haría falta lo que Borràs ha propuesto: reformar el reglamento de la Cámara para blindarse aún más. Frente a esta opción, Ciutadans ha contraatacado presentando ya una iniciativa parlamentaria para evitar esta reforma del reglamento, aduciendo que la nueva presidenta de la Cámara pretende "evitar sus responsabilidades como política".

Precedentes legales favorables a Borràs

El actual reglamento del Parlament establece que, en casos de una acusación por delitos de corrupción, la Mesa del Parlament "ha de acordar la suspensión" del diputado afectado "de manera inmediata" cuando se abra juicio oral. Pero añade enseguida que "si se plantean dudas sobre el tipo de delito o sobre el régimen de incompatibilidades aplicable", será necesario un dictamen previo de la Comisión del Estatuto de los Diputados. Ese concepto de las "dudas" abre ya una puerta a que la decisión sea otra distinta de la suspensión. De hecho, según el entorno de Borràs, esa posible suspensión "inmediata" es "un disparate jurídico contrario a la jurisprudencia de Estrasburgo, a la Comisión de Venecia y a la jurisdicción internacional". Una suspensión, por cierto, apoyada en su día por JxCat.

La CUP tendría la última palabra sobre la suspensión de Borràs en una votación de la Mesa o del pleno

Un informe de los servicios jurídicos de julio de 2018, referido a la decisión del Tribunal Supremo de suspender como diputados a los líderes del 'procés' en el extranjero o en la cárcel, advierte de que "la tramitación de un proceso judicial no impide, con carácter general, que un parlamentario a quien se atribuye la comisión de un delito de los denominados genéricamente de corrupción siga ejerciendo su cargo público hasta que no se dicte sentencia de condena firme y se ejecute".

Además, respecto al concepto 'corrupción', el documento delimita que debe tratarse de casos relacionados con "soborno activo y pasivo" o "tráfico de influencias", pero no con "la desviación o cambio de finalidad desleal de los caudales públicos". También se recuerda que, con carácter general, la ley de enjuiciamiento criminal prevé la privación de libertad en caso de sentencia firme.

El informe abre otra vía: una posible sustitución temporal del diputado o diputada que finalmente fuera suspendido, y que este pudiera volver a sus funciones si el procedimiento judicial acaba favorablemente para sus intereses. A todo ello, los juristas recuerdan que antes de una posible suspensión la Comisión del Estatuto de los Diputados debe emitir un dictamen tras el cual el pleno debería decidir por mayoría absoluta la suspensión.

La CUP y la desconexión

La posibilidad de suspender a un parlamentario al que se abra juicio por corrupción es una novedad introducida en el Parlament en 2017 a instancias de la CUP cuando JxCat y ERC abrieron el melón de la reforma de las normas parlamentarias para poder introducir las llamadas leyes de desconexión (la del referéndum y la de transitoriedad jurídica) por lectura única para evitar que la maniobra fuera recurrida. Los 'cupaires' exigieron, a cambio de apoyar esta polémica actuación, introducir cuestiones relativas a la corrupción, incluida la insólita introducción de un "mecanismo catalán de prevención y lucha contra la corrupción y el fraude".

Ahora es cuando Laura Borràs, su entorno, y los informes jurídicos constatan como ese precepto reglamentario no será un escollo definitivo para que ella siga como parlamentaria cuando previsiblemente se le abra juicio. Curiosamente sería de nuevo la CUP la decisiva para que existiera o no una mayoría en la Mesa a favor de la suspensión de Borràs, o una mayoría absoluta de diputados si se produce una votación en el pleno.

Suscríbete para seguir leyendo