Los letrados del Parlament avalan la suspensión de los diputados

Acatar, pero no desobedecer. El documento sellado por el nuevo letrado del Parlament, Joan Ridao, avala la solución propuesta por el magistrado del Tribunal Supremo: la sustitución temporal de los parlamentarios procesados. Defiende que para garantizar el voto de los diputados suspendidos -el 'expresident' Carles Puigdemont, los'exconsellers' Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, y el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez-, estos pueden ser reemplazados de forma temporal por diputados del mismo grupo parlamentario. La solución cumpliría las premisas del presidente Torrent, que este mismo lunes había dejado claro que no permitiría que ningún diputado se viera obligado a dejar el acta ni que se alteraran mayorías en el hemiciclo.

Los letrados de la Cámara proponen que un diputado de la Cámara asuma "simultáneamente la condición de sustituto de otro diputado suspendido de su mismo grupo parlamentario". Es decir, un relevo provisional que permitiría "que el diputado suspendido ejerciera su derecho de voto, así como suscribir las iniciativas parlamentarias pertinentes".

El informe posibilitaría, pues, que los cinco parlamentarios suspendidos mantuviesen sus actas; que no se alterasen las mayorías existentes en la Cámara, y garantizaría la efectividad real de los acuerdos que se tomen en el pleno.

Medida transitoria

El informe expresa sus dudas sobre el hecho de que el artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal pueda aplicarse en el caso de los diputados suspendidos, al considerar que la doctrina señala que esta medida afecta a "las personas vinculadas a grupos terroristas". Por eso propone una fórmula de sustitución por parte de un diputado del mismo grupo parlamentario (transitoriamente, a la espera de un cambio del reglamento que prevea una sustitución temporal con un nuevo diputado).

Esta solución no excluiría que las defensas de los diputados afectados, que son las partes legitimadas, presenten un recurso contra la aplicación de la citada ley, tal como ya han hecho. El informe presentado, además, concluye que corresponde a la Mesa "la adopción de los acuerdos pertinentes, en cuanto órgano facultado para resolver las dudas o lagunas reglamentarias".